La minería ilegal en Crucitas transformó a esta zona rural del norte de Costa Rica en un foco de conflicto ambiental y de seguridad. En un área de 30 km², la extracción de oro afecta a unas 15 comunidades, mientras la Sala Constitucional ordenó en marzo de 2026 medidas urgentes para proteger la salud, el ambiente y el acceso al agua en este golpeado territorio.
Las autoridades costarricenses calificaron la situación en Crucitas como una “emergencia nacional”. La actividad provocó deforestación, contaminación de fuentes acuáticas con mercurio y la proliferación de campamentos irregulares, en un contexto que favorece la violencia y otros delitos.
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Crucitas está en el distrito de Cutris, en el cantón de San Carlos, provincia de Alajuela, cerca de la frontera con Nicaragua. La riqueza aurífera y su ubicación en corredores biológicos la convirtieron en un punto de interés para actores legales e ilegales.
El valor del territorio y el deterioro ambiental
El área forma parte del Corredor Biológico San Juan La Selva, de la Reserva de Biosfera Agua Paz y del Corredor Binacional El Castillo San Juan La Selva. Allí, múltiples especies dependen de la conectividad ecológica.
La región también está reconocida como una de las “áreas importantes para la conservación de aves” por BirdLife, por su relevancia para aves migratorias y mamíferos de gran tamaño. La degradación del hábitat por la minería amenaza la biodiversidad y fragmenta corredores biológicos.
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El origen del conflicto y por qué es tan importante Crucitas
El conflicto se agravó tras la anulación judicial del proyecto de minería industrial de la empresa canadiense Industrias Infinito y la prohibición legal de la minería metálica a cielo abierto en 2010.
Ese vacío fue aprovechado por coligalleros (extractores irregulares de oro) y redes criminales, que intensificaron la extracción y el tráfico de oro hacia Nicaragua.
Estudios oficiales calculan que en los cerros de Crucitas habría unas 64 toneladas de oro, valuadas en los años noventa en unos USD 2,500 millones y que, con la cotización actual, podrían alcanzar los USD 10,000 millones.
La onza producida en Crucitas se comercializa cerca de USD 4,115, según el ministro de Seguridad Pública Mario Zamora, y los ingresos ilícitos anuales rondan los 1,000 millones de colones- unos USD 2,204, millones.
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Qué ocurre hoy en Crucitas
Actualmente, Crucitas enfrenta tres frentes: degradación ambiental, violencia vinculada a la minería ilegal y disputa política sobre el futuro del territorio. El uso intensivo de mercurio y otros químicos contaminó fuentes de agua y generó alertas del Colegio de Geólogos y del Ministerio de Salud.
La Sala Constitucional destacó la pérdida de biodiversidad como un daño ambiental irreparable que justifica una intervención urgente.
Las comunidades locales, integradas en su mayoría por familias campesinas, trabajadores agropecuarios y migrantes, viven en condiciones de pobreza y con acceso limitado a servicios básicos. La expansión del área impactada extendió los riesgos más allá del antiguo polígono minero.
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El debate político
La visita de la presidenta Laura Fernández a la Zona Norte la semana pasada - donde fue sacada de emergencia luego de una explosión- y los llamados públicos a discutir el futuro de Crucitas reactivaron el debate.
Algunos sectores proponen reforzar la prohibición minera; otros plantean formalizar una “minería responsable”, y otros impulsan alternativas de desarrollo no minero.
La discusión ocurre en medio de presiones geopolíticas, con contrabando de oro hacia Nicaragua y la posibilidad de sanciones internacionales.
El proyecto de ley presentado hace casi dos años para habilitar la minería bajo ciertas condiciones tiene respaldo parcial del Ejecutivo. Sus defensores sostienen que permitir la actividad formal ayudaría a “poner orden”, mientras sus detractores advierten sobre el riesgo de legalizar la devastación ambiental y entregar el territorio a intereses privados.
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Impacto social y tensiones en las comunidades
La presencia de migrantes nicaragüenses, muchos de ellos en situación irregular, es un rasgo dominante en Crucitas. Diversas fuentes señalan que una parte de los mineros ilegales son extranjeros en condiciones de vulnerabilidad, sometidos al control de redes criminales que operan en la zona.
La Sala Constitucional subrayó que la minería ilegal compromete la soberanía, la seguridad pública y los derechos de la población local. El conflicto generó divisiones dentro de las comunidades: mientras algunos ven en la minería una salida ante la falta de oportunidades, otros denuncian la contaminación, la violencia y el deterioro del tejido social. La respuesta estatal fue percibida como insuficiente y reactiva, sin ofrecer alternativas sostenibles para las familias afectadas.
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