
El Ministerio de Salud intensificó sus acciones de fiscalización en la capital y, como resultado de un operativo interinstitucional realizado en el sector conocido como La Coca Cola, en San José, decomisó 5,444 unidades de productos que incumplían la normativa sanitaria vigente.
La intervención se desarrolló en conjunto con el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Tributación y la Policía Municipal, instituciones que coordinaron esfuerzos para inspeccionar mercancías comercializadas en la zona y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación costarricense.
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Además del decomiso, las autoridades informaron sobre la retención de otros 1,123 artículos, cuya situación será analizada conforme a los procedimientos administrativos correspondientes.
De acuerdo con el Ministerio de Salud, la mayor parte de los productos retirados del mercado carecía del registro sanitario obligatorio, mientras que otros presentaban incumplimientos relacionados con el etiquetado, requisito indispensable para garantizar que los consumidores tengan acceso a información clara sobre el origen, composición y características de los artículos que adquieren.

Entre la mercancía decomisada figuran productos de interés sanitario, como cosméticos y perfumes, cuya comercialización está sujeta a controles específicos debido a que tienen contacto directo con el cuerpo humano y deben cumplir estándares que garanticen su seguridad y calidad.
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Las autoridades recordaron que la ausencia de un registro sanitario impide verificar aspectos fundamentales relacionados con la fabricación y distribución de estos productos. Según explicó el Ministerio, cuando un artículo no cuenta con la autorización correspondiente, no es posible garantizar las condiciones en que fue elaborado, la calidad e inocuidad de las materias primas utilizadas ni las condiciones de transporte y almacenamiento durante toda la cadena de comercialización.
Asimismo, advirtió que este tipo de mercancías podría corresponder a productos falsificados, adulterados o elaborados sin cumplir los estándares de seguridad establecidos, lo que representa un riesgo potencial para la salud de quienes los utilizan.
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Ante este panorama, el Ministerio de Salud hizo un llamado a la ciudadanía para extremar las precauciones al momento de realizar compras y verificar que los establecimientos donde adquieren productos operen de forma autorizada.

La institución insistió en que los consumidores deben asegurarse de que los productos que requieren registro sanitario cuenten efectivamente con esa autorización antes de utilizarlos, ya que esta certificación constituye una garantía de que fueron sometidos a los controles establecidos por la normativa nacional.
El operativo forma parte de las estrategias permanentes de vigilancia sanitaria que desarrollan las autoridades para combatir la comercialización de mercancías irregulares y proteger la salud pública.
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Según indicó el Ministerio, este tipo de acciones continuará realizándose en diferentes puntos del país con el objetivo de detectar productos que incumplan la legislación, prevenir riesgos para los consumidores y fortalecer el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente.
Las inspecciones también buscan desalentar la venta de mercancías de origen incierto que ingresan al mercado sin cumplir los procesos de control requeridos, una práctica que puede afectar tanto a los consumidores como a los comercios que sí operan dentro del marco legal.
Las autoridades reiteraron que la colaboración entre las distintas instituciones permite reforzar la fiscalización en zonas de alta actividad comercial y mejorar la capacidad de respuesta frente a posibles irregularidades.
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Finalmente, el Ministerio de Salud recordó que la protección de la salud pública depende tanto de las labores de vigilancia de las instituciones como de la responsabilidad de los consumidores al elegir dónde y qué productos comprar. Por ello, insistió en que adquirir mercancías únicamente en establecimientos autorizados y verificar el cumplimiento de los requisitos sanitarios constituye una de las principales herramientas para reducir los riesgos asociados al uso de productos sin control oficial.
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