El intendente acusado de abuso sexual apuesta a su alianza con el "clan Loffler" para sortear las denuncias

Gustavo Melella, intendente de Río Grande, al presentarse en los Tribunales.

Luego de las denuncias por presuntos acoso y abuso sexual reveladas por Infobae hace dos semanas, el intendente de Río Grande, Gustavo Melella, apuesta a blindarse políticamente a partir de una alianza con el "clan Loffler", una familia tradicional de esa ciudad que lidera un sector del Movimiento Popular Fueguino (Mopof) y tiene fuerte injerencia en todos los poderes, especialmente en la Justicia, donde ahora se debate la suerte del jefe comunal.

Hasta que se conocieron las tres denuncias judiciales de obreros de la construcción en su contra, Melella se encaminaba a lanzarse como candidato a gobernador para enfrentar a la actual mandataria, Rosana Bertone, que aspira a la reelección.

"Los Loffler" son cinco hermanos, pero los que más se destacan en el ámbito público son Ernesto "Nené" Loffler, integrante de la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones de Río Grande, y Damián "Loli" Loffler, legislador provincial desde hace 20 años. "Ernesto es el intelectual de la familia, el más pensante, Damián es el que ejecuta", grafica un dirigente local que prefiere hablar en off the record.

El padre de los Loffler, Julio Ernesto, murió en un accidente aéreo en mayo de 1984, cuando viajaba a bordo del avión de la gobernación de Tierra del Fuego junto al entonces gobernador, Ramón Trejo Noel, y parte de su gabinete. En el accidente murieron 12 personas. Loffler padre era legislador en ese entonces.

De larga data en Tierra del Fuego, "Loli" Loffler es el referente del Mopof de Río Grande. "Va por su quinto mandato consecutivo, tiene mucho poder como legislador; ubicó gente en todos lados", señala un empresario local. El Mopof jugó con el Frente Renovador, de Sergio Massa, en las elecciones de 2015, y apoyó para gobernador al radical Federico Sciurano, dos veces intendente de Ushuaia.

En la actualidad, "Loli" Loffler está enfrentado a la gobernadora Bertone, alineada con el PJ. Algo similar ocurre con el intendente de Río Grande. De hecho, su primera reacción antes las denuncias judiciales fue apuntarle a Bertone. "En el enfrentamiento de los Loffler con Bertone, Melella es un ariete", analiza un conocedor de la política local.

Melella es un ex radical devenido en kirchnerista, que fue reelecto en la intendencia en 2015 por Concertación FORJA. El periodista y corresponsal de la agencia Télam en Ushuaia, Gabriel Ramonet, y autor del libro Justicia Adicta. Breve historia del Poder Judicial en Tierra del Fuego, analiza: "Ante la alianza de Bertone con el intendente de Ushuaia, (Walter) Vuoto, que es de La Cámpora, Melella buscó una alianza con la otra fuerza que tiene peso en la provincia, el Mopof, que representa a la burguesía fueguina".

Consultado por Infobae, "Loli" Loffler consideró "muy prematuro hablar de candidaturas a esta altura". Dijo desconocer "si el Mopof cerrará un acuerdo con Melella" y aclaró que "la política de alianzas la deberá resolver la convención del partido". Sin embargo, hizo explícitas sus críticas a Bertone: "La gobernadora no ha sabido negociar cosas importantes para nuestra industria, y hoy Tierra del Fuego no está bien".

En relación a las acusaciones contra Melella por acoso y abuso sexual, se mostró preocupado "como cualquier vecino de Río Grande", pero advirtió que "ahora es la Justicia la que debe resolver".

Los hilos de la Justicia local

La Justicia es el ámbito donde se mueve, desde hace más de una década, su hermano Ernesto Loffler, el camarista de la familia. En Tierra del Fuego nadie desconoce que maneja un sector de la Justicia de Río Grande. Tras haber pasado por el Liceo Militar General Roca y estrechar lazos con el pinochetismo latinoamericano – quienes lo conocieron en su juventud, aseguran que en su living tenía una foto con Pinochet- , "Nené" Loffler se recibió de abogado en la UBA en 1990.

El camarista Ernesto "Nené" Loffler en sus años de cadete del Liceo Militar.

