En Cuba, la crisis de los servicios públicos se ha transformado en un eje central de la vida cotidiana, con la infraestructura eléctrica en el epicentro de las preocupaciones ciudadanas. De acuerdo con el último informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), el 95% de la población califica como mala la situación de la electricidad, cifra que convierte a este servicio en el peor evaluado entre todas las infraestructuras municipales.
La magnitud del deterioro es tal que los apagones ocupan el primer lugar en la lista de problemas señalados por los encuestados: el 70% de los cubanos identifica la inestabilidad del suministro eléctrico como la máxima prioridad de solución para los próximos seis meses. Este porcentaje supera incluso a las preocupaciones por la crisis alimentaria y el incremento del coste de la vida, según el estudio realizado en más de 70 municipios del país.
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El informe del OCDH destaca que la percepción negativa sobre la infraestructura eléctrica es prácticamente uniforme en todas las provincias, con valoraciones desfavorables que alcanzan o superan el 90%. El colapso del sistema eléctrico no solo afecta la vida doméstica, sino que condiciona el acceso a otros servicios esenciales y limita aún más la capacidad de respuesta ante emergencias.

Junto a los apagones, otros servicios básicos presentan altos niveles de insatisfacción. El 87% de la población considera mala la recogida de basura y la gestión de vertederos, mientras que el 86% desaprueba la calidad de los servicios de internet y telefonía. Los problemas se extienden a los acueductos y alcantarillado, evaluados negativamente por el 84%, y a los hospitales y centros de salud, que obtienen un 82% de opiniones desfavorables.
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El estado de las carreteras también refleja el desgaste de la infraestructura pública, con un 80% de valoraciones negativas. Las viviendas y edificaciones no escapan a esta crisis: el 74% de la población afirma que se encuentran en mal estado. Solo las escuelas reciben un juicio menos severo, aunque el 56% de las personas entrevistadas considera que su estado es malo.
El balance general sobre la infraestructura y los servicios públicos es abrumadoramente negativo. El 95% de los encuestados considera que el estado de las infraestructuras municipales es regular o malo, y apenas un 2% las califica de buenas. Esta percepción generalizada de colapso explica, en parte, la magnitud de las protestas y el descontento social que se han intensificado en los últimos años.
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La encuesta del OCDH también revela que la ciudadanía prioriza la solución de los apagones por encima de cualquier otra problemática. La recurrencia y duración de los cortes eléctricos afectan la conservación de alimentos, la prestación de servicios médicos y la operatividad de las actividades económicas, profundizando la sensación de precariedad en los hogares.
A lo largo del país, la demanda de mejoras urgentes en la infraestructura eléctrica y la gestión de residuos se ha convertido en una exigencia transversal en la isla. La incapacidad del sistema para garantizar servicios básicos alimenta la desconfianza en las instituciones y refuerza la percepción de que el deterioro de la vida cotidiana solo podrá revertirse con cambios estructurales de fondo.
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En este contexto, la población cubana mantiene el foco en la restauración del suministro eléctrico como el primer paso indispensable para cualquier recuperación social y económica.
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