
Costa Rica reportó 754,510 hogares con algún tipo de deterioro o carencia en la vivienda en 2025, según el informe elaborado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y la Universidad de Costa Rica. El documento, sustentado en la Encuesta Nacional de Hogares, sostiene que se necesitarían 150,000 viviendas nuevas para atender tanto a quienes no poseen vivienda propia como a quienes viven en inmuebles que no pueden rehabilitarse.
El número de hogares afectados aumentó en 161,667 durante un periodo de nueve años, pasando de 592,843 en 2016 a 754,510 en 2025. No obstante, la proporción de hogares con necesidades habitacionales dentro del parque residencial nacional disminuyó: la cifra bajó del 51.9% al 40.3%, una reducción de 11.6 puntos porcentuales, atribuida al crecimiento general del número de viviendas en el país, según datos reportados por El Observador.
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El sociólogo Franklin Solano, coordinador del informe, señaló que una parte considerable del déficit corresponde a viviendas en estado regular, ya que con el tiempo tienden a deteriorarse más. También informó que casi la mitad de los hogares vive en condiciones no completamente adecuadas o en casas en mal o regular estado. Solano detalló que las viviendas consideradas irrecuperables presentan defectos en elementos estructurales básicos como techo, paredes o piso, y no admiten mejoras. “No son viviendas mejorables o recuperables; realmente habría que botarlas y hacerlas nuevas”, explicó. El informe también señala que muchas familias habitan en condiciones de riesgo, como orillas de ríos o zonas propensas a deslizamientos o desastres.

En cuanto a los asentamientos informales, el país registró 576 en 2025, lo que representa un 50% más que en 2013. El análisis del CFIA y la UCR describe así una doble presión: por un lado, la necesidad de nuevas construcciones para el déficit más severo y, por otro, el aumento de hogares en inmuebles que avanzan hacia mayor desgaste o en zonas de riesgo.
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Dinámica de la construcción y acceso a subsidios
El año 2025 fue el segundo con mayor cantidad de viviendas construidas en los últimos trece años, según el estudio citado por El Observador. Se tramitaron más de 26,000 permisos para nuevas viviendas, y la mayoría de esta actividad correspondió a esfuerzos privados. Los subsidios estatales, aunque también aumentaron, tuvieron menor peso relativo que en años anteriores: en el pasado, los bonos de vivienda llegaron a representar hasta la mitad de las viviendas tramitadas, pero en la actualidad su participación ronda el 40%.

La entrega de bonos mostró una mejora respecto a los años inmediatamente previos, aunque no alcanzó los niveles anteriores a la pandemia. Solano indicó que antes de la crisis sanitaria, más del 90% de los bonos se destinaba a los estratos de menores ingresos (uno y dos), mientras que en 2025 el porcentaje alcanzó el 70%, y para el estrato uno, el 56%. Esto implica que, además de la reducción en la cantidad de bonos, disminuyó la proporción dirigida a los hogares con menores ingresos dentro del total entregado.
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El informe mencionó también que el 47% de las edificaciones irregulares identificadas se encontraba en una etapa avanzada del proceso constructivo.
En conjunto, los datos del informe reflejan que el déficit habitacional implica tanto el número de viviendas que requieren ser construidas como la calidad y condiciones de las existentes, junto con la dinámica cambiante del acceso a los subsidios y la expansión de los asentamientos informales.
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