Marina Franco: "Los partidos políticos querían negociar impunidad y cerrar el pasado con la dictadura"

Con varias generaciones nacidas en democracia, la revisión del pasado se vuelve un imperativo para reconstruir un presente con consensos que, en algún momento, no existieron. La historiadora Marina Franco (UBA/París 7-Dennis Diderot) analiza en su último libro los inciertos y cambiantes últimos cuatro años de la dictadura cívico-militar de 1976, cuando los sectores mayoritarios de la sociedad aún respaldaban la "lucha anti subversiva" y la represión. ¿Cómo fue que ese pacto social tácito, de silencio e impunidad, se quebró en el llamado período de "transición"?

"Me parecía que todavía faltaba entender cómo es que se llegó a la investigación y juzgamiento de las violaciones de los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas. La transición parecía haberse terminado entre la Guerra de Malvinas y la asunción de Raúl Alfonsín. En el medio pasaron muchas cosas de las cuales no sabemos demasiado", advierte en los estudios de Infobae la autora de El final del silencio. Dictadura, sociedad y derechos humanos en la transición (Argentina, 1979-1983), publicado por Fondo de Cultura Económica (FCE).

Franco es una experta en el campo la historia reciente y coordina uno de los grupos de investigación temáticos en el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES). Su exhaustivo trabajo se orientó a responder la pregunta de cómo el terrorismo de Estado logró instalarse en el país. Pero también por qué la Junta Militar cayó por colapso y fue acorralada por sus crímenes, algo que "no era automático" ni era previsible, advierte. La incógnita cobra relevancia en tiempos de ascenso de movimientos autoritarios, donde el bolsonarismo cala hondo en Brasil y reivindica abiertamente la persecución de minorías y opositores.

"El dato fundamental que encontré -afirma Franco- es que la tendencia más fuerte de los últimos años de la dictadura (se refiere a 1979-1983) era una búsqueda por cerrar ese pasado, que nada se investigara y juzgara. Los partidos políticos y los actores de peso más importantes estaban dispuestos a dar vuelta la página".

Uno de las observaciones tajantes de la autora es que discute con cierto sentido común sobre la opacidad de la "represión" y el desconocimiento de lo que ocurría con el detenido-desaparecido.

"La idea de que no se sabía no es así. Por lo menos desde 1980 había información pública absolutamente disponible en la prensa nacional y comercial sobre la envergadura de los crímenes cuando fueron denunciados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos", señala la investigadora sobre varios reportes, donde las acusaciones de los organismos de derechos humanos llegaron hasta el gobierno norteamericano de James Cartes. Uno de ellos fue el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visitó el país en septiembre de 1979.

— ¿Es una mirada exculpatoria de la sociedad civil cuando se dice que "no sabía" lo que ocurría?

— Una de las cosas que me movió a hacer esta investigación es esa pregunta. El terrorismo de Estado no sucede si no hay alguna forma de acompañamiento social. El primer dato es que la información estaba disponible. El segundo dato es que esa información no podía ser decodificada como crímenes aberrantes. Había una convicción tan fuerte en relación a la supuesta necesidad de la lucha anti subversiva desde 1974 que los desaparecidos, por ser "subversivos", se merecían lo que les sucedía.

— ¿Era amplio el apoyo social para aniquilar a las organizaciones armadas?

— Existía un consenso de que la subversión era la gran amenaza que pendía sobre la Nación, que esa subversión debía ser eliminada y que las FFAA eran las fuerzas adecuadas para hacerlo. La gran pregunta es cuándo eso empieza a cambiar para que se observe (socialmente) que hubo crímenes aberrantes del Estado. La respuesta es que cambia mucho más despacio de lo que creemos, y sobre todo a partir de los movilizaciones de las organizaciones de derechos humanos, la investigación del Nunca Más y de las políticas de Memoria y Justicia del Estado argentino.

— Desde el punto de vista de las Ciencias Sociales, entonces hay algo de verdad cuando los represores fundamentan que cumplían un "mandato" de la sociedad.

—  Es una pregunta incómoda que hay que hacerse. Para mí las responsabilidades de las FFAA están claras y establecidas, no hacen falta demostrarlas. Pero nos queda mucho camino por recorrer para explicar cómo eso fue posible el apoyo social vasto que tuvo y de actores políticos de primer nivel. El dato más notable en el que hice hincapié en mi trabajo es mostrar cómo las FFAA reprimieron con el apoyo de los partidos políticos, el Poder Judicial, la Iglesia y la prensa, y cómo esos mismos actores, sobre el final de la dictadura, abandonan el barco y empiezan a denunciar los crímenes. Es decir, cuando la tarea de represión es concluida y el régimen dictatorial se muestra incapaz de construir una estabilidad económica y sostenerse políticamente en el tiempo.  Por ejemplo es la Iglesia -que  había consolado a los represores- la que le dice a la dictadura que tiene que dar información.

