Asamblea Legislativa de Costa Rica aprueba reforma para alianzas estratégicas de ente portuario y abre camino a la nueva marina de Limón

El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó el expediente 24.259, una reforma a la ley orgánica de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), que autoriza a la institución a celebrar alianzas estratégicas orientadas a promover proyectos de inversión e infraestructura en la provincia de Limón. La aprobación se da tras varios meses de discusión y consenso entre las diversas fracciones legislativas, lo que permitió alcanzar un acuerdo sobre el texto definitivo del proyecto.

La reforma, que ahora continuará su trámite en la corriente legislativa para convertirse en ley de la República, representa un avance significativo para la región Caribe del país. Esta modificación normativa permitirá a JAPDEVA establecer alianzas con actores privados o públicos, bajo un marco legal más sólido, con el objetivo de atraer inversión, generar empleo, fortalecer el turismo e impulsar iniciativas de desarrollo regional. El caso más emblemático que se menciona en el debate es el proyecto de la nueva marina de Limón, considerado estratégico para la dinamización del sector turístico y la economía local.

Uno de los principales ajustes incorporados durante el proceso legislativo fue la inclusión de un canon obligatorio que deben pagar los aliados estratégicos. Según el texto aprobado, los contratos de alianza deberán contemplar el pago de un canon que no podrá ser inferior al 1,5 % de los ingresos brutos generados por cada alianza, en línea con una observación de la Contraloría General de la República. Este canon está destinado a financiar la fiscalización y el seguimiento de los contratos, permitiendo a JAPDEVA contar con los recursos necesarios para supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y evitar prácticas lesivas para el interés público.

Durante la discusión parlamentaria, diversos legisladores destacaron que la nueva figura permitirá subsanar vacíos legales y administrativos que en el pasado dificultaron la ejecución de proyectos de infraestructura en la región. “Ese canon permitirá que haya una fiscalización, un seguimiento de las obligaciones contractuales y que no se repita historias tristes, que ustedes conocen bien, de otros contratos que se han hecho, que han sido desequilibrados y en los cuales los concesionarios andan por la libre”, afirmó José María Villalta, diputado del Frente Amplio. El consenso alcanzado también responde a la necesidad de establecer mecanismos claros de control y transparencia en el manejo de recursos públicos.

El proyecto, además, responde a una sentencia de la Sala Constitucional que exigía al Estado costarricense establecer definiciones y condiciones precisas para las alianzas estratégicas en el ámbito público. Hasta ahora, aunque existían reglamentos y condiciones previas, el marco legal no había sido robustecido, lo que limitaba la capacidad de JAPDEVA para atraer inversiones y compartir riesgos con sus socios estratégicos. “La relevancia de este proyecto radica en que representa el mejor mecanismo para compartir el riesgo y asegurar inversiones en la región”, explicó al asambleísta Nogui Acosta.

La aprobación de la reforma es vista como un paso fundamental para abordar parte de las deudas históricas que el Estado mantiene con la provincia de Limón. Los diputados que respaldaron la iniciativa señalaron que la falta de empleo, las dificultades de acceso a servicios de salud y la ausencia de proyectos de infraestructura han marcado la vida de miles de habitantes de la región. “El sufrimiento de la gente que no tiene empleo, el sufrimiento de la gente que tiene que venir a hacerse quimioterapias a la gran área metropolitana, son deudas históricas del Estado costarricense”, sostuvo el diputado Mangell Mc Lean.

La reforma, además de abrir la puerta a la inversión privada y facilitar la ejecución dJe proyectos como la marina de Limón, establece un precedente para la gestión de futuras alianzas estratégicas en la administración pública. El expediente aprobado incluye disposiciones para asegurar la transparencia y el adecuado uso de los recursos, así como la fiscalización de todos los contratos celebrados bajo este nuevo esquema. El canon establecido se perfila como un instrumento clave para evitar que los concesionarios operen sin controles efectivos y para garantizar que los beneficios de las inversiones lleguen a la población local.

Con este paso legislativo, la provincia de Limón podría experimentar una transformación en su tejido productivo y social, a partir de la atracción de inversiones y el desarrollo de infraestructura. El proyecto continuará su curso en la Asamblea Legislativa, donde deberá superar las etapas finales antes de convertirse en ley de la República, con la expectativa de que pueda incidir positivamente en la calidad de vida de los limonenses y en la proyección económica del Caribe costarricense.