
Cada vez más niñas, niños y adolescentes en Cuba quedan sin madre debido a la violencia de género. Un total de 162 menores han perdido a sus madres por feminicidios procesados judicialmente entre 2023 y 2025, en un contexto marcado por el deterioro económico, la falta de recursos básicos y la presión social que vive la población en la isla.
El dato, publicado por el Diario de Cuba, expone una realidad que afecta a familias en distintas provincias. En 2023 se registraron 38 casos, en 2024 la cifra ascendió a 70 y en lo que va de 2025 se han reportado 54 menores huérfanos de madre por este tipo de crímenes. Las estadísticas corresponden a procesos judiciales, por lo que pueden incluir feminicidios perpetrados en años anteriores, una característica que refleja las dificultades para obtener información actualizada y precisa sobre estos hechos en el país.
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La situación se agrava en un entorno donde la crisis económica golpea a la mayoría de los hogares cubanos. La escasez de alimentos, medicinas y servicios básicos limita las posibilidades de respuesta de las familias y de las instituciones. Cuba enfrenta restricciones materiales que complican la atención a los menores afectados, quienes en muchos casos deben cambiar de hogar o entorno familiar tras la pérdida de su madre.

El impacto de estos feminicidios no se limita a la pérdida de la figura materna. La estructura familiar se ve alterada, en ocasiones, los menores quedan bajo el cuidado de abuelos u otros parientes que no siempre cuentan con recursos suficientes. Existen también situaciones en las que los niños son testigos directos de los crímenes, lo que añade una dimensión traumática a su experiencia. En julio de 2026, se documentaron dos episodios donde adolescentes y niños presenciaron la muerte violenta de sus madres, lo que deja secuelas emocionales y sociales difíciles de superar.
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De acuerdo con el reporte los datos oficiales no informan sobre el destino posterior de los menores afectados. No se conoce cuántos permanecen con sus padres, cuántos reciben atención psicológica continua ni cuántos acceden a prestaciones económicas o asistencia social específica. Esta ausencia de información impide dimensionar la verdadera magnitud del fenómeno y las necesidades reales de los niños y adolescentes huérfanos de madre a causa de la violencia de género.
En la isla existen normas legales que buscan proteger a la infancia y a las víctimas de la violencia de género. La Constitución, el Código de las Familias y la Ley de Niñez, Adolescencias y Juventudes establecen mecanismos de protección general, pero no se ha identificado un protocolo nacional específico para casos en los que menores quedan huérfanos por feminicidio. Tampoco existen prestaciones económicas diferenciadas para estos menores; las ayudas actuales se enmarcan en el sistema general de seguridad social y no consideran el daño particular que produce el feminicidio en la vida de los hijos de las víctimas.
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Un estudio realizado por el proyecto Casa Palanca, recogió testimonios de familias afectadas por feminicidios en Cuba. Seis de las ocho familias entrevistadas recibían algún tipo de pensión, pero ninguna accedió a prestaciones específicas derivadas del feminicidio ni a acompañamiento psicológico regular. En la mayoría de los casos, el cuidado de los menores recayó de forma abrupta en abuelos u otros familiares, quienes asumieron la responsabilidad sin preparación ni apoyo suficiente.
En un contexto de crisis económica y social, la falta de mecanismos diferenciados para proteger a los menores huérfanos por feminicidio evidencia la complejidad del problema. Las cifras oficiales y los testimonios reunidos muestran que la violencia de género tiene consecuencias profundas y duraderas para la infancia cubana, en un país donde los recursos institucionales y familiares resultan cada vez más limitados.
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