—  En tu trabajo advertís que el reclamo de los organismos de derechos en un momento fue marginal, hasta que crece y se convierte en una "memoria fuerte".

—  Mi impresión es que la acción de los organismos es solitaria durante gran parte de la dictadura, y empieza a cobrar fuerza cuando el régimen se estaba derrumbando. El clima anti dictatorial es tan fuerte que esos reclamos de los organismos no solo pueden ser escuchados, sino que son usados por la prensa para debilitar al régimen. Los mismos actores que habían apoyado al régimen se aprovechan de las denuncias sobre la represión para debilitarlo. La denuncia a la represión entra en una especie de circuito que forma parte del derrumbe militar.

— Si los actores dominantes del período estaban de acuerdo con cerrar el pasado, y olvidarlo. ¿Por qué al final no se cierra?

— El primer elemento es que el régimen estaba absolutamente debilitado. Si quería negociar el pasado sin una investigación (y condena), tenía que decir algo sobre los desaparecidos. Lo exigían la Iglesia y los partidos políticos. Pero no podía decir nada sin incriminarse. No solo no dan información, sino que reafirman su convicción en el Documento final de abril de 1983 por lo que habían hecho como "salvadores de la patria". Esta negativa obliga a los partidos políticos a endurecerse. Hasta ese momento estaban todos dispuestos a negociar algún tipo de impunidad como sucedió en Chile, en Brasil o en Uruguay. De todo el espectro político, Alfonsín fue el único -incluso siendo minoritario en su partido- que desde muy temprano sostiene que los crímenes deben ser investigados y juzgados. En 1983, el candidato favorito era el peronista (Ítalo) Lúder, quien había sostenido que la autoamnistía militar era válida. Que ganara las elecciones Alfonsín va a profundizar este camino hacia la Justicia, que no era de ninguna manera el camino que tenía el apoyo de la mayoría de los actores políticos.  También es importante la figura de la desaparición forzada de personas, que no es lo mismo que el asesinato, el secuestro o el encarcelamiento. La desaparición supone que no hay huellas del delito, lo que le dio una marca particular al proceso argentino. La insistencia para que la dictadura diera información tiene que ver con la falta de los cuerpos, donde la demanda fundamental fue el "¿Dónde están?" "¿Qué pasó con ellos?".

— En Brasil se discute sobre el avance de un proceso autoritario detrás dela figura del candidato Jair Bolsonaro, alguien que amenaza con perseguir a la oposición y minorías sexuales. Como especialista en los períodos de transición en el Cono Sur, ¿cómo analiza la situación política brasileña? 

— Uno de los elementos en la construcción del liderazgo de Bolsonaro es la reivindicación de la dictadura brasileña, de la violencia y de la persecución política, y el apoyo que tiene en sectores de la derecha y de las fuerzas armadas. Ahí las diferencias entre la transición brasileña y la Argentina aparecen son un elemento fundamental. En Brasil no hubo nunca justicia en relación a las violaciones de derechos humanos ni una revisión de lo que significó la dictadura. Eso en términos de construcción social de largo plazo tiene efectos, mientras que en la Argentina juzgar esos crímenes permitieron construir una cultura de los derechos humanos, de la Justicia y de la democracia, junto las políticas de memoria que implicaron la condena absoluta de la dictadura. Eso en Brasil no se produjo y es lo que permite que la dictadura y la represión puedan ser reivindicadas.

— ¿Considera que hay indicadores en Brasil que puedan dar cuenta de una deriva autoritaria? 

— La construcción de enemigos internos es un indicador. Las dictaduras tuvieron una construcción muy fuerte en torno a la subversión, el comunismo y el marxismo, y esto en Brasil está en el centro de la discusión. Todo el discurso fuertemente anti comunista de Bolsonaro está asentado sobre la idea de enemigos internos de diverso tipo, como los gays y las mujeres, que deben ser perseguidos y erradicados. Es un discurso con un poder y arrastre social enorme en términos de movilización. Si no entendemos estos discursos, no vamos a entender por qué los gobiernos autoritarios lleguen al poder y pueden llevar adelante políticas represivas.

* Marina Franco es investigadora adjunta del Conicet y docente del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacio­nal de San Martín (IDAES/UNSAM). Es autora de El exilio. Argentinos en Francia durante la dictadura (2008) y Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y "subversión", 1973-1976 (2012). Coeditora de Historia reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en construc­ción (2007); Problemas de historia reciente del Cono Sur (2010); La guerra fría cultural en América Latina (2013) y Las dictaduras del Cono Sur (en prensa). Codirectora, con Florencia Levín, de la Red Interdisciplinaria de Estudios en Historia Reciente (RIEHR).