El brazo represivo de China se expande en el mundo gracias a diferentes complicidades

En los últimos días la Argentina fue testigo de cómo el largo brazo represivo de China actuaba con absoluta libertad en su territorio. La embajada de Beijing en Buenos Aires había solicitado a la Cancillería local que evitara un foro en la Legislatura de la capital del país donde se hablaría sobre totalitarismos. Un tópico urticante para el Partido Comunista Chino (PCC).

Solícitos, funcionarios nacionales atendieron la llamada diplomática y activaron sus teléfonos: se comunicaron al Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires para cancelar el evento que molestaba al embajador Wang Wei. La recepción del pedido fue atendida y el guiño, automático: la conferencia “El Sistema Internacional de Derechos Humanos bajo presión: ¿reforma, resistencia o colapso?“ organizada por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) no se desarrollaría allí.

El caso no es aislado y forma parte de una estructura represiva de China que trasciende sus fronteras. La Ley de Unidad Étnica recientemente sancionada es parte de los movimientos que el régimen conducido por Xi Jinping realiza en todas partes del globo. Los uigures -una etnia radicada en el norte de aquel país perseguida brutalmente desde hace años por Beijing- son uno de los principales depositarios de estos abusos por parte del PCC.

En la conferencia instrumentada por CADAL -que finalmente se realizó en otra sede-, se presentaría Dolkun Isa, uno de los activistas uigures más importantes del mundo, exiliado en Alemania y ex presidente del Congreso Mundial Uigur. Esa fue la excusa que permitió instrumentar la censura, el silenciamiento.

Isa está acostumbrado a este tipo de presiones. El 20 de julio pasado, en Marruecos, fue expulsado del país por pedido de China. Se esperaba un discurso suyo en la Cumbre Internacional de Libertad Religiosa (IRF, por sus siglas en inglés), pero en el aeropuerto de Casablanca fue demorado más de 15 horas y puesto en un avión de vuelta a Alemania. Las autoridades del Ministerio del Interior que lo echaron no dieron mayores explicaciones. Beijing agradeció el gesto de buena voluntad.

El Congreso Uigur Mundial condenó el hecho y pidió explicaciones al gobierno marroquí: “El caso refleja un patrón más amplio de represión transnacional y pedimos a Marruecos que explique la decisión y aclare si estuvo implicada presión china. También se insta a Alemania, la UE, la ONU y a las organizaciones de derechos humanos a pronunciarse sobre el caso”.

Omer Kanat, director ejecutivo del Proyecto de Derechos Humanos Uigur, escribió en una columna en The Diplomat que la Ley de Unidad Étnica ya estaba dañando a la minoría que representa en foros mundiales. “Beijing afirma que la ley fomentará la cohesión y protegerá los derechos de las minorías. En realidad, ya está logrando lo contrario”, advierte el autor de esa columna. Y ruega: “Los gobiernos deben tomar medidas decisivas para desafiar la ley y proteger a las comunidades de la diáspora antes de que sea demasiado tarde”.

El autor, un reconocido activista por la causa uigur, señaló que el régimen del PCC “desmanteló la vida social, cultural y religiosa de los uigures”. Numerosos países y parlamentos alrededor del mundo calificaron lo sucedido en la región de Sinkiang como un genocidio y crímenes de lesa humanidad.

Eso fue lo que el embajador Wang no quiso que se debatiera en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Varios funcionarios contribuyeron en ese pedido.

“La nueva ley hace que las escuelas, las instituciones religiosas, todos los niveles de gobierno e incluso las familias sean responsables de inculcar y hacer cumplir la definición del Partido Comunista Chino de ‘unidad étnica’. Exige que los padres ‘eduquen y guíen a los menores para que amen al Partido Comunista Chino’, reemplaza la educación bilingüe por el mandarín desde preescolar y exige que las instituciones religiosas persistan en la ‘sinización’ de la religión. En otras palabras, todos los niños deben ser educados para amar al Partido Comunista Chino, todos los idiomas deben dar paso al mandarín y cualquier fe solo está permitida cuando se adapta para servir al Estado”, resume Kanat.

El régimen de Xi Jinping busca barrer con el legado y la cultura uigures. Carteles en su idioma, señalizaciones urbanas, libros... todo debe ser reemplazado por el chino mandarín. “No podemos ni expresar tristeza”, dice Kanat en The Diplomat.

Al menos 500.000 uigures permanecen en instalaciones de máxima seguridad en China, mientras millones más son obligados a participar en programas de trabajo forzado organizados por el Estado.

Desde 2017, China gestionó una extensa red de campos de concentración y prisiones donde se detuvo entre 1 y 1,8 millones de uigures y otros musulmanes túrquicos, sometiéndolos a torturas, adoctrinamiento y explotación laboral.

Investigaciones y hallazgos de las Naciones Unidas confirman que estos abusos- tortura, violencia sexual, esterilización forzada y separación familiar- persisten en la actualidad y pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Lituania, República Checa, Eslovaquia, Francia y Suecia calificaron estos hechos como genocidio, de acuerdo a un informe del Congreso Mundial Uigur.

Un informe de las primeras semanas escrito por Adrian Zenz, investigador principal en estudios sobre China en la Fundación Conmemorativa de las Víctimas del Comunismo en Washington, y Muetter Tohti, investigadora y activista uigur para Foreign Policy explicó la realidad que viven familias uigures exiliadas.

“Las democracias occidentales finalmente están tomando en serio la amenaza. Los gobiernos están adoptando definiciones formales, han creado grupos de trabajo interinstitucionales y están abriendo canales de denuncia y apoyo para las víctimas. En 2025, los líderes del G-7 emitieron una declaración conjunta sobre el tema, y el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre la represión transnacional dirigida contra defensores de los derechos humanos”, subrayan los autores.

Y remarcan otro tipo de represión que está adoptando la autocracia de Xi Jinping: “Los regímenes que perpetran represión transnacional también practican la cooptación transnacional, asegurando la aquiescencia mediante la oferta de beneficios condicionados, así como la legitimación transnacional, fabricando el consentimiento a través de propaganda y el control narrativo relacionado”.

“La represión transnacional se ha convertido en un punto de unión para activistas de derechos humanos y políticos porque los actos de coerción son fácilmente observados y condenados. Sin embargo, por la misma razón, este concepto se ha vuelto demasiado estrecho para captar el repertorio en evolución mediante el cual los Estados intimidan y silencian a sus diásporas”, dicen Zenz y Tohti.

Kanat va más allá: “La afirmación de que individuos en el extranjero podrían afrontar responsabilidad legal por ‘socavar la unidad étnica’ debería alarmar a todos los gobiernos (...). Deben emitir condenas públicas claras, exigir la derogación de la ley y dejar claro que China no tiene jurisdicción sobre la libertad de expresión legal en otros países”.

X: @TotiPI