El gobierno de Costa Rica elevó una advertencia en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) al señalar su “enorme preocupación por la persistente y reciente presencia en Nicaragua de fuerzas militares rusas y de organizaciones terroristas como Hamás y Hizbulá”. La declaración la realizó el canciller costarricense Manuel Tovar este martes, quien informó sobre la detención reciente de personas supuestamente vinculadas a Hamás en territorio costarricense, según reportó la agencia EFE.
Ante los representantes del continente, Tovar expuso que la situación en Nicaragua afecta la estabilidad de la región y destacó la importancia de la adopción de una declaración sobre la crisis nicaragüense, aún en fase de borrador. Según lo relatado por EFE, el ministro afirmó: “Costa Rica observa con enorme preocupación la persistente y reciente presencia en Nicaragua de fuerzas militares rusas y de organizaciones terroristas como Hamás y Hizbulá. Justo el día de ayer varios individuos vinculados o pertenecientes al grupo Hamás fueron detenidos por fuerzas policiales en mi país”.
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El jefe de la diplomacia costarricense subrayó que el borrador de la declaración de la OEA representa un instrumento para reafirmar los valores democráticos, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales en el continente americano. Tovar valoró que la Asamblea General expresara su inquietud frente al deterioro de la situación democrática y de los derechos humanos en Nicaragua, así como por las denuncias de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y persecución contra líderes religiosos y comunidades de fe.
EFE añade que el canciller costarricense lamentó el fallecimiento de Brooklyn Rivera, líder indígena nicaragüense, defensor de los derechos de los pueblos originarios y beneficiario de medidas de protección del sistema interamericano. “Su muerte bajo custodia estatal constituye un hecho de enorme magnitud que exige el pleno esclarecimiento de los hechos, el respeto al derecho a la verdad de sus familiares y la rendición de cuentas”, expresó Tovar ante el pleno de la OEA.
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De acuerdo con el informe de EFE, el ministro también condenó el asesinato de Roberto Samcam, mayor en retiro nicaragüense ocurrido en Costa Rica el 19 de junio de 2025. “Destacamos la actuación de las autoridades nacionales que han permitido la detención y procesamiento judicial de varios sospechosos. Costa Rica continuará actuando con firmeza para garantizar que todos los responsables comparezcan ante la justicia y que ninguna forma de violencia o intimidación encuentre su espacio en la impunidad”, sostuvo.
La declaración impulsada por la OEA: “envía un mensaje contundente de solidaridad con las víctimas, sus familiares y el pueblo nicaragüense, y de respaldo a los principios establecidos en la Carta de la OEA, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana”.
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El trasfondo de la crisis entre Costa Rica y Nicaragua
Las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y Nicaragua se mantienen restringidas al nivel consular desde 2018. El entonces presidente costarricense Carlos Alvarado optó por no designar embajador en Managua tras los episodios de represión y violaciones a los derechos de los opositores por parte del régimen nicaragüense, recuerda EFE.
La crisis en Nicaragua se remonta a abril de 2018, cuando se desencadenaron protestas masivas contra la dictadura de Daniel Ortega, presidente desde 2007. Según los reportes de EFE, la situación se agravó tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, 80 años, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo. Los comicios se desarrollaron con los principales candidatos de la oposición encarcelados, quienes después fueron expulsados del país y despojados de su nacionalidad y derechos políticos bajo acusaciones de traición y golpismo.
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La preocupación expresada por Costa Rica sobre la presencia militar extranjera y de grupos extremistas en la región coincide con el llamado internacional por la defensa de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua. Las autoridades costarricenses han reiterado su compromiso con la justicia y la persecución de los responsables de incidentes violentos en su territorio, al tiempo que solicitan la cooperación y vigilancia de la comunidad internacional.
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