Seguidores de Evo Morales marcharán desde el altiplano hasta La Paz para sumar presión al paro contra el Gobierno de Paz

El ex presidente boliviano Evo Morales anunció este domingo que sus seguidores iniciarán el martes una marcha de seis días desde la localidad altiplánica de Caracollo, a unos 190 kilómetros de La Paz, para exigir al Gobierno del presidente Rodrigo Paz el abandono de lo que denominó políticas “neoliberales y privatizadoras”. La movilización, bautizada como “Marcha por la Vida para Salvar Bolivia”, fue decidida por Evo Pueblo, la organización política que Morales impulsa desde el Trópico de Cochabamba, y prevé llegar a la sede del Gobierno el 18 de mayo.

Morales hizo el anuncio en su programa dominical en la radio Kawsachun Coca, emisora vinculada a los sindicatos cocaleros del Chapare. La decisión se adoptó el sábado en un ampliado nacional de Evo Pueblo en Lauca Ñ. Las conclusiones del encuentro precisaron que la marcha se realizará en coordinación con la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la Central Obrera Boliviana (COB) y los sindicatos de maestros.

La protesta se suma a la mayor crisis social que atraviesa Bolivia desde que Paz asumió en noviembre de 2025. Desde el 1 de mayo, la COB —la mayor central sindical del país— sostiene un paro general indefinido declarado en un cabildo en El Alto. La central exige un aumento salarial del 20% y el compromiso de no privatizar empresas estatales, demandas que el Gobierno rechazó alegando que el salario mínimo ya subió en esa proporción en enero. A ese conflicto se suman bloqueos de carreteras en el altiplano paceño y en el municipio de Caranavi que llevan casi dos semanas cortando el suministro de alimentos y combustible al norte del departamento de La Paz.

El pronunciamiento de Evo Pueblo amplía las exigencias más allá del conflicto salarial. La organización —que todavía carece de personería jurídica— rechaza un posible aumento del precio de los combustibles y cuestiona la reforma constitucional parcial y las diez nuevas leyes que Paz anunció el sábado en un “Encuentro Nacional” en Cochabamba. Morales sostuvo que esas normas apuntan a “la privatización de los recursos naturales y los servicios básicos”. También exigen la abrogación de la Ley 1720, que regula la conversión de pequeña propiedad agraria en mediana propiedad, aunque su derogación genera rechazo en sectores productivos de Santa Cruz.

Morales desestimó que la confluencia con la COB responda a razones ideológicas. “Aquí ya no hay diferencia ideológica, para mí, es defender la canasta básica familiar”, afirmó según recogió la agencia EFE. Confirmó además que la marcha continuará aunque el Legislativo abrogue la Ley 1720, señal de que la protesta tiene un horizonte político que excede esa demanda concreta.

El Gobierno de Paz llega a este escenario debilitado. El presidente heredó en noviembre de 2025 una economía con inflación del 20%, escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles. Sus primeras medidas —retirada de subsidios, recorte del gasto y apertura a inversión extranjera— fracturaron la relación con los sindicatos que habían sostenido políticamente a Morales y a Luis Arce (2020-2025). Ante las protestas, el Ejecutivo acusó a Morales de coordinar los bloqueos y presentó audios que supuestamente lo implicaban; el sitio de verificación Chequea Bolivia determinó que al menos uno de esos registros databa de junio de 2025, durante la presidencia de Arce.

Con la llegada prevista para el 18 de mayo, Evo Pueblo busca unir su marcha con el paro de la COB y los bloqueos campesinos ya activos. Si esa confluencia se consolida, el Gobierno de Paz deberá enfrentar un frente unificado cuyas demandas —salariales, energéticas y constitucionales— difícilmente admiten una respuesta única.