Oposición pide a Sala IV frenar decreto de Laura Fernández sobre secreto de Estado

El Bloque Democrático, integrado por las bancadas del Partido Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y la bancada de Coalición, presentó ante la Sala Constitucional una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo N.° 45870-MSP, impulsado durante la administración de la presidenta Laura Fernández.

La agrupación opositora sostiene que la normativa establece un alcance excesivo del concepto de “secreto de Estado” al incluir información relacionada con organismos y estructuras vinculadas con la seguridad nacional, entre ellas el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y la denominada “Fuerza Élite”.

El reclamo presentado ante la Sala IV busca frenar lo que el bloque considera un “cerco de opacidad” sobre información relacionada con presupuestos, compras públicas y contrataciones vinculadas con estas estructuras.

El Bloque Democrático sostiene que la protección de la seguridad nacional es una función esencial del Estado, pero considera que esta no puede utilizarse como argumento para impedir de manera generalizada el acceso a información sobre el uso de recursos públicos.

“Con la seguridad, los derechos y la plata de la ciudadanía no se juega”, señala el comunicado difundido este 19 de agosto de 2026, en el que las agrupaciones políticas justificaron la presentación del recurso.

Los diputados argumentan que los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo se utilizan los recursos públicos y que las instituciones encargadas de fiscalizar el gasto estatal deben contar con información suficiente para ejercer sus funciones.

Según la posición expresada por el bloque, ocultar presupuestos, compras públicas y contrataciones bajo una interpretación amplia de la seguridad nacional podría impedir controles sobre las decisiones administrativas del Poder Ejecutivo.

La agrupación también advierte que una falta de fiscalización podría facilitar “negocios poco transparentes con el Estado” y generar riesgos asociados al uso discrecional del aparato de seguridad pública.

Mandataria defiende la iniciativa para luchar contra la criminalidad en Costa Rica

Tras varias consultas de la prensa, días atrás, Fernández explicó las razones por las cuales tanto ella como su equipo de trabajo decidieron declarar “Secreto de Estado” cualquier información relacionada con el combate de la criminalidad en Costa Rica.

“La información pública relacionada con la seguridad nacional siempre va a ser de acceso libre. Ahora bien, lo que no va a ser de acceso libre es la información que pueda poner en riesgo la seguridad nacional. ¿Como cuál? Como, por ejemplo, ¿Qué tipo de armas tienen nuestros policías? ¿Cuáles son los horarios de los patrullajes? ¿Dónde van a ser los próximos decomisos de drogas? ¿Cómo están los operativos policiales?“, indicó la gobernante.

Fernández aseguró que publicar información de más, podría poner en peligro el combate que se está haciendo a la seguridad. También indicó que será el Consejo Nacional de Seguridad quien determine que deberá de ser declarado confidencial.

“¿O usted quiere que los mismos narcos sepan qué día voy a hacer yo los operativos?”, concluyó la mandataria ante las consultas de la prensa.

Cuestionan el alcance del secreto de Estado

Pero uno de los principales argumentos de la acción de inconstitucionalidad de las bancadas está relacionado con los límites que, según los legisladores, deben existir para declarar información como secreto de Estado.

El Bloque Democrático reconoce que existen asuntos relacionados con la seguridad que deben mantenerse bajo reserva. Sin embargo, sostiene que esas excepciones deben cumplir condiciones de excepcionalidad, proporcionalidad y justificación, además de respetar la reserva de ley.

La acción presentada ante la Sala IV plantea que el decreto podría afectar directamente garantías establecidas en la Constitución Política de Costa Rica.

Uno de los artículos señalados es el 27, relacionado con el derecho de petición. La norma establece: “Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución”.

A criterio del bloque, el decreto limita la capacidad de ciudadanos y representantes legislativos para solicitar información y exigir explicaciones sobre el destino de los fondos públicos.

El segundo eje de la acción está relacionado con el artículo 30 de la Constitución Política, que establece el derecho de acceso a los departamentos administrativos para obtener información sobre asuntos de interés público, con la excepción de los secretos de Estado.

La oposición sostiene que precisamente esa excepción no puede convertirse en una regla general para mantener información administrativa fuera del alcance de la ciudadanía y de los órganos fiscalizadores.

En el documento presentado ante la Sala Constitucional se cuestiona que una declaratoria general de secreto pueda aplicarse a información de esta naturaleza.

Contrataciones y uso de fondos públicos en el centro del reclamo

Uno de los puntos que genera mayor preocupación para el Bloque Democrático es la posibilidad de que el alcance del decreto termine protegiendo información relacionada con contrataciones, licitaciones y decisiones administrativas bajo el argumento de que están vinculadas con la seguridad nacional.

Para los legisladores, una interpretación amplia de esta excepción podría dificultar la fiscalización de los recursos públicos y limitar la capacidad de la ciudadanía para conocer cómo se toman determinadas decisiones dentro de las instituciones encargadas de la seguridad.

El planteamiento no cuestiona, según el comunicado, la necesidad de mantener bajo reserva información cuya divulgación pueda comprometer operaciones o capacidades sensibles del Estado. La crítica se dirige al alcance que tendría una clasificación general que pueda abarcar información administrativa y financiera.

El bloque considera que la seguridad nacional y la transparencia no deben ser conceptos incompatibles y que las medidas de protección deben estar delimitadas para evitar que la reserva se extienda a información que no requiere ese nivel de confidencialidad.

La agrupación política también advierte sobre lo que considera un posible riesgo para el control democrático de las instituciones de seguridad, al señalar que la ausencia de controles podría facilitar un uso discrecional de recursos y estructuras estatales.

Piden suspender el decreto mientras se resuelve la acción

Además de solicitar que la Sala Constitucional analice el fondo del decreto, el Bloque Democrático pidió la suspensión inmediata de los efectos del Decreto Ejecutivo N.° 45870-MSP mientras se determina si la normativa es compatible con la Constitución.

La solicitud se fundamenta, según el comunicado, en la gravedad de las consecuencias que podría tener la aplicación de la normativa sobre la transparencia, las finanzas públicas y el control democrático.

Ahora corresponderá a la Sala Constitucional tramitar la acción y determinar si existen fundamentos para estudiar los cuestionamientos planteados por las bancadas opositoras.

El caso coloca nuevamente en el centro del debate político la tensión entre la necesidad de proteger información sensible relacionada con la seguridad nacional y el derecho de la ciudadanía a conocer cómo se administran los recursos públicos.

Para el Bloque Democrático, el límite debe estar marcado por la Constitución y por la obligación de rendir cuentas.

“La seguridad nacional no se defiende ocultando facturas ni debilitando el Estado de Derecho; se defiende con rendición de cuentas, legalidad y absoluto respeto a la Constitución”, concluyó el bloque en el comunicado con el que anunció la presentación de la acción.