El Tribunal Penal de Golfito autorizó la extradición de un oficial por narcotráfico en Costa Rica

El oficial de la Fuerza Pública Michael Amador Corella, alias “Rojo”, detenido el 18 de octubre de 2025, podría convertirse en el primer policía costarricense extraditado a Estados Unidos por narcotráfico internacional. El Tribunal Penal de Golfito autorizó su entrega a pedido de la Fiscalía de California, una decisión que ahora debe revisar el Tribunal de Apelaciones de Goicoechea, según CRHoy.

La resolución del 27 de julio también alcanzó a William Ramírez, alias “Rambo”; Greivin Castro, conocido como “Precioso”; y Jorge Cordero, alias “Candado”. Los cuatro son requeridos dentro del mismo expediente por autoridades judiciales estadounidenses.

Las defensas presentaron recursos de apelación aproximadamente un mes antes y esos planteos continúan en trámite. Goicoechea deberá determinar si mantiene la autorización judicial y los sospechosos son enviados a territorio estadounidense, o si rechaza las solicitudes.

La investigación comenzó con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) que contó con la asistencia de autoridades costarricenses y de la Guardia Costera estadounidense. La organización operaba desde Golfito y trasladaba cocaína desde Colombia a través de Costa Rica y México, con destino final en Estados Unidos.

Desde 2017, la red movilizó toneladas de droga mediante embarcaciones, aviones y furgones de carga. Las autoridades decomisaron más de tres toneladas de cocaína vinculadas a la estructura durante las pesquisas.

Los implicados enfrentan cargos ante el Tribunal de Distrito del Sur de California por distribución y conspiración para traficar grandes cantidades de cocaína. Un cómplice detenido que luego colaboró con la DEA aportó información sobre la operación.

El testigo identificó a los involucrados al observar sus fotografías y confirmó que se había reunido con ellos personalmente y por medios electrónicos para coordinar actividades de narcotráfico. Las comunicaciones intervenidas reforzaron la investigación sobre la estructura criminal.

La organización compró terrenos y fincas en Sabalito de Coto Brus, una comunidad próxima a la frontera con Panamá. Utilizaba esas propiedades para ocultar cargamentos transportados por tierra y para acondicionar superficies llanas destinadas al aterrizaje de avionetas.

Las aeronaves realizaban vuelos de largo alcance y a baja altura para evitar los radares del Servicio de Vigilancia Aérea. Tras llegar a las pistas clandestinas, la droga era descargada y escondida en búnkeres o camiones.

El papel atribuido a “Rojo” en la Zona Sur

Amador Corella habría custodiado cargamentos de cocaína movilizados por tierra y mar a través del Pacífico Sur y la frontera sur de Costa Rica. También coordinaba el traslado de la sustancia una vez que ingresaba desde Panamá, con el objetivo de asegurar su paso hacia el norte del país.

El expediente le atribuye la recepción de estupefacientes trasladados en lanchas rápidas y aeronaves que aterrizaban en pistas clandestinas. Se presume que cobraba sumas fijas por cada kilogramo de cocaína que atravesaba las fronteras bajo su supervisión.

En sus primeros vínculos con actividades ilícitas, “Rojo” actuaba como intermediario logístico: daba soporte a los traslados, verificaba el estado de los cargamentos en carretera e informaba sobre movimientos policiales al cabecilla de una organización criminal. Con el tiempo, habría acumulado contactos y control sobre una red de policías corruptos en la Zona Sur.

Luego comenzó a operar de forma independiente y a adquirir sus propios cargamentos de cocaína. En vez de limitarse a cobrar comisiones por proteger mercancía ajena, presuntamente compraba la droga para revenderla a organizaciones criminales asentadas en Guatemala y México.

A partir de su arresto, las autoridades iniciaron pesquisas sobre un grupo de policías que presuntamente colaboraba con bandas de la región. Informes de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal indican que “Rojo” lideró el reclutamiento de decenas de agentes activos de la Fuerza Pública en la Región Brunca Sur.

Esos funcionarios habrían utilizado bases de datos y canales de comunicación policial para alertar a la banda sobre retenes, operativos antidrogas planificados y desplazamientos de patrullas. Paralelamente, Amador Corella habría coordinado el contrabando de licor desde la frontera sur con la banda de “Los Whiskeros”, con el fin de evadir controles fiscales y aduaneros.

El expediente de extradición señala que Ramírez Arguedas, conocido como “Kimba”, y Castro Muñoz, alias “Muñeco” o “Lalo”, dirigían y supervisaban las operaciones. Cordero Obregón, identificado como “Gordo” o “Pallín”, trabajaba para ellos, incluso en actividades de legitimación de capitales.