Sus comienzos están asociados a la política. Fue electo concejal en 1995, y luego diputado nacional entre 1997 y 2001. En ese entonces, estuvo imputado en el escándalo de la firma Hidrocarburos Fueguinos SA, la fallida destilería de petróleo que quiso instalar el Mopof cuando fue gobierno en los 90. Este expediente llegó a la Corte Suprema y finalmente prescribió.

En 2005, saltó al Poder Judicial, al ser designado camarista por el Consejo de la Magistratura. Su nombramiento estuvo rodeado de polémica, ya que desplazó a la que era una de las candidatas con más chances, la jueza de Río Grande Silvia Herraez. Para acceder al puesto, debió sortear una cautelar presentada por el abogado Carlos Andino, marido de Herraez, en representación de cuatro impugnantes.

Sin embargo, varios le reconocen "solvencia desde lo jurídico" y todos coinciden en sus aspiraciones para llegar al Supremo Tribunal de Justicia de la provincia, un puesto para el que se requiere contar con el favor del gobernador de turno.

Hace una semana, Francisco Giménez – abogado de los denunciantes y a quien en el entorno de Melella identifican con Bertone- publicó en Twitter: "Reunión de magistrados: un Camarista Civil, dos jueces de instrucción, un fiscal y un secretario. La orden: salvar a Melella. El pelirrojo presente en la reunión les dio mala suerte. Se filtró día hora y lugar".

Ante la consulta de Infobae, Giménez prefirió no hacer comentarios sobre Loffler, pero afirmó: "Esa reunión existió y no puedo dar los nombres". La deducción no es difícil si se tiene en cuenta que en Río Grande hay tres camaristas civiles y solo uno al que le asignan "manejar los hilos en la Justicia local"; dos jueces de Instrucción, Raúl Sahade y Daniel Cesari Hernández; y un fiscal que desestimó las denuncias de dos de las presuntas víctimas de Melella.

Sahade es el juez que lleva la causa donde Damián Rivas, Alfredo Suasnabar y Mario Lovera declararon haber sido víctimas de acoso y abuso sexual por parte de Melella. Lo hicieron en el marco de una denuncia de Giménez sobre irregularidades en el manejo de la obra pública para favorecer a determinadas empresas.

Se recibió de abogado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) de Río Grande, ciudad en la que comenzó en la Justicia como empleado, fue prosecretario de un Juzgado Correccional, y de ese puesto pasó a ser juez provincial. En julio del año pasado, el Consejo de la Magistratura provincial lo designó con el voto de todos los consejeros, incluso aquellos que responden a la actual gobernadora.

El otro juez de Instrucción de Río Grande, Daniel Cesari Hernández, es el que interviene en una denuncia de Gimenez del 2015, también sobre presuntas irregularidades con la obra pública local, que no tuvo mayores avances.

Pablo Candela es el fiscal que, como subrogante de su superior Guillermo Quadrini, desestimó dos de las denuncias por abuso contra Melella, antes de que se hagan públicas, sin pedir ninguna medida de prueba. Enrolado en la agrupación Justicia Legítima, fue elegido juez en diciembre pasado para ocupar el Juzgado de Instrucción N°3 del Distrito Judicial Norte, pero sigue desempeñándose como fiscal porque el juzgado aún no fue creado.

"Hay versiones de que el juez Loffler lo está apoyando a Melella, pero no me consta. Si me preguntás si puede hacer algo para evitar que caiga, la respuesta es sí, puede llegar a hacerlo. Pero creo que a Melella ya le picaron el boleto. Nadie se quiere sacar una foto con él. En lugar de guardarse tras las denuncias, está sobreactuando gestión en Río Grande porque es un psicópata y niega la realidad", analiza otro abogado que pide reserva de su nombre al ser consultado sobre "Nené" Loffler.

Lo cierto es que esta semana el juez Sahade tomó una decisión que puede ser determinante para la causa: declaró nulos los dictámenes de los fiscales Candela y Quadrini, por ser "contradictorios entre sí". El magistrado ordenó, asimismo, que ahora las tres denuncias sean analizadas por Quadrini, quien ya se había expedido a favor de acusar a Melella en uno de los casos.

Sin embargo, el abogado de las presuntas víctimas prevé recusarlo por haber habilitado que el abogado de Melella se lleve fotocopias de todo el expediente. "El Código Procesal no lo permite antes de la indagatoria para no frustrar la investigación, especialmente al inicio de la causa. Ahora el intendente puede saber las medidas pedidas por la querella y el fiscal", se quejó Giménez.

