La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en primer debate, el expediente 24,461, una reforma que actualiza el monto que las empresas de radio y televisión deberán pagar al Estado por utilizar frecuencias del espectro radioeléctrico.
El proyecto, presentado originalmente en 2024 durante la administración del entonces presidente Rodrigo Chaves, modifica parcialmente la Ley de Radio y la Ley General de Telecomunicaciones y propone sustituir el sistema de montos nominales vigente desde hace más de siete décadas por un esquema de tarifas progresivas calculadas sobre los ingresos brutos anuales relacionados con el aprovechamiento de las frecuencias concesionadas.
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La iniciativa recibió 48 votos a favor y tres en contra. Se opusieron Claudia Dobles Camargo, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Abril Gordienko López, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y Salvador Padilla Villanueva, del Partido Liberación Nacional (PLN).
Otras seis diputaciones estuvieron ausentes.
No es la primera vez que el proyecto supera el primer debate. El 27 de julio ya había recibido aval legislativo, pero posteriormente el Plenario dejó sin efecto aquella votación y retrotrajo el expediente para incorporar modificaciones mediante un texto sustitutivo.
La reforma quedó ahora pendiente de una segunda votación en el Plenario, prevista para el próximo martes. Si recibe el aval definitivo, todavía deberá pasar por la sanción del Poder Ejecutivo y su publicación en el diario oficial La Gaceta antes de convertirse en ley.
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Así funcionaría el nuevo cobro
Uno de los principales cambios consiste en abandonar las tarifas establecidas en la legislación de 1954, que actualmente contemplan pagos que, dependiendo del tipo y potencia de la estación, pueden oscilar entre apenas ₡100 (aproximadamente USD 0,22) y ₡3,000 (aproximadamente USD 6,56) anuales.
El nuevo esquema se calcularía por tramos.
Los concesionarios cuyos ingresos brutos anuales asociados al uso de la frecuencia no superen los 130 salarios de referencia quedarían exentos.
El texto utiliza como referencia un monto de ₡470,401 (aproximadamente USD 1,029), por lo que ese primer límite equivaldría aproximadamente a ₡61.15 millones (USD 133,800) anuales.
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Entre los 130 y 216 salarios de referencia, equivalentes a ingresos de entre aproximadamente ₡61.15 millones (USD 133,800) y ₡101.61 millones (USD 222,300), las radioemisoras pagarían un 1.51% sobre el tramo correspondiente, mientras las televisoras cancelarían un 4.39%.
Para ingresos comprendidos entre 216 y 1,298 salarios de referencia, hasta aproximadamente ₡610.58 millones (USD 1.34 millones), las tasas subirían a 2.52% para radio y 6.17% para televisión.
Sobre el monto que exceda los ₡610.58 millones (USD 1.34 millones) se aplicaría el nivel más alto: 3.13% para las radios y 7.73% para las televisoras.
El cobro es progresivo, lo que significa que la tasa máxima no se aplicaría sobre la totalidad de los ingresos de una empresa, sino únicamente sobre el segmento que corresponda a cada tramo.
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Además, el proyecto establece que las empresas deberán mantener una contabilidad separada para distinguir los ingresos provenientes específicamente del uso de la frecuencia de aquellos generados por otras actividades comerciales.
Exoneraciones para radios culturales y universidades
La propuesta también incorpora varias excepciones.
Quedarían exentas determinadas organizaciones religiosas y entidades sin fines de lucro de carácter informativo, cultural o recreativo. Para estas organizaciones tampoco se contabilizarían como ingresos comerciales las donaciones, ofrendas y aportes voluntarios.
También quedarían fuera del pago las estaciones culturales que no generen ingresos comerciales, las emisoras pertenecientes a universidades públicas y aquellas administradas por el Ministerio de Educación Pública (MEP).
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La iniciativa establece además un nuevo destino para los recursos recaudados.
El 50% iría al Fondo para el Fomento Audiovisual y Cinematográfico, administrado por el Ministerio de Cultura y Juventud, mientras la otra mitad permanecería en el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) para actividades relacionadas con la administración del espectro y fiscalización de las concesiones.
Debate por libertad de prensa y sostenibilidad de los medios
La discusión estuvo marcada por cuestionamientos sobre el eventual impacto económico del nuevo canon y las garantías para preservar la independencia de los medios.
La diputada oficialista Nayuribe Guadamuz, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), defendió que la iniciativa no regula los contenidos periodísticos.
“La libertad de prensa no está en discusión; los medios tienen todo el derecho de fiscalizar al Gobierno, a la Asamblea Legislativa y al Poder Judicial”, manifestó.
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Guadamuz argumentó que el objetivo es únicamente actualizar cuánto deben pagar los concesionarios por utilizar un bien público.
“Este proyecto no establece qué puede decir un medio; lo que sí establece es cuánto corresponde pagar por aprovechar y hacer uso de una frecuencia pública, que le pertenece a todos los costarricenses. Eso es más razonable que seguir aplicando, en 2026, reglas aprobadas en 1954”, sostuvo.
El jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, también defendió la actualización y señaló que debe existir una retribución adecuada por la utilización del espectro, pero acompañada de seguridad jurídica y garantías para los medios independientes.
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“Consideramos que este proyecto le conviene al país y conviene actualizar los cánones y las tarifas para que pueda haber una retribución correcta del uso de un recurso importante que el Estado costarricense tiene y que esa actualización sea compatible con ese ejercicio de la libertad de prensa y de los medios independientes”, indicó.
Las críticas de Dobles y Gordienko
La diputada Claudia Dobles cambió su posición a última hora y terminó votando contra el proyecto.
Aunque respaldó la necesidad de modernizar el canon, cuestionó que los porcentajes no estuvieran sustentados, a su criterio, en estudios técnicos suficientes.
“El canon se debe actualizar, es lo justo y lo que necesita Costa Rica, pero esa actualización debe responder a ciencia y técnica y debe responder a estudios técnicos que justifiquen ese porcentaje”, afirmó.
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Una posición más dura expresó Abril Gordienko, quien calificó el esquema como potencialmente “confiscatorio” y cuestionó que se aplique sobre ingresos brutos.
“Aquí no hay criterios técnicos, objetivos ni razonables y me parece un grave error fijar el canon sobre el ingreso bruto de los concesionarios”, sostuvo.
La legisladora agregó que, a su criterio, la reforma podría afectar no solo a grandes empresas, sino también a medios de menor tamaño y a ciudadanos que dependen de la radio y la televisión abierta como fuentes principales de información y entretenimiento.
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