*La versión original de esta nota fue publicada en la Revista DEF Nº. 119.

Estas diferencias pueden, de la mano de los avances en los procesos de automatización de gestión, reducirse significativamente, y que esos valores tiendan a cero. La revolución digital está generando cantidades masivas de información que puede ser aprovechada por gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil para mejorar la toma de decisiones, los servicios públicos y la transparencia.
"En la Argentina estamos muy retrasados respecto al resto del mundo en materia de procesos automatizados", aseguró a DEF Guadalupe Dorna, directora de la Maestría en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y profesora e investigadora asociada en el Centro de Investigación de Política Urbana y Vivienda en la misma universidad.

Pero para la especialista, hasta los países más avanzados en esta área aún tienen un largo camino por recorrer. "Todo esto es un proceso que viene evolucionando a pasos agigantados pero que no está completo. En Inglaterra están haciendo un concurso para tratar de identificar cuáles son los trámites más absurdos, dónde están las barreras, preguntándole a la ciudadanía, tratando de ganar tiempo en todos lados", ejemplificó.
La tendencia es clara: pulir procesos para levantar trabas burocráticas. Para Dorna, no hay dudas: "Los tiempos dedicados en gestiones o trámites van a ser cada vez menos". Sin embargo, la especialista aclaró que esto "de ninguna manera significa que vayamos a dejar de tener trato cara a cara", algo que calificó de fundamental, por más automatizado que esté todo.
En el país y en el mundo ya comienzan a verse ejemplos exitosos en el uso de este tipo de herramientas:
- Jubilados 4.0
- : un caso testigo en el país es el de Mi Huella de la ANSES. El sistema permite reconocer la identidad de las personas a partir de un
- software
- lector de huellas digitales que les facilita a los jubilados la realización de trámites.
- Bitcoins para todo
- : En Suecia, el dinero físico prácticamente es inexistente. Los cajeros automáticos brillan por su ausencia. Además de poder hacer transferencias digitales para todo, los ciudadanos disponen de un sistema en el cual los servicios públicos e impuestos se pueden pagar con bitcoins.
- Gobierno sí, burocracia no
- : Recientemente el gobierno de Bielorrusia aprobó decretos para fomentar la creación de empresas relacionadas con criptomonedas. A su vez, redujo al mínimo los trámites presenciales y quitó impuestos a quienes desarrollen apps “
- buro friendly
- ”.
- Nano chips
- : Más polémica es la decisión reciente de algunas empresas, como la norteamericana CityWatchers o la sueca Epicenter, de implantar chips de silicio en sus empleados, lo que les permite realizar tareas como abrir puertas o imprimir archivos con un solo movimiento del brazo, a la vez que agiliza los controles de presentismo para el empleador. De trasladarse al ámbito de la burocracia, esta tecnología podría incluir información básica como datos personales, registros médicos, bancarios, y permitir a los ciudadanos hacer los trámites en forma ágil y remota.

La tecnología no solo servirá al ciudadano sino también a los gobiernos, a fin de desarrollar políticas basadas en evidencias empíricas y no, en percepciones, y de manera rápida y barata. "Las nuevas tecnologías nos dan una manera mucho más ágil de saber qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona para tomar mejores decisiones", explicó Dorna.
Al comprar una vivienda, pedir un préstamo, realizar trámites, llenar formularios, inscribir a los chicos en el colegio, se ingresan datos. Esta información es sumamente valiosa y es utilizada por los gobiernos con fines de gestión.
Todo lo ingresado se registra y, en la medida en que este registro sea organizado, permitirá entrecruzar información para ayuda a identificar las necesidades e inquietudes de la población, de modo rápido y sin los altos costos que generan las técnicas tradicionales de recolección de datos.
El desafío es cómo utilizar estos datos administrativos, ya que el hecho de contar con esta información genera un dilema moral ante la posibilidad de comprometer el derecho a la intimidad y la privacidad de las personas, si es que el sujeto que aporta los datos llega a sufrir implicancias legales y técnicas no deseadas al ser identificado.
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