También reclamó que el juez no haya hecho lugar a las medidas solicitadas por la querella, a las que adhirió el fiscal Quadrini. Entre ellas, el pedido de informes a las compañías telefónicas con los cruces de llamados y mensajes de los celulares de los denunciantes y el acusado.

Negocios más allá de la política

En Río Grande, hay varias voces que advierten que la vinculación de los Loffler con Melella excede la política. Concretamente, apuntan a la empresa Zimentar SRL, y los contratos que obtuvo esta constructora con la Municipalidad de Río Grande, aunque también con la de Ushuaia. Esta firma se creó en 2012, un año después de la llegada de Melella a la intendencia.

El expediente en la IGJ de la constructora Zimentar SRL, al que accedió Infobae.

Según los Boletines Oficiales de Río Grande analizados por Infobae, de 2014 a la fecha, a Zimentar SRL le fueron adjudicadas por la gestión de Melella obras por $131 millones, en su gran mayoría, trabajos de pavimentación de calles de la Ciudad.

Algunas de las adjudicaciones a Zimentar por parte del intendente Melella.

En los papeles, como socio mayoritario de Zimentar figura Fernando Zapata. Pero durante al menos 9 meses, también aparece como accionista "Loli" Loffler. Según el expediente de Zimentar en la IGJ local, al que tuvo acceso este medio, en el acta de reunión de socios Nº 1 figura la cesión por parte de Zapata "a título oneroso" del 25% de las acciones a favor del legislador provincial, fechada 5 de noviembre de 2012. Pero casi un año después, según el acta Nº 4, del 29 de julio del 2013, Zapata le pide a la IGJ dejar sin efecto esa única acta, a lo que el organismo accedió. Loli "Loffler" dejó, entonces, de figurar como socio de la constructora.

La cesión de acciones de Zimentar por parte de Zapata a "Loli" Loffler en 2012.

"No es así, no puede ser, yo no firmé nada", respondió "Loli" Loffler cuando lo consultó Infobae por este tema. Zapata también lo negó en un primer momento, pero luego sostuvo que le ofreció "el 30% de Zimentar" y que "luego dio de baja el acta porque Loffler no puso el dinero convenido".

El legislador sí admitió ser socio desde 2015 de Zapata en otra firma, Cafeto Austral SRL, que explota la franquicia del Café Martínez de Río Grande. Según Zapata, este negocio en común, los distanció.

"Loli" no es el único de la familia que incursionó en el rubro de las cafeterías. Su hermano Matías tiene la franquicia de un Café Balcarce en Río Grande y otro en Ushuaia.

Zapata es además dueño de Deolinda SRL, la empresa que se quedó con una valiosa estancia ahora en disputa. El abogado de Zapata en este litigio judicial es otro de los hermanos, Guillermo Loffler, quien maneja el bufete familiar y es titular de un Registro de la Propiedad Automotor en Río Grande, ubicado en la calle Perito Moreno, al lado del estudio jurídico.

En la misma dirección del estudio funciona también Austral Recovery SRL, la empresa de los Loffler dedicada a las cobranzas judiciales y extrajudiciales, creada en 2004 por "Nené" y su esposa Marilina Henninger.

El jueves último, el camarista hizo circular un mensaje por WhatsApp a sus conocidos en el que decía "ESTIMADOS AMIGOS, HERMANOS… acaban de avisarme que en los próximos días van a atacarme a mí desde los medios nacionales… seguramente para sacarme del caso que todos conocemos y de un caso que afecta personalmente a una persona conocida por ustedes. Solo quería avisarles para que estén al tanto y, antes de abrir juicio de valor me den la posibilidad de ejercer el derecho de defensa. Estoy acostumbrado a todo tipo de ataques… me da pena porque yo me la Banco pero la familia sufre… les mando un fuerte abrazo y los quiero como a mis hermanos, Nené Loffler".

Cuando Infobae se contactó con él, el camarista se encargó de remarcar que no tiene ninguna denuncia penal ni investigación en su contra. "Dicté más de 5000 sentencias en doce años, jamás me cuestionaron", dijo. Y destacó sus antecedentes como magistrado y docente universitario.

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