Costa Rica inauguró este miércoles 14 de octubre de 2026 el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una nueva cárcel de máxima seguridad con capacidad para 5,100 privados de libertad, destinada a albergar a personas consideradas de alta peligrosidad y vinculadas con organizaciones criminales que, según las autoridades, continúan operando desde los centros penitenciarios.
La inauguración estuvo encabezada por la presidenta Laura Fernández Delgado, acompañada por el expresidente Rodrigo Chaves Robles, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, integrantes del gabinete y representantes de diferentes instituciones nacionales e internacionales.
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La obra, cuya construcción comenzó en enero de 2026, representó una inversión de ₡16,774 millones (USD 36 millones), financiada completamente con recursos del presupuesto nacional, según explicó la mandataria durante el acto oficial.
La presidenta aseguró que la nueva infraestructura pretende marcar un cambio en la administración del sistema penitenciario, particularmente en el tratamiento de los delincuentes que mantienen vínculos con estructuras criminales fuera de prisión.
“Vamos a ejercer mano dura, sí, porque el que la hace la tiene que pagar. Pero a la vez vamos a honrar la tradición costarricense de apegarse al respeto de los derechos humanos fundamentales”, afirmó.
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Una cárcel con cinco módulos y vigilancia permanente
El complejo penitenciario fue construido en un terreno de 91,000 metros cuadrados, de los cuales 31,000 metros cuadrados corresponden a infraestructura edificada.
La prisión está dividida en cinco módulos, cada uno con capacidad para 1.020 privados de libertad, lo que permite alcanzar una ocupación máxima de 5.100 personas.
Según la información presentada por el Gobierno, el establecimiento dispone de sistemas tecnológicos de videovigilancia, monitoreo electrónico permanente las 24 horas del día, los siete días de la semana, controles reforzados de ingreso y salida y espacios diseñados para dificultar el ocultamiento de objetos prohibidos.
También cuenta con patios de sol, consultorios médicos, locutorios para visitas familiares y atención legal, así como espacios para visitas íntimas, cuyo funcionamiento estará sujeto a protocolos especiales.
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Las autoridades explicaron que la infraestructura pretende impedir que los internos utilicen dispositivos de comunicación o ejerzan presión sobre otros privados de libertad para mantener actividades delictivas.
“El CACCO no va a ser un hotel, no es un lugar de descanso y no será jamás una universidad del crimen”, advirtió el ministro Gabriel Aguilar, quien sostuvo que el objetivo es recuperar el control institucional dentro de los establecimientos penitenciarios.
¿Quiénes serán trasladados y cuándo comenzará a funcionar?
Durante la inauguración, el ministro de Justicia confirmó que los primeros traslados de privados de libertad se realizarán a finales de octubre, una vez que los funcionarios de la Policía Penitenciaria se familiaricen con las instalaciones y los equipos tecnológicos.
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La Policía Penitenciaria asumirá el control de la infraestructura desde el 15 de octubre, mientras se preparan los procedimientos para recibir a los primeros internos.
Aguilar adelantó que los primeros movimientos incluirán a personas sentenciadas y en prisión preventiva que actualmente permanecen en condiciones de alta contención y presentan vínculos con estructuras criminales.
No obstante, aclaró que los privados de libertad sentenciados no serán mezclados con quienes permanecen en prisión preventiva, y que la asignación de espacios responderá a las condiciones legales de cada persona.
También serán trasladados los denominados “hachudos”, término utilizado por las autoridades penitenciarias para identificar a reclusos que ejercen liderazgos negativos, intimidan a otros internos o controlan actividades dentro de los pabellones.
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“Esos liderazgos negativos que históricamente el sistema penitenciario permitió en dormitorios, en ámbitos, hasta en prisiones completas”, explicó el jerarca.
Según Aguilar, algunos de estos internos cobran dinero a otros privados de libertad por utilizar colchones o recibir alimentos que suministra el propio sistema penitenciario.
La intención del Gobierno es romper estas estructuras de poder mediante la reubicación de sus integrantes.
El ministro señaló que los módulos dos y cuatro serían los primeros en recibir población penitenciaria y que se espera avanzar hacia una ocupación aproximada de 2,500 espacios para diciembre de 2026.
También indicó que el Ministerio de Justicia cuenta con recursos presupuestarios para comenzar las operaciones este año y que el proyecto está contemplado en el presupuesto de 2027.
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Las autoridades todavía deberán presentar los protocolos específicos relacionados con alimentación, atención médica, visitas familiares, contacto con hijos y procedimientos internos de seguridad.
