El Comité de Huelga de Dolores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala rechazó el 11 de septiembre la gestión del presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta KarinHerrera, ante la crisis por el encarecimiento de los combustibles y los bloqueos que durante una semana afectaron rutas en distintos puntos del país. La agrupación estudiantil exigió respuestas de fondo al alza del diésel y las gasolinas, en lugar de medidas transitorias financiadas con recursos estatales.
La organización cuestionó el subsidio aprobado por el Congreso de la República y sostuvo que no puede convertirse en una solución recurrente. “Un problema estructural no se resuelve indefinidamente con dinero público”, afirmó el comité en su declaración difundida durante la tradicional Huelga de Dolores organizada por la Facultad de Derecho.
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El nuevo mecanismo fue establecido mediante el Decreto 21-2026, aprobado de urgencia nacional el 8 de septiembre con 130 votos. La ley fijó un precio máximo de 39 quetzales por galón para el diésel y la gasolina regular, mientras que para la gasolina superior estableció un límite de 41 quetzales hasta el 31 de diciembre.
Para sostener la compensación, el Congreso destinó 2.500 millones de quetzales. El comité reclamó que las autoridades expliquen de manera precisa el costo de la medida, el origen de los fondos y las consecuencias de su eventual agotamiento.
El antecedente de un fondo ejecutado en menos de dos meses
La advertencia se apoyó en la experiencia del Decreto 11-2026, el subsidio anterior para los combustibles. Según el Ministerio de Finanzas Públicas, ese programa ejecutó 79% de un fondo de 2.000 millones de quetzales en menos de dos meses.
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Los desembolsos llegaron a 215 millones de quetzales en una sola semana. Para los estudiantes, ese ritmo de ejecución demuestra que la contención de los precios mediante transferencias públicas requiere información transparente sobre su alcance y sostenibilidad.
El pliego dirigido al Organismo Ejecutivo y al Legislativo reúne nueve peticiones. Entre ellas figuran el rechazo al subsidio como respuesta permanente, la revisión de la carga tributaria aplicada a los combustibles y la fiscalización del mercado desde la importación hasta las estaciones de servicio.
También solicitó transparencia total en el uso de los recursos públicos y una política energética nacional de largo plazo que reduzca la dependencia de Guatemala frente a las variaciones internacionales del petróleo. La propuesta incluye un diálogo con transportistas, empresarios, consumidores y organizaciones sociales.
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El aumento del combustible, advirtió la agrupación, repercute sobre el transporte y la producción de alimentos. Por ello pidió controles efectivos contra la especulación y el abuso, además de información pública sobre los precios de los productos esenciales y transparencia en las cadenas de comercialización.
“El ciudadano no puede ser el último eslabón de una cadena donde todos ganan, mientras él siempre termina pagando”, señaló el comité. La declaración también rechazó una eventual imposición de etanol como componente de los combustibles si no existen garantías técnicas y controles de calidad para los consumidores.
Bloqueos, amparo y límites a la protesta
La crisis coincidió con bloqueos impulsados por transportistas, autoridades indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán y otros sectores que rechazaron el mecanismo aprobado por el Congreso. Las protestas mantuvieron interrumpida la circulación en distintos puntos del territorio durante una semana.
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La Corte de Constitucionalidad otorgó el 9 de septiembre un amparo provisional al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, conocido como Cacif. La resolución buscó garantizar la libre locomoción y resguardar infraestructura estratégica, entre ella el Aeropuerto Internacional La Aurora.
El comité de la Facultad de Derecho reconoció el derecho constitucional a la manifestación pacífica, pero planteó que debe coexistir con los derechos al trabajo, la salud, la movilidad y la seguridad. “Ningún derecho constitucional existe de manera aislada”, indicó.
La organización pidió que las protestas se mantengan dentro de los límites legales y que cualquier actuación de las fuerzas de seguridad sea “legal, necesaria, proporcional y respetuosa de los derechos fundamentales”. También reclamó respeto irrestricto para las manifestaciones pacíficas.
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Mientras se aguardaba el reglamento del Ministerio de Energía y Minas para poner en marcha la compensación, los valores en estaciones de servicio continuaban por encima de los topes legales. Los monitoreos del 9 de septiembre ubicaron el galón de diésel en 47,39 quetzales, la gasolina superior en 43,59 quetzales y la regular en 41,59 quetzales.
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