Gobierno de Costa Rica refuerza lucha contra la corrupción y anuncia reformas migratorias y de seguridad

El Gobierno de Costa Rica intensificó sus acciones en materia de transparencia y seguridad pública con la aplicación voluntaria de pruebas de polígrafo a altos funcionarios, reformas a la Ley de Migración y una revisión exhaustiva de la Ley de Armas, como parte de un paquete de medidas para combatir la corrupción, la criminalidad y fortalecer la confianza ciudadana. Así lo anunció la presidenta Laura Fernández tras una reunión de trabajo con su gabinete de seguridad.

Durante el encuentro, el ministro de Justicia y Paz, el ministro de Comunicación y Enlace y el director de Inteligencia y Seguridad Nacional se sometieron voluntariamente a una prueba de polígrafo, la cual superaron satisfactoriamente. Las preguntas se centraron en riesgos sensibles para la función pública, abarcando posibles vínculos con narcotráfico, crimen organizado, filtración de información sensible, corrupción y enriquecimiento ilícito. La evaluación fue realizada por IPSC Costa Rica, empresa privada con más de diecisiete años de trayectoria y parte de una red académica internacional con más de veinticinco años de experiencia. “Es la misma empresa donde se aplicaron la prueba mis vicepresidentes y yo misma”, aclaró Fernández.

La mandataria enfatizó que este ejercicio busca enviar una señal clara dentro y fuera del Gobierno: la lucha contra la corrupción, la infiltración criminal y el abuso de poder comienza por quienes ejercen responsabilidades públicas. Además, subrayó que en su administración la confianza pública no es una exigencia, sino algo que se gana con hechos y trabajo duro. “Quienes combatimos la corrupción debemos empezar por demostrar que no tenemos nada que ocultar. Mientras algunos hablan de transparencia, nosotros la ponemos a prueba. La confianza pública no se exige, se gana y se gana con hechos y con trabajo duro”, afirmó.

En materia migratoria, Laura Fernández instruyó al director de Migración y Extranjería a preparar una reforma a la Ley de Migración, motivada por el análisis de la problemática en Crucitas, zona donde se ha identificado el ingreso ilegal de personas nicaragüenses y de otras nacionalidades. Destacó casos de individuos detenidos y deportados hasta setenta veces, lo que evidencia la necesidad de cambios normativos. “Esa reforma estará lista muy pronto y será presentada como parte de los paquetes de seguridad ante la Asamblea Legislativa”, detalló.

En el ámbito de seguridad, la presidenta celebró la integración del director de la OIJ, Michael Soto, al equipo de Fuerza Élite, y lamentó la ausencia de otros representantes del Poder Judicial en la reunión. Fernández informó que, en lo que va del año, se han registrado cuarenta y cuatro homicidios menos que en el mismo periodo de 2025, una reducción del once por ciento, aunque reconoció que persisten retos para consolidar la paz y la tranquilidad que demanda la ciudadanía.

La revisión exhaustiva a la Ley de Armas forma parte de la estrategia para restringir la proliferación de armas y municiones. El Gobierno prepara iniciativas de ley y reformas reglamentarias para controlar los perfiles de las empresas y personas que venden, compran o portan armas, así como el uso que se da a estos permisos.

Fernández concluyó reafirmando la política de transparencia de su administración: “En este Gobierno no pedimos la confianza de ustedes a ciegas, la demostramos”. Reiteró que la lucha contra la corrupción y el crimen organizado debe empezar por el ejemplo de quienes ocupan cargos públicos, y que la rendición de cuentas es un principio fundamental de su gestión.

El paquete de reformas anunciado será presentado ante la Asamblea Legislativa en las próximas semanas y busca fortalecer el marco legal para enfrentar los desafíos actuales en materia de migración, seguridad y transparencia en la función pública.