Bandas criminales buscan menores en escuelas para explotación sexual en Costa Rica

Las bandas criminales han comenzado a utilizar las escuelas y colegios como lugares para captar a menores de edad en redes de explotación sexual comercial, según lo revela el Informe Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) publicado este año. El documento, elaborado por el Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Pridena) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (Ineina) de la Universidad Nacional (UNA), describe cómo los entornos educativos en Puntarenas, Corredores y Garabito han sido utilizados para el reclutamiento de víctimas.

La investigación, que fue citada por CR Hoy en su cobertura, identifica que la problemática se agrava por la exclusión social, la pobreza, la desmotivación estudiantil, la falta de oportunidades y la presencia del narcotráfico. Todos estos factores han creado un ambiente donde los menores de edad resultan vulnerables ante las redes de explotación sexual.

Según el informe, los centros educativos cumplen una doble función. Por un lado, se presentan como espacios de protección institucional para los estudiantes. Por otro, pueden convertirse en escenarios donde operan redes de explotación sexual comercial. Dentro de las escuelas y colegios, algunos menores de edad, que ya se encuentran vinculados a grupos criminales, buscan reclutar a sus propios compañeros para integrarlos en estas redes.

Entre las formas de captación identificadas, destaca que el primer contacto con las víctimas puede producirse dentro de los mismos centros educativos. Los grupos criminales utilizan a estudiantes para acercarse a otros alumnos y convencerlos de integrarse a la red con promesas de protección y beneficios económicos. Además, el informe advierte que las redes sociales juegan un papel importante, ya que son empleadas para captar víctimas y para promover la cosificación y sexualización del cuerpo femenino.

El estudio también señala la falta de una estadística específica en Costa Rica sobre procesos judiciales relacionados con la explotación sexual comercial de personas menores de edad. Aunque existen delitos vinculados, la carencia de datos dificulta dimensionar la magnitud del problema. Como referencia, el Ministerio Público reportó durante 2025 un total de 3,203 casos por el delito de relaciones sexuales con personas menores de edad.

En cuanto a la respuesta institucional, la investigación indica que las fiscalías especializadas han dirigido sus esfuerzos en el endurecimiento de las penas, sin avanzar en igual medida en la prevención. El informe resalta la necesidad de fortalecer las acciones preventivas a través de una mayor inversión social y la creación de un programa nacional de prevención de la explotación sexual.

Ante la consulta sobre las acciones del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), la institución reconoció que enfrenta importantes desafíos para garantizar los derechos de las personas menores de edad, especialmente de las víctimas. El PANI destacó que la complejidad del fenómeno y de los delitos asociados exige la articulación de procesos integrales, interinstitucionales e intersectoriales.

El análisis desarrollado por Pridena y Ineina se basó en información aportada por diferentes instituciones públicas, entre ellas el PANI, y en relatos de familias afectadas. El informe incluye el caso de una madre que detalló cómo su hija fue contactada indirectamente por un grupo criminal a través de otra estudiante del colegio. Esta situación evidencia el nivel de vulnerabilidad al que están expuestos los menores de edad en los entornos educativos.

La investigación concluye que la presencia del narcotráfico, la violencia y las brechas sociales han facilitado la operación de redes de explotación sexual comercial que utilizan estrategias de captación cada vez más sofisticadas. El fenómeno afecta tanto a las víctimas como a las instituciones encargadas de su protección, que reconocen la necesidad de respuestas más amplias y coordinadas para hacer frente a esta problemática.