
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció el sobrecumplimiento de la meta de reducción del déficit primario en 2017. Éste se redujo a 3,9% del PBI, tres décimas menos del rojo previsto en 4,2% en el Presupuesto, y siete décimas menos que el desequilibrio primario de 4,6% del PBI de 2016.
Sin embargo, cuando se amplía el cálculo al resultado financiero, que contabiliza los vencimientos de deuda, el déficit publico cerró el año en 6,1% del PBI, dos décimas más que el 5,9% de 2016 y similar al de los últimos años de gestión de Cristina Kirchner.
Por primera vez desde 2004, los ingresos anuales crecieron más que los gastos
"Desde el Palacio de Hacienda sólo se están enfocando en acotar el rojo primario; sin embargo, los intereses de la deuda se encuentran en constante crecimiento: saltaron 0,6 puntos porcentuales del PBI en el último año, al pasar de 1,6% en 2016 a 2,2% en 2017", advirtieron desde Ecolatina.
Según las proyecciones oficiales, en 2019 los compromisos de deuda seguirán creciendo y significarán el 2,7% del PBI, por encima del déficit primario esperado, de 2,2% del PBI el año que viene.
"De cara al futuro, deberían fijarse también pautas explícitas para este resultado; de lo contrario, comenzarán a abrirse interrogantes acerca de la sustentabilidad del presente esquema de endeudamiento", añadió el reporte de Ecolatina.

Un análisis de IDESA (Instituto para el Desarrollo Social Argentino), puntualizó que el aumento del déficit es "explicado en su totalidad por el incremento en el pago de intereses de deuda". Precisó que "querer controlar la inflación vía más deuda pública –para contener la emisión monetaria– es regresivo porque no reduce la inflación y asigna una masa creciente de fondos públicos a pagar más intereses de deuda que, en general, benefician a las personas de altos ingresos".
El rojo fiscal primario registrado a lo largo de 2017 fue de unos $404.142 millones, que obligó a la emisión de deuda, principalmente en el exterior, por parte del Ministerio de Finanzas que conduce Luis Caputo, y a acudir a transferencias del Banco Central.
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Un argumento a favor de la administración central fue el "esfuerzo fiscal" equivalente al 1,7% del PBI para bajar el rojo presupuestario, ante la ausencia de los fondos del blanqueo -que mejoraron las cuentas en el cierre de 2016- y la necesidad de cubrir la devolución del 15% de recursos coparticipables a las provincias y reducir la deuda flotante. En ese sentido, el gasto consolidado de Nación y provincias mostró una caída de 1,1 punto porcentual respecto del PBI por primera vez desde 1991.
Dujovne destacó que por primera vez desde 2004, los ingresos crecieron más que los gastos a lo largo de todo un año: mientras que los recursos que ingresaron a las arcas públicas se expandieron un 22,6%, los egresos avanzaron un 21,8 por ciento. Esto significó un ajuste: con una inflación de 24,8% el año pasado, según el INDEC, el gasto del Gobierno nacional cayó 3% en términos reales.
INELASTICIDAD DEL GASTO
El economista Carlos Melconian apuntó que la disminución del gasto público se complica debido a la continuidad de una inflación alta y por encima de las previsiones oficiales, pues la mayoría de las obligaciones del Estado son en salarios del sector público, jubilaciones, pensiones, asignaciones y otros programas sociales, cuya evolución replica la del aumento general de precios.
"La nominalidad es un tema muy relevante. El gasto primario total sube $430.000 millones en 2017 respecto de 2016. Y $417.000 millones de ese total están casi atados a la inflación, porque son gastos sociales, jubilados, salarios", dijo Melconian a radio Mitre. "El problema que tiene es que si tiene el gasto público atado a inflación sigue dando '0 a 0' esto", graficó.
En 2017 el gasto del Gobierno nacional cayó 3% en términos reales
IDESA coincide con esta percepción de un núcleo duro de déficit que no cede lo suficiente: "Lo que el Estado nacional se ahorró con la reducción de los subsidios a la energía fue utilizado para aumentar el gasto en otros rubros. Particularmente importante es el incremento en subsidios al transporte y en programas nacionales que se superponen con funciones y responsabilidades provinciales y municipales".
"Si a esto se suma la expansión de los gastos de la ANSeS, se explica que la persistencia de la inflación no solo responde a la actualización de tarifas asociada a la reducción de subsidios a la energía sino a la perseverancia del elevado déficit fiscal", agregó IDESA.
El ministro Dujovne indicó que los gastos primarios alcanzaron en 2017 los 2,4 billones (millones de millones) de pesos, con un crecimiento del 22% respecto de 2016. Pero casi 7 de cada 10 pesos con los que contó para administrar el Gobierno en 2017 se destinaron a sueldos, haberes previsionales, asignaciones y otros programas sociales, que componen el 68,18% del gasto primario.
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En 2017, de los $2,4 billones de gasto, unos $922.141 millones correspondió al pago de jubilaciones y pensiones; otros $141.555 millones, a asignaciones familiares y por hijo, y $240.829 millones fueron a otros programas y prestaciones. La masa salarial del sector público, en tanto, significó $333.193 millones el año pasado e incluyó tanto a cargos políticos como trabajadores del Estado.
"Urge abordar una reforma previsional integral y un ordenamiento de las acciones que desarrolla la ANSeS. El 38% del gasto primario nacional son jubilaciones y su crecimiento en el 2017 representó el 62% del crecimiento del gasto total. Esta dinámica previsional es el principal factor desestabilizador de las finanzas públicas", consignó el estudio de IDESA.
El paper del instituto que dirige Jorge Colina consideró que "la revisión de la fórmula de movilidad atacó uno de los problemas, pero queda pendiente revisar muchas otras inconsistencias. Por ejemplo, la duplicación de cobertura que genera la regla de pensiones y la proliferación de regímenes especiales y diferenciales que dan injustificadamente jubilaciones tempranas y/o haberes más elevados a determinados colectivos de personas".
CÓMO LLEGAR A LA META EN 2018
El Gobierno tiene como objetivo, reducir el déficit fiscal en 0,7 puntos porcentuales para el año 2018, es decir a 3,2% del PBI. Nicolás Dujovne ratificó la meta y aclaró que el Gobierno hará "todo lo posible" para volver a lograr un sobrecumplimiento, es decir, bajar el rojo más rápido.
"Para ello, se propone disminuir en un punto porcentual los subsidios económicos, negociar paritarias cercanas al 15% y mantener en términos del PBI el gasto de capital apostando a las inversiones del sector privado, principalmente vía el esquema de participación público-privada", refirió Ecolatina.
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"Sin embargo, en el último tiempo, se fueron llevando a cabo distintos cambios en materia fiscal: la reforma tributaria, previsional y el pacto fiscal. Estas medidas buscan apuntalar diversos frentes: darle un nuevo ordenamiento al federalismo fiscal; generar una mayor competitividad no cambiaria; lograr un ahorro previsional", describió Ecolatina.
IDESA también apela a ese criterio federal para ordenar las cuentas públicas y administrar los recurso de manera más eficiente: "El grueso de los subsidios no energéticos en su mayoría va al transporte, los cuales tienen como principal finalidad subsidiar a la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. El mismo tipo de desvío subyace en los programas nacionales superpuestos con funciones de las provincias y los municipios. Esto demuestra que se pueden ahorrar recursos a partir de que la Nación abandone la histórica práctica de querer suplantar funciones provinciales y municipales".
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