El Gobierno avanza en la reducción de los costos portuarios con la primera audiencia pública

Se celebró hoy la primera audiencia pública en 25 años para fijar una tarifa máxima en el servicio de practicaje, que es uno de los costos logísticos que paga el productor cada vez que saca y trae sus productos de los puertos y que los traslada por los ríos argentinos.

Con el apoyo de los gobiernos provinciales de Tierra del Fuego, Chubut, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones, el Gobierno nacional presentó su propuesta para fijar un límite a la tarifa que se encuentra inobservada desde 1992.

El Teatro de la Ribera, en el barrio de La Boca de la Ciudad de Buenos Aires, fue nuevamente escenario de una audiencia pública del Ministerio de Transporte. Esta vez, para bajar en un 30% las tarifas del servicio de practicaje, cuya autoridad de aplicación es la Subsecretaría de Puertos y Vias Navegables, y que comprende un servicio obligatorio en los principales puertos del país, público y fundamental para la seguridad de la navegación.

La apertura estuvo a cargo del Ministerio de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich. Participaron casi 50 oradores, entre ellos representantes de las administraciones de seis provincias a favor de limitar el costo del servicio para fomentar la competitividad de las economías regionales.

"Desde el primer día definimos con el Presidente el espacio estratégico que tiene el sector de los puertos y las vías navegables para el desarrollo del país. Durante muchos años fue abandonado, desatendido. Ya no más. Queremos nuevas reglas claras, que aseguren la competitividad de un servicio que es fundamental para la seguridad de la navegación. Una Argentina competitiva, es una argentina que crece y es el único camino posible hacia la pobreza cero", dijo Dietrich.

Jorge Metz, subsecretario de Puertos y Vias Navegables del Ministerio destacó que la medida "impactará positivamente en la actividad productiva, sobre todo en lo que tiene que ver con los traslados dentro de los límites de nuestro país".

Hasta 1991 la retribución por los servicios de practicaje se regía por un cuadro tarifario fijado por el Estado, pero entonces fue desregulado y se permitió la libre contratación entre privados, reservándose al Estado la facultad de imponer tarifas máximas, lo que se hizo por última vez en 1992.

Según los funcionarios, "hoy la tarifa se encuentra desactualizada e inobservada por lo que existe una marcada discrecionalidad y dispersión según las distintas zonas en las que se cobra, no existe oferta competitiva" y el mercado está cerrado a la entrada de nuevos actores; todo esto incide directamente en el costo logístico argentino.

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