Instituto de Libertad de Expresión en Costa Rica pide sustento técnico para nuevo canon a medios; presidenta tilda de “ridículos” los cobros actuales

El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) pidió una revisión técnica, económica y proporcional del proyecto que busca actualizar el canon que pagan las empresas concesionarias de frecuencias de radio y televisión por el uso del espectro radioeléctrico en Costa Rica.

La posición fue externada en relación con el expediente legislativo N.° 24.461, que propone reformar la Ley de Radio y modificar el esquema de cobro vigente desde hace más de siete décadas.

El IPLEX reconoció que el sistema actual requiere una actualización y que el espectro radioeléctrico es un bien público. Sin embargo, advirtió que la discusión no debería limitarse únicamente a determinar si corresponde o no cobrar por el uso de las frecuencias.

Según la organización, el punto central debe ser establecer si la metodología propuesta responde a criterios técnicos, económicos, regulatorios y constitucionales verificables, y si sus efectos pueden afectar la continuidad de los medios, el pluralismo informativo y el acceso de la población a información gratuita.

La propuesta plantea un canon progresivo calculado sobre los ingresos brutos vinculados con la explotación comercial de las frecuencias.

En el caso de la televisión, las tasas previstas oscilan entre 4.39% y 7.73%, mientras que para la radio se ubican entre 1.51% y 3.13%, una vez superados determinados umbrales de ingresos.

IPLEX señaló que, aunque el Poder Ejecutivo ha indicado que la tasa máxima afectaría únicamente a una parte minoritaria de las empresas de televisión y que el cobro se aplicaría solamente sobre los ingresos asociados al uso del espectro, existe una pregunta que considera indispensable responder.

“¿Cuál es el estudio técnico que sustenta esos porcentajes y la decisión de utilizar los ingresos brutos como base para calcular el canon?”, cuestionó la organización.

IPLEX cuestiona uso de ingresos brutos

Uno de los principales reparos del instituto está relacionado con la utilización de la facturación como referencia para definir cuánto debe pagar cada concesionario.

“La facturación no equivale necesariamente a la capacidad real de pago”, advirtió IPLEX.

De acuerdo con la organización, un canon calculado sobre ingresos brutos podría tener un impacto considerable en empresas cuyos gastos de operación consumen buena parte de sus recursos.

Entre esos costos mencionó personal, producción nacional, infraestructura, energía, mantenimiento, transmisión e impuestos.

El instituto considera que esta situación podría tener un efecto especialmente sensible sobre emisoras locales, regionales, comunitarias o de menor escala, así como sobre medios que prestan servicios informativos en comunidades con menos opciones de acceso a contenidos.

Para IPLEX, evaluar únicamente cuánto factura una empresa podría no reflejar con precisión su verdadera capacidad económica ni el costo que implica mantener una frecuencia operativa.

Advertencia sobre el acceso gratuito a información

La organización también defendió el papel de la radio y la televisión abierta como servicios de relevancia pública.

Según planteó, las frecuencias “no son únicamente un activo económico”, sino una infraestructura que permite que los contenidos lleguen gratuitamente a una parte amplia de la población.

IPLEX recordó que este tipo de medios adquiere una importancia particular durante emergencias, procesos electorales, desastres naturales y otros acontecimientos de interés público.

El impacto sería especialmente relevante para personas adultas mayores, comunidades rurales y hogares con conectividad limitada o sin acceso a servicios de suscripción.

En ese escenario, una eventual reducción en el número de medios o la salida de concesionarios de la señal abierta podría traducirse, según el instituto, en menos fuentes informativas disponibles.

“Una eventual reducción de la oferta de medios o la salida de concesionarios de la señal abierta significaría una disminución de las fuentes de información disponibles para la ciudadanía y, en consecuencia, un debilitamiento del debate democrático”, sostuvo.

No rechaza que exista un cobro

IPLEX aclaró que no se opone a que la administración del espectro incorpore un componente económico.

La organización considera legítimo que quienes utilizan un recurso público deban cumplir con obligaciones económicas, pero insistió en que esas cargas no deberían convertirse en una barrera que afecte desproporcionadamente la diversidad del ecosistema mediático.

“La libertad de expresión no se protege únicamente mediante la prohibición de la censura directa”, afirmó la organización.

A su criterio, también es necesario garantizar que las políticas públicas y cargas regulatorias se adopten de forma “razonable, transparente y proporcional”.

El instituto estableció un paralelismo entre los procesos de adjudicación de frecuencias y el establecimiento de cánones.

Mientras en la asignación de frecuencias el desafío es impedir que un costo elevado excluya determinadas voces, en el caso del canon el objetivo debería ser evitar que las cargas económicas comprometan la sostenibilidad de quienes ya operan.

Presidencia defiende la medida

La presidenta Laura Fernández expuso este domingo los montos vigentes: una radio FM paga 16 colones por día ($0.03 USD) y una televisora 328 colones ($0.66 USD) diarios por explotar frecuencias que “pertenecen a toda la sociedad”. Frente a eso, señala que una pauta de 30 segundos puede costar más de un millón de colones en televisión y 40 mil colones en una estación de radio (80.00 USD).

Fernández sostiene que la discusión no pasa por limitar voces, sino por corregir un esquema que considera injusto. La idea se apoya en que las ondas electromagnéticas son descritas como un recurso escaso y valioso que hoy es explotado por pocos operadores a cambio de sumas que el texto califica como “ridículas”.

En ese marco, también se menciona a Canal 7, que considera desproporcionado el eventual cobro. El texto responde que esa empresa sí puede pagar 600 millones de colones por transmitir los toros de Zapote o hasta mil millones por los derechos de equipos del fútbol nacional. La referencia al fútbol se usa para reforzar otra idea: que las televisoras no emiten esos partidos gratuitamente en señal abierta. El mensaje menciona de forma específica a Saprissa y a la Liga para sostener que, si el público quiere ver esos encuentros, debe pagar porque no se transmiten sin costo.

Cinco solicitudes antes de la aprobación definitiva

Ante el avance del proyecto, IPLEX hizo un llamado tanto a la Asamblea Legislativa como al Poder Ejecutivo para que se profundice el análisis antes de una eventual aprobación definitiva.

Entre sus solicitudes se encuentra que se publiquen y sometan al escrutinio público los estudios técnicos, económicos y comparados que respaldan la metodología y los porcentajes contemplados en el expediente.

También pidió evaluar de manera diferenciada el impacto sobre radios, televisoras, medios regionales y concesionarios de distintas escalas.

Además, solicitó tomar en cuenta variables como la cobertura, uso efectivo del espectro, estructura de costos, capacidad económica y sostenibilidad del servicio.

IPLEX planteó igualmente la necesidad de incorporar salvaguardas dirigidas a evitar efectos adversos sobre la radiodifusión abierta, el pluralismo informativo y el acceso gratuito a información de interés público.

Finalmente, pidió que la discusión legislativa se mantenga dentro de un marco democrático y respetuoso, “libre de descalificaciones, insinuaciones sin sustento o señalamientos que puedan estigmatizar a medios, periodistas o personas que ejercen legítimamente su derecho a participar en el debate público”.

La posición del instituto no cuestiona la necesidad de modernizar un régimen de cobros que lleva décadas vigente, pero sí pone el foco sobre la forma en que se determinarán las nuevas tarifas.

Para IPLEX, el desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la obligación de pagar por el aprovechamiento de un bien público y la necesidad de que esa carga no termine afectando la diversidad de medios ni el acceso de la ciudadanía a información gratuita.