La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica expresó su preocupación por un video difundido por el Ministerio de Justicia y Paz en el que el titular de esa cartera, Gabriel Aguilar Vargas, aparece increpando a personas privadas de libertad y anunciando su traslado inmediato a un régimen de alta contención.
La grabación fue publicada en las redes sociales oficiales del Ministerio bajo el título “Los Jachudos van directo al CACCO” y corresponde a una inspección realizada por Aguilar en un centro penitenciario. Durante el recorrido también fueron decomisadas armas punzocortantes.
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En uno de los momentos registrados, el ministro solicita identificar a las personas de uno de los dormitorios y advierte sobre posibles traslados.
“Si no se identifican los de la planta baja, se van los tres del camarote para alta contención”, señala Aguilar en la grabación.
Posteriormente, ante la respuesta de algunos de los privados de libertad, el jerarca ordena retirar a dos de ellos y les comunica que serían enviados primero al régimen de alta contención y posteriormente al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO).
“Por jugar de ser los jachudos de estos dormitorios, hoy mismo se van para alta contención y después para el CACCO”, expresó Aguilar, antes de advertir que la medida debía quedar “de lección al resto”.
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Las imágenes también muestran a algunos privados de libertad colocados en el suelo mientras son intervenidos por funcionarios penitenciarios.
Video posteado por el Ministerio de Justicia y Paz sobre el enfrentamiento entre el ministro Gabriel Aguilar y los "jachudos". Crédito: Ministerio de Justicia y Paz Costa Rica
Defensoría cuestiona el procedimiento
Tras la difusión de las imágenes, la Defensoría de los Habitantes sostuvo que el mantenimiento del orden y la seguridad penitenciaria debe realizarse dentro de los límites establecidos por la Constitución, la legislación y los procedimientos técnicos del propio sistema penitenciario.
El órgano señaló que una persona privada de libertad mantiene derechos fundamentales y cuestionó tanto la forma en que fueron expuestos los internos como el anuncio inmediato de traslados hacia regímenes de mayor seguridad.
“Una persona privada de libertad sigue siendo una persona con derechos”, señaló Angie Cruickshank, defensora.
La Defensoría sostuvo que la ubicación de una persona en un régimen de máxima seguridad o alta contención no puede depender de una decisión improvisada ni utilizarse como una forma de castigo.
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Según el organismo, existen procedimientos técnicos que deben determinar de manera objetiva y documentada si una persona cumple con los criterios necesarios para ingresar a este tipo de régimen.
La institución recordó específicamente la existencia de la Circular N.° 1-2026 del Instituto Nacional de Criminología, que contiene criterios técnicos y jurídicos para determinar la ubicación de personas privadas de libertad en establecimientos o espacios de alta contención. Esa valoración corresponde a órganos técnicos de la Dirección General de Adaptación Social.
Para la Defensoría, una decisión unilateral que omita esos pasos puede afectar principios como la legalidad y el debido proceso.
Piden frenar prácticas de exposición pública
La Defensoría también objetó el lenguaje utilizado durante el video y las condiciones en las que fueron presentados los internos.
En su comunicado calificó como preocupantes los “gritos, humillación pública”, la colocación forzada de personas en el suelo y el empleo de expresiones que consideró estigmatizantes.
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Por ese motivo, solicitó al Ministerio de Justicia cesar las prácticas de exposición pública y hostigamiento hacia las personas privadas de libertad.
Asimismo, pidió que cualquier traslado al Circuito de Alta Contención se produzca únicamente después de comprobar, mediante los procedimientos institucionales correspondientes, que cada interno cumple con el perfil requerido.
“La seguridad penitenciaria requiere autoridad, disciplina y decisiones firmes, pero la autoridad del Estado se fortalece cuando actúa respetando sus propias normas, la Constitución y los derechos humanos”, sostuvo el órgano defensor.
La Defensoría agregó que combatir la criminalidad y mantener el control de los centros penitenciarios constituye una responsabilidad del Estado, pero insistió en que esas actuaciones deben respetar el debido proceso y la dignidad de las personas bajo custodia estatal.
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Tras el primer pronunciamiento, el Ministerio de Justicia y Paz respondió mediante su oficina de prensa que Aguilar agradecía que la Defensoría estuviera pendiente de su trabajo, pero sostuvo que “su criterio no le es vinculante”.
El enfrentamiento no constituye el primer desacuerdo reciente entre ambas instituciones por el régimen de alta contención.
En junio de 2026, el Ministerio de Justicia anunció públicamente que no acataría recomendaciones de la Defensoría relacionadas con las condiciones aplicables a las personas ubicadas en ese circuito. En aquella ocasión, la cartera sostuvo que las medidas especiales respondían a criterios de seguridad, control penitenciario y combate al crimen organizado.
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El nuevo centro de alta contención
La polémica ocurre además mientras Costa Rica se prepara para poner en funcionamiento el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado, conocido como CACCO.
Al 21 de septiembre de 2026, el proyecto registraba aproximadamente un 95% de avance, mientras las autoridades trabajaban en los procesos de recepción, revisión técnica y equipamiento del inmueble.
El centro fue diseñado para albergar población penitenciaria considerada de alto riesgo dentro de una política gubernamental que busca reforzar el control sobre estructuras vinculadas al crimen organizado.
En el video que provocó la controversia, Aguilar vinculó directamente el comportamiento de algunos internos con un eventual traslado hacia ese centro.
La Defensoría, sin embargo, insistió en que cualquier reubicación de este tipo debe estar precedida por una valoración individual y documentada.
“Combatir la criminalidad y mantener el orden en los centros penitenciarios solamente es legítimo cuando se hace respetando la Constitución, el debido proceso y la dignidad humana”, concluyó la institución.
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