Gobierno promete reducir el hacinamiento carcelario
Uno de los principales anuncios de la presidenta Laura Fernández fue la reducción que, según las proyecciones oficiales, permitirá alcanzar la nueva prisión en los niveles de hacinamiento del sistema penitenciario costarricense.
La mandataria afirmó que el traslado de reclusos al CACCO podría permitir que el país pase de un 59% de hacinamiento carcelario a una sobrepoblación cercana al 15%.
“Vamos a descongestionar las cárceles. Estamos, una vez que hagan la mudanza, a las puertas de vivir un hito histórico”, señaló Fernández.
Sin embargo, esa disminución corresponde a una proyección gubernamental que dependerá de la ocupación efectiva del nuevo establecimiento y de la evolución de la población penitenciaria.
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El asesino de un policía será el primer recluso, según el ministro
Uno de los momentos más destacados de la inauguración ocurrió cuando la presidenta solicitó al ministro de Justicia que trasladara al CACCO al responsable del asesinato del oficial de la Fuerza Pública Gerson Rosales.
“Todo asesino sicario que ha matado policías de Costa Rica lo quiero en el CACCO, presente y futuro”, expresó Fernández ante los asistentes.
El ministro Gabriel Aguilar respondió que el responsable de ese crimen sería el primer privado de libertad en ocupar una celda del nuevo complejo penitenciario.
“Me comprometo con usted, señora presidenta, que será el primer privado de libertad en ocupar una celda del CACCO”, aseguró el jerarca.
La mandataria aprovechó el anuncio para reiterar su política de “cero tolerancia” frente a los ataques contra integrantes de los cuerpos policiales.
Nuevos uniformes y controles para los internos
Otra de las medidas anunciadas corresponde a la utilización de uniformes obligatorios, confeccionados especialmente para las personas que ingresen al nuevo establecimiento.
Las prendas son elaboradas por mujeres privadas de libertad del CAI Vilma Curling Rivera, como parte del programa Cero Ocio, con capacitación y apoyo técnico del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
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Según el Gobierno, los materiales proceden de donaciones de empresas privadas, mientras que los diseños incorporan características especiales para evitar el ocultamiento de objetos prohibidos.
Los uniformes no tendrán bolsas, cintas ni elásticos, y contarán con costuras adaptadas a las exigencias de seguridad penitenciaria.
El ministro también anunció la aplicación de nuevos protocolos y reglamentos para administrar las instalaciones, cuyos detalles serán comunicados posteriormente.
Aguilar insistió en que las medidas no pretenden promover abusos contra la población penitenciaria, sino establecer controles diferenciados sobre quienes representan mayores riesgos.
La inauguración estuvo marcada por críticas al Poder Judicial
La ceremonia también estuvo acompañada de cuestionamientos de la presidenta Laura Fernández y del expresidente Rodrigo Chaves, actual ministro de presidencia y de hacienda, hacia las autoridades del Poder Judicial, cuyos principales representantes no asistieron al acto.
Fernández lamentó la ausencia de magistrados y otros jerarcas judiciales, y cuestionó la falta de coordinación que, a su criterio, ha limitado la respuesta del Estado frente al crimen organizado.
Aseguró que las invitaciones habían sido enviadas por los canales oficiales de protocolo desde la semana anterior, pero que no recibieron confirmación de asistencia.
Chaves, por su parte, defendió la construcción del centro penitenciario y sostuvo que la infraestructura demuestra que el proyecto pudo ejecutarse pese a los cuestionamientos que recibió desde su anuncio.
Las declaraciones reflejaron las tensiones existentes entre el Poder Ejecutivo y las autoridades judiciales en torno a las políticas de seguridad, las medidas cautelares y el tratamiento de personas vinculadas con la criminalidad organizada. Durante el acto no se presentó una respuesta del Poder Judicial a estas críticas.
La mandataria también pidió a los diputados avanzar en el trámite de 12 proyectos de ley que, según indicó, su administración ha presentado para fortalecer la protección de las víctimas y combatir las estructuras criminales.
Al concluir su intervención, Fernández dirigió un mensaje a las organizaciones delictivas que continúan operando en el territorio nacional.
“Señoras y señores del crimen organizado, del narcoterrorismo y delincuentes violentos, aquí está su nueva casa”, expresó.
Con la inauguración del CACCO, el Gobierno costarricense inicia una nueva etapa en su política penitenciaria. No obstante, la efectividad de las medidas dependerá de los traslados, la implementación de los protocolos de seguridad y la capacidad del Estado para impedir que las organizaciones criminales continúen operando desde prisión.
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