
El respaldo ciudadano a medidas que podrían debilitar los contrapesos democráticos en Costa Rica ha experimentado un crecimiento significativo durante los últimos quince años. El apoyo a cerrar la Asamblea Legislativa pasó del 13% en 2010 al 28% en 2025, mientras que la justificación de disolver la Corte Suprema de Justicia en tiempos difíciles aumentó del 13% al 37% durante el mismo período.
Los datos forman parte del Informe Estado de la Nación 2026, elaborado por el Programa Estado de la Nación (PEN-CONARE), que advierte sobre una transformación en las actitudes políticas de la población y la aparición de señales incipientes de debilitamiento de los mecanismos democráticos de control del poder.
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La investigación señala que estos cambios ocurren en un contexto de creciente confrontación institucional, descontento con el funcionamiento del sistema político y demandas ciudadanas por respuestas más rápidas y efectivas ante los principales problemas nacionales.
Aunque Costa Rica mantiene una democracia electoral competitiva y un sistema de controles institucionales robusto, el estudio identifica tendencias que podrían representar riesgos para su estabilidad si continúan profundizándose.
Mayor disposición a concentrar el poder presidencial
Otro de los hallazgos está relacionado con la percepción ciudadana sobre las facultades que debería tener la Presidencia de la República.
Según los resultados del Votómetro, herramienta desarrollada por el Programa Estado de la Nación durante el proceso electoral de 2026, el 57% de quienes respondieron manifestó disposición a fortalecer las potestades del Poder Ejecutivo para mejorar la gestión gubernamental y atender los problemas de seguridad pública.
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En contraste, un 43% rechazó un modelo de liderazgo que concentre mayores facultades en la Presidencia.
El informe considera que esta división refleja una tensión entre las demandas por mayor eficiencia gubernamental y la necesidad de preservar los límites institucionales establecidos por el sistema democrático.
La investigación advierte que una parte de la ciudadanía está cada vez más dispuesta a considerar mecanismos que amplíen la capacidad de decisión del Ejecutivo, incluso cuando estos puedan afectar el equilibrio entre poderes.

Ataques a las instituciones también aumentaron
El Estado de la Nación también analiza el deterioro de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y otras instituciones durante la administración de Rodrigo Chaves Robles.
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El informe documenta una intensificación de los cuestionamientos dirigidos a la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Entre 2025 y 2026, el organismo electoral recibió 79 denuncias por presunta beligerancia política, una cantidad equivalente a cuatro veces el promedio registrado durante el período 2004-2025.
La investigación destaca que los enfrentamientos con la autoridad electoral representaron un fenómeno inédito en la historia política reciente del país.
Asimismo, durante el último año de la administración Chaves, las conferencias de prensa posteriores al Consejo de Gobierno registraron 1,893 alusiones directas a otros actores políticos o al propio Ejecutivo.
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De ese total, 856 intervenciones, equivalentes al 45%, correspondieron a comentarios personales con connotación negativa.
Para los investigadores, estos resultados evidencian la importancia que adquirió la confrontación dentro de la estrategia de comunicación gubernamental.
Elecciones de 2026 transformaron el panorama político
El informe también reconoce que las elecciones presidenciales y legislativas de 2026 produjeron cambios importantes en la configuración del poder político costarricense.
La participación electoral alcanzó el 70% del padrón, mientras el triunfo del Partido Pueblo Soberano (PPSO) permitió que el oficialismo obtuviera la Presidencia de la República y una bancada de 31 diputados.
Este resultado puso fin a una prolongada etapa de gobiernos divididos y generó condiciones más favorables para impulsar iniciativas desde el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, el Estado de la Nación advierte que esta oportunidad para mejorar la gobernabilidad coincide con una mayor presión sobre los mecanismos institucionales que limitan el ejercicio del poder.
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El estudio también destaca el nombramiento de Rodrigo Chaves como ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda en la administración de Laura Fernández Delgado, una designación que califica como inédita en la historia republicana por la concentración de funciones otorgadas al exmandatario.
¿Está en riesgo la democracia costarricense?
Pese a los indicadores identificados, los investigadores aclaran que la evidencia disponible no permite afirmar que Costa Rica atraviese un proceso profundo de erosión democrática.
El informe señala, más bien, la existencia de señales incipientes de debilitamiento de los controles al poder y de cambios en las actitudes ciudadanas frente a la institucionalidad.
La investigación también advierte que el aumento de la participación electoral no necesariamente significa una mayor vinculación ciudadana con otras formas de participación política, como la protesta social o la afiliación partidaria.
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El principal desafío, según el análisis, consiste en responder a las demandas por mayor eficacia gubernamental sin debilitar las reglas democráticas, los espacios de negociación ni la independencia institucional.
Los investigadores consideran que el nuevo escenario político ofrece oportunidades para atender problemas acumulados, pero también plantea riesgos si la confrontación y la concentración del poder desplazan la deliberación democrática.
El Estado de la Nación concluye que la fortaleza democrática no depende únicamente de la capacidad para celebrar elecciones y renovar autoridades, sino también de preservar los límites al poder y transformar las demandas ciudadanas en políticas públicas que mejoren el bienestar de la población.
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