Video: sobrepoblación y hacinamiento, el drama de las cárceles en Latinoamérica

La delincuencia en Latinoamérica presenta escenarios complejos para los distintos países. La inseguridad y los delitos de diversa índole empeoran la calidad de vida de las personas mientras los gobiernos se ven forzados a destinar recursos y enormes presupuestos en busca de soluciones.

Sin embargo, este tema de coyuntura regional no finaliza con las detenciones y el procesamiento judicial, sino que el destino final de cada delincuente también es un problema. Las cárceles de gran parte del continente enfrentan la sobrepoblación y el hacinamiento en sus instalaciones, que, más allá de comprometer la seguridad, afecta a la población penitenciaria.

La población carcelaria, un problema sin solución

En los últimos años, las penas efectivas a delincuentes crecieron de forma generalizada en toda la región. Según informó World Prison Brief, El Salvador y Cuba lideran los encarcelamientos a nivel mundial. Cada 100.000 personas, hay 1086 salvadoreños presos, mientras que, en territorio cubano, la cifra se ubica en 794, cuando la media mundial es 180.

Si bien esta estadística depende del número de habitantes y otros países tienen menos cantidad de presos, Latinoamérica enfrenta el grave problema de la sobrepoblación. En gran parte de los países que brindan sus datos, los vigilantes carcelarios se encuentran muchas veces en la situación 1 a 1, es decir, tienen que custodiar a un prisionero e incluso más.

Por ejemplo, Argentina tiene una ocupación del 118,5 % en 330 establecimientos penitenciarios. En el último relevamiento del Ministerio de Justicia realizado en 2022, hay 117.810 presos que son custodiados por 88.622 miembros del personal del Servicio Penitenciario.

Otros países con mayor estabilidad económica como Uruguay y Paraguay no son ajenos a esta realidad. Surinam y Chile son las únicas naciones que no excedieron los límites, aunque se encuentran cerca del límite de capacidad con un 75 % y un 91 % respectivamente.

Esta realidad se esparce a otros países de la región, como México, con el 104 %; Ecuador, con el 120 %; y Brasil, con el 174 %. El número se complejiza en países con peores condiciones económicas y sociales: en El Salvador, la cifra asciende a 237%, mientras que, en Guatemala, Bolivia y Haití, la población se acerca al 300 %.

Haití y El Salvador comparten la dura realidad de las pandillas, pero el presidente salvadoreño Nayib Bukele logró intervenir a tiempo con un plan que revirtió las condiciones en su país y devolvió el control del territorio a las fuerzas de seguridad.

Panamá sigue a El Salvador y profundiza sus planes contra la delincuencia

Para algunos países de la región, el caso de El Salvador es un ejemplo a seguir. El régimen de excepción promulgado y prorrogado por Bukele en 29 ocasiones les da mayores atribuciones a las fuerzas policiales, suspende los derechos constitucionales y de asociación, lo que limita las reuniones de personas con objetivos lícitos.

Además, les otorga la potestad a las autoridades estatales de intervenir la correspondencia y los celulares a cualquier individuo considerado sospechoso. Finalmente, permite las detenciones administrativas, es decir, los arrestos sin intervención u orden del poder judicial. Desde 2022, El Salvador experimenta una época de paz relativa, pero complejizada por el hacinamiento del servicio penitenciario, con el epicentro en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), y su rigurosidad.

Panamá busca seguir el mismo camino con el lanzamiento del plan “Panamá 3.0″. El pasado 11 de octubre, el presidente José Raúl Mulino puso en marcha la operación que involucra a 1302 agentes y 150 vehículos, y se enfocará en combatir el crimen organizado y el narcotráfico.

Las fuerzas de seguridad señalaron que actuarán principalmente en Colón, Arraiján, San Miguelito, Alcalde Díaz, Pacora y San Francisco. En los primeros cinco días, las fuerzas policiales detuvieron a más de 500 personas relacionadas con el tráfico de drogas y a las pandillas. Si tiene éxito, podrían verse los mismos efectos que en El Salvador, aunque la problemática del sistema de cárceles es una preocupación del futuro, como en toda Latinoamérica.