El presidente José Raúl Mulino aseguró que la transformación institucional del Estado mediante una Asamblea Nacional Constituyente será una de las principales prioridades de su administración a partir de 2027 y, de concretarse, representará “el legado más grande” de su gobierno.
El mandatario sostuvo que el actual modelo institucional “no funciona” y requiere cambios profundos para responder a los desafíos que enfrenta el país.
Durante un encuentro organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Mulino explicó que 2027 será un año clave para su administración, ya que además de consolidar la recuperación económica buscará avanzar en la reforma del Estado mediante una constituyente con participación de distintos sectores de la sociedad, similar al proceso que dio origen a la Constitución de 1946.
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“No le tengan miedo”, expresó el mandatario al referirse a la propuesta. Agregó que no será un mecanismo para disolver ningún poder del Estado ni para permitir una reelección presidencial, sino una oportunidad para construir un nuevo marco institucional de forma democrática. “Este sistema no funciona”, insistió durante su intervención ante empresarios y representantes de diversos gremios.
Mulino argumentó que la burocracia, los problemas de funcionamiento de las instituciones, la corrupción y la creciente infiltración del narcotráfico justifican una transformación constitucional.
A su juicio, la estructura actual dificulta la toma de decisiones y limita la capacidad del Estado para responder con mayor eficiencia a las necesidades de la población.
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Las declaraciones del mandatario se producen mientras el Ejecutivo desarrolla el Programa Nacional de Alfabetización Constitucional, liderado por el constitucionalista Miguel Antonio Bernal desde la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (SEPRESAC).
La iniciativa busca que la ciudadanía conozca el contenido de la Constitución y participe de manera informada en el debate sobre una eventual reforma.
El programa contempla cabildos abiertos, seminarios, conferencias, jornadas de capacitación y consultas ciudadanas en todo el país.
De acuerdo con la hoja de ruta presentada por el Gobierno, 2025 corresponde a la etapa de alfabetización constitucional, mientras que 2026 estará dedicado a elaborar propuestas y definir el perfil de quienes podrían integrar una futura Asamblea Constituyente.
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La planificación oficial contempla que la elección de los constituyentes pueda desarrollarse en 2027, para posteriormente someter el nuevo texto constitucional a referéndum y, de ser aprobado, entre en vigencia en 2029.
Los mecanismos para reformar la Constitución
La Constitución Política de Panamá establece dos mecanismos para introducir modificaciones a su texto.
El primero es la reforma parcial, mediante actos legislativos aprobados por la Asamblea Nacional en dos legislaturas ordinarias consecutivas y posteriormente sometidos a referéndum, o aprobados por dos tercios de los diputados en una sola legislatura y ratificados también mediante consulta popular.
El segundo mecanismo es la Asamblea Constituyente Paralela, incorporada mediante las reformas constitucionales de 2004. En este caso, la ciudadanía debe aprobar mediante referéndum la convocatoria de una constituyente y posteriormente elegir a los ciudadanos que tendrán la responsabilidad de redactar una nueva Constitución.
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Aunque el debate público también ha girado en torno a una Asamblea Constituyente Originaria, esa figura no está regulada expresamente dentro de la Constitución vigente y su alcance jurídico ha sido objeto de distintas interpretaciones entre constitucionalistas.
La última reforma constitucional de gran alcance fue aprobada en 2004, durante la administración del expresidente Martín Torrijos, cuando se introdujeron cambios relacionados con la organización del Estado, el Canal de Panamá, el régimen municipal y diversas instituciones públicas.
Con sus declaraciones ante APEDE, Mulino volvió a colocar la reforma constitucional en el centro del debate nacional, al identificarla como una de las principales metas para la segunda mitad de su mandato.
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Si bien el Gobierno mantiene en marcha el proceso de alfabetización constitucional, cualquier modificación a la Carta Magna deberá ajustarse a los procedimientos previstos por la Constitución y requerirá un amplio respaldo ciudadano y político antes de convertirse en una realidad.
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