La activista Lumey Guzmán fue excarcelada en La Habana tras pagar una fianza, pero seguirá sometida a un proceso judicial por desacato después de haber criticado en Facebook a Miguel Díaz-Canel por un apagón de 90 horas en su barrio de Alamar, en medio de una crisis eléctrica que derivó en protestas y nuevas detenciones en Cuba.
El caso se inscribió en un escenario más amplio de represión ligado a los cortes de energía. Según CiberCuba, el 8 de julio la Unión Eléctrica registró un déficit de generación de 2,341 MW, el mayor mencionado para el país, y después de las protestas fueron arrestadas al menos 24 personas en Luyanó el 9 de julio y otras seis en Loma del Chivo, en Guantánamo, el 17 de ese mes.
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La excarcelación fue informada por la organización Justicia 11J a partir de una fuente familiar. La activista, una cuentapropista de 44 años residente en Alamar, había sido detenida el 9 de julio y permanecía en prisión preventiva sin juicio.
El arresto y la causa judicial
Su arresto ocurrió después de una transmisión en directo en Facebook en la que expresó su malestar por la falta de electricidad y dirigió insultos al presidente cubano, a su esposa Lis Cuesta y al ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez. En ese video dijo: “Este video es para el presidente que dice que Cuba resiste con dignidad. Este video es para el hijo de puta de Bruno que dice que Cuba es una economía. Este video es para Machi que dice que Cuba es luz. Este video es para la gente de la Zona 6 de Alamar, quítense la venda”.
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La grabación cerraba con otra consigna: “Ya está bueno de tanto comunismo, abajo la dictadura, patria y vida”.
La respuesta central del caso es esta: Lumey Guzmán Fernández recuperó la libertad bajo fianza, pero el proceso penal no fue archivado y deberá enfrentar los cargos desde su casa. La publicación que informó su liberación subrayó que la salida de prisión no puso fin a la persecución judicial.
Según la organización, “ahora está fuera de prisión, pero sigue sometida a un proceso por ejercer pacíficamente su libertad de expresión y manifestar su descontento ante la situación del país”. La misma ONG sostuvo que “el uso del sistema judicial para perseguir voces disidentes, intimidar a quienes cuestionan al poder y generar miedo entre quienes denuncian la realidad cubana constituye una forma de represión”.
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Tras recibir una citación el mismo 9 de julio, Guzmán Fernández fue llevada a la unidad policial de Alamar. Después pasó por la estación de Cojímar, por el centro de detención de la Seguridad del Estado de El Vivac y finalmente fue trasladada el 17 de julio a la prisión femenina de El Guatao.
Durante ese período, familiares denunciaron que estuvo incomunicada durante varios días, sin derecho a fianza y bajo condiciones extremas. La organización también recordó que, ya en prisión, la mujer “había perdido mucho peso y presentaba un deterioro en su estado mental”.
Denuncias sobre presos políticos y cárceles
El cuadro represivo aparece reforzado por otros testimonios recientes. El ex preso político Eider Frómeta Allen, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, dijo en una entrevista con CubaNet que en prisión vio “a muchos presos morir de hambre” y denunció haber sufrido “golpizas, inmovilizaciones, castigos prolongados y otras formas de maltrato” durante casi ocho meses de encierro.
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Frómeta relató: “Me negaban la visita, me negaban el teléfono, me enviaban a celda de castigo por tiempos prolongados. Utilizaban métodos de tortura contra mí”. También aseguró que en una prisión de Camagüey fue atado con esposas y cadenas, una práctica que, afirmó, le dejó “secuelas en un hombro”.
El trasfondo estadístico de estas denuncias también fue consignado por la publicación. Prisoners Defenders cerró julio de 2026 con 1,327 presos políticos documentados en Cuba, con 36 nuevas incorporaciones ese mes, 15 de ellas vinculadas de forma directa a protestas ciudadanas. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos contabilizó casi dos mil acciones represivas en el primer semestre de 2026, entre ellas 257 detenciones arbitrarias.
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