El crimen organizado transnacional vuelve a arrastrar a Ecuador a una nueva ola de violencia. Pese al estado de excepción impuesto por el gobierno nacional desde los primeros meses de 2024, las organizaciones ilegales mantienen presencia estratégica en ciudades como Quito y Guayaquil, y desafían las medidas en materia de seguridad.
La seguridad, ¿el punto débil de la gestión de Daniel Noboa?
Los primeros meses de la presidencia de Noboa estuvieron atravesados por la crisis de seguridad. En enero de 2024, un grupo conocido como Los Choneros llevó a cabo un golpe comando en Guayaquil que concretó la liberación del líder de la banda, José Adolfo Macías (alias “Fito”), y la toma de la sede de la señal TC Televisión.
Sumada a la fuga de Macías, también se registraron incendios y amotinamientos en la cárcel de El Inca, en Quito, y en el penal de Turi, en Cuenca, así como otros incidentes en los penales de Ambato y Riobamba.
La gestión nacional se vio obligada a decretar el estado de excepción en todo el país para darles mayores atribuciones a las fuerzas militares y brindar asistencia a la Policía Nacional. La medida duró inicialmente 60 días, pero fue prorrogada en diversas ocasiones hasta convertirse en el pilar de la gestión en seguridad.
Además, elevó a conflicto armado interno la lucha contra el crimen organizado, puntualmente contra entidades como Los Choneros, Los Tiguerones, Los Chone Killers y Los Lobos.
Veintidós meses después, Ecuador dista de la paz esperada en vista de la inflexibilidad de Daniel Noboa contra la delincuencia. Esta crisis se ve retroalimentada, a su vez, por los cuestionamientos sobre las gestiones en economía. El país andino se sumió en prolongadas protestas que se originaron después de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) convocara a un paro nacional contra el fin de los subsidios al diésel.
En ese contexto, se produjo el intento de asesinato del presidente en octubre de 2025, mientras se dirigía a un acto político y compromisos de agenda en la provincia de Cañar, un hecho que evidenció que la violencia en las calles no exime al gobierno nacional de sus consecuencias.
La mirada de Edgardo Glavinich sobre la crisis en Quito
Para saber más sobre la situación de Ecuador, DEF consultó a Edgardo Glavinich, secretario nacional del Consejo Argentino para la Seguridad Integral (CAPSI) y director ejecutivo de la Fundación Sherman Kent, un think tank sobre inteligencia estratégica con sede en Argentina.
“Ecuador emerge como el caso más dramático de deterioro de la seguridad en el hemisferio. La transformación del país, que pasó de ser de uno de los más seguros de la región, con una tasa de homicidios de 6,7 por 100.000 habitantes en 2020, hasta convertirse en el territorio más violento de Sudamérica con 44,5 homicidios por 100.000 en 2024, representa un colapso en materia de seguridad a una velocidad y magnitud sin precedentes regionales”, advirtió Glavinich.
El experto en seguridad señaló que este deterioro de 546,7 % en apenas cuatro años “no puede atribuirse a factores coyunturales, sino que refleja la convergencia de vulnerabilidades estructurales: posición geográfica entre los mayores productores de cocaína, dolarización que facilita el lavado de dinero, instituciones debilitadas por la corrupción sistémica y el vacío de poder dejado por la desmovilización de las FARC colombianas, que abrió espacio para nuevos actores criminales”.
Sostuvo que el puerto de Guayaquil, que procesó un récord de 252 toneladas de cocaína incautadas en 2024, se ha convertido en el epicentro de esta crisis, ya que funciona como un hub logístico principal para el tráfico hacia Europa y Asia. Como consecuencia de esto, la ciudad de Durán, adyacente a Guayaquil, registra tasas de homicidio tres veces superiores al promedio nacional, con barrios enteros bajo control de pandillas que han establecido sistemas de tributación, justicia paralela y servicios sociales que el Estado ha abandonado.
“La declaración de ‘conflicto armado interno’ dictada por el presidente Daniel Noboa en enero de 2024, aunque proporcionó herramientas legales para la militarización de la respuesta, no ha logrado revertir la tendencia, y diferentes proyecciones para 2025 sugieren que Ecuador podría alcanzar los 9100 homicidios, consolidándose como el país más violento de América Latina”, concluyó Edgardo Glavinich.
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