Colombiana es detenida por presunta venta de bases de datos de entidades estatales de Panamá

La detención provisional de una ciudadana colombiana marca uno de los recientes avances de la Procuraduría General de la Nación en el combate a delitos vinculados a la seguridad informática y la propiedad intelectual.

La mujer fue interceptada en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, tras una alerta roja generada por investigaciones iniciadas en 2020.

Las autoridades la relacionan con la supuesta venta de bases de datos pertenecientes a entidades estatales, incluido el Tribunal Electoral.

En la audiencia respectiva, la Fiscalía presentó cargos por delitos contra la seguridad informática y blanqueo de capitales.

El Ministerio Público argumentó la necesidad de una medida cautelar, resultando en la orden judicial de detención provisional para la imputada. La decisión busca asegurar la presencia de la acusada durante la investigación y evitar riesgos procesales.

En otro proceso, la Fiscalía Superior Anticorrupción consiguió que se imputaran cargos a la misma ciudadana por un supuesto delito contra la administración pública, bajo la figura de peculado agravado.

Este expediente se relaciona con la operación “Cimiento Cero”, que llevó a la aprehensión de la extranjera en Tocumen.

La investigación apunta a un perjuicio económico al Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), con un daño estimado de $612,629.07, derivado de presuntas irregularidades en proyectos sociales en los distritos de Macaracas y Guararé, provincia de Los Santos.

Durante la audiencia, la jueza determinó que la detención provisional es la medida más adecuada y proporcional mientras se desarrollan las investigaciones. La investigación sigue su curso, con la ciudadana bajo custodia hasta que se esclarezcan los hechos.

Otros casos judiciales

En la provincia de Chiriquí, la Fiscalía Regional logró la imputación y detención de un hombre de 41 años, vinculado a dos casos de hurto agravado contra una mujer de 52 años y un hombre de 42.

Los delitos ocurrieron en el distrito de David, el 28 de julio de 2025 y el 26 de junio de 2026, afectando a las víctimas con pérdidas de $3,000 y $2,300, respectivamente.

El imputado empleaba tecnología para vulnerar la seguridad de los vehículos tras seguir a sus víctimas desde el banco hasta sus automóviles. La representante del Ministerio Público presentó todas las pruebas al juez de garantías, quien admitió las solicitudes de la Fiscalía.

Este individuo no es ajeno al sistema penal: cuenta con antecedentes por hurtos en varias provincias y sentencias previas por pandillerismo dictadas en 2008 y 2019.

El Tribunal de Apelaciones de Panamá Oeste ratificó la detención provisional de dos hombres y una mujer, vinculados a un caso de robo agravado ocurrido el 8 de agosto de 2026 en La Chorrera.

Según la investigación, los hombres ingresaron armados a una residencia en la barriada La Revolución, apoderándose de bienes de las víctimas antes de huir en un vehículo.

La Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico sustentó ante los magistrados los riesgos de destrucción de pruebas y la posibilidad de represalias contra las víctimas. Estos argumentos motivaron la confirmación de la medida cautelar para los tres acusados.

De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, la Policía Nacional logró la aprehensión de los sospechosos mediante el uso de cámaras de videovigilancia, reforzando el caso presentado por el Ministerio Público.

De igual manera, el Tribunal de Garantías legalizó la aprehensión, formuló imputación y ordenó la medida cautelar de detención provisional por el término de 6 meses para un hombre de 23 años de edad, por su presunta vinculación con el delito contra el orden jurídico familiar y el estado civil, en la modalidad de violencia doméstica, en perjuicio de su pareja de 22 años.

Durante el desarrollo de la audiencia de solicitudes múltiples, la Fiscalía presentó los elementos de convicción recabados; se sustentó el informe del Centro de Salud de Soloy, las entrevistas a la víctima, las medidas de protección emitidas, el informe de atención y el informe pericial del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cual confirmó que la dama tenía varias lesiones en su cuerpo y estableció una incapacidad médico-legal de 15 días.