La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó el expediente 25.311, una reforma a la Ley General de Policía que permitirá establecer una póliza destinada a cubrir los gastos de representación legal de funcionarios policiales que enfrenten acusaciones, demandas o procesos judiciales relacionados directamente con el ejercicio de sus funciones.
La iniciativa incorpora un nuevo inciso al artículo 79 de la Ley General de Policía, con el propósito de brindar respaldo económico y jurídico a los agentes que deban defender sus actuaciones ante instancias judiciales, siempre que hayan cumplido con los procedimientos y protocolos institucionales correspondientes.
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El proyecto busca responder a una demanda histórica de distintos sectores policiales, cuyos funcionarios pueden enfrentar procesos penales o civiles como consecuencia de intervenciones realizadas durante el desempeño de sus responsabilidades.
De acuerdo con la información divulgada durante la sesión legislativa, la cobertura de la póliza estará condicionada a que el oficial haya ejecutado sus funciones conforme a las instrucciones, protocolos o procedimientos institucionales vigentes al momento de los hechos.
La disposición establece además exclusiones expresas para evitar que el mecanismo sea utilizado para financiar la defensa de actuaciones contrarias a la legislación.
Entre ellas se encuentran los actos cometidos con dolo o culpa grave, las decisiones de carácter administrativo y cualquier conducta que constituya una violación a los derechos humanos.
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La iniciativa fue impulsada por el Poder Ejecutivo y recibió apoyo de diputados de diferentes agrupaciones políticas, quienes destacaron la importancia de ofrecer mayor protección a los cuerpos policiales en un contexto de enfrentamiento con estructuras del crimen organizado.
¿Qué gastos cubrirá la nueva póliza para policías?
La reforma permitirá que el Estado suscriba una póliza para cubrir determinados riesgos derivados del ejercicio de las funciones policiales.
Según lo explicado durante el debate legislativo, el mecanismo contempla la responsabilidad patrimonial en las vías contencioso-administrativa, civil o penal, así como los gastos de representación legal cuando un funcionario resulte acusado, imputado o demandado por hechos vinculados directamente con su trabajo.
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Esto incluye situaciones relacionadas con el ejercicio de funciones policiales propiamente dichas y labores conexas contempladas en la legislación.
Uno de los objetivos principales es evitar que los oficiales tengan que asumir personalmente todos los costos de contratación de abogados cuando enfrentan denuncias como consecuencia de actuaciones realizadas conforme a sus responsabilidades institucionales.
Una iniciativa impulsada por dos administraciones
Durante la sesión legislativa también se destacó que el proyecto fue promovido desde el Poder Ejecutivo y recibió impulso durante la administración del expresidente Rodrigo Chaves Robles, así como de la actual presidenta, Laura Fernández Delgado.
Uno de los diputados recordó que la propuesta enfrentó cuestionamientos relacionados con las competencias de otras instituciones del Estado en materia de representación legal de funcionarios públicos.
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Sin embargo, sus defensores sostuvieron que era necesario establecer una protección específica para los integrantes de los cuerpos policiales.
La aprobación del expediente se produce en un contexto en el que el Gobierno ha planteado la necesidad de fortalecer las condiciones laborales, operativas y jurídicas de los agentes que participan en labores de seguridad ciudadana.
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