Costa Rica busca ampliar la extradición de nacionales por sicariato, lavado de dinero y otros delitos del crimen organizado

El Gobierno de Costa Rica dio un nuevo paso en su estrategia para combatir el crimen organizado al presentar ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional que ampliaría los delitos por los cuales un ciudadano costarricense puede ser extraditado a otro país.

La propuesta, anunciada por la presidenta Laura Fernández como parte de un paquete de proyectos de ley en materia de seguridad, pretende extender las causales de extradición más allá del narcotráfico y el terrorismo, que son los únicos delitos contemplados actualmente en la Constitución Política.

Si la iniciativa obtiene el respaldo del Congreso, las autoridades podrán autorizar la extradición de costarricenses requeridos por otros Estados por delitos de legitimación de capitales, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos y tejidos humanos, sicariato, homicidios relacionados con organizaciones criminales, participación en estructuras criminales transnacionales, cibercrimen, ciberfraude y ciberterrorismo.

Durante la presentación de la propuesta, Fernández aseguró que la nacionalidad no debe convertirse en una herramienta para que integrantes de organizaciones criminales internacionales eviten enfrentar procesos judiciales fuera del país.

“La nacionalidad es un derecho y un orgullo para millones de ciudadanos honestos; no es un escudo para miembros de organizaciones criminales transnacionales. No puede haber un abuso en el entendido de la nacionalidad”, afirmó la mandataria.

Según el Ejecutivo, la reforma responde a la evolución de las redes delictivas, que cada vez operan de manera más coordinada entre distintos países y participan simultáneamente en actividades como el narcotráfico, el lavado de dinero, el tráfico de armas, la trata de personas y los delitos informáticos.

La iniciativa representa un nuevo capítulo en la transformación del sistema de extradición costarricense. En mayo de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó una histórica reforma al artículo 32 de la Constitución Política, con la que se eliminó la prohibición absoluta de extraditar a ciudadanos costarricenses, incluidos los extranjeros naturalizados.

Antes de ese cambio constitucional, Costa Rica impedía la entrega de sus nacionales a cualquier otro país, independientemente de la gravedad de los delitos que se les atribuyeran. Las autoridades sostenían que esa restricción era aprovechada por organizaciones criminales, cuyos integrantes obtenían la nacionalidad costarricense o permanecían en el país para evitar ser procesados en otras jurisdicciones.

Con la reforma aprobada en 2025, Costa Rica comenzó a extraditar nacionales exclusivamente por delitos relacionados con narcotráfico y terrorismo. Desde entonces, varias personas han sido entregadas a autoridades de Estados Unidos y Europa en el marco de investigaciones por delincuencia organizada.

Uno de los casos más relevantes fue el del exministro de Seguridad Pública y exmagistrado Celso Gamboa, quien fue extraditado a Estados Unidos tras ser requerido por presuntos delitos vinculados con el narcotráfico. Su entrega se convirtió en uno de los primeros casos de alto perfil en los que se aplicó la nueva normativa y marcó un precedente en la cooperación judicial internacional del país.

Ahora, el Gobierno considera que limitar la extradición únicamente a los delitos de narcotráfico y terrorismo deja por fuera otras conductas que también son impulsadas por organizaciones criminales transnacionales y que generan un fuerte impacto en la seguridad pública.

Entre ellas destacan el sicariato, que en los últimos años ha aumentado de forma paralela a la violencia ligada al narcotráfico; el lavado de dinero, considerado uno de los principales mecanismos para financiar actividades ilícitas; así como el tráfico de armas y la trata de personas, delitos que con frecuencia son investigados mediante operaciones coordinadas entre varios países.

La propuesta deberá seguir el procedimiento establecido para las reformas constitucionales, por lo que necesitará la aprobación de la Asamblea Legislativa.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca ampliar las herramientas jurídicas disponibles para fortalecer la cooperación con autoridades extranjeras, facilitar el juzgamiento de personas requeridas por delitos graves y evitar que la nacionalidad costarricense continúe siendo utilizada como un mecanismo para eludir la acción de la justicia internacional.