Las advertencias por retroceso en derechos humanos en Costa Rica se intensificaron tras el informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), que alertó sobre restricciones a personas migrantes y a la población carcelaria.
En 2025, el MNPT informó que 200 migrantes deportados desde Estados Unidos fueron alojados en el Centro de Atención Temporal de Migrantes (CATEM) en condiciones que, según el organismo, implicaron una privación de libertad de facto y afectaron su salud psicosocial.
El reporte también señaló que el sistema penitenciario costarricense opera con una sobrepoblación del 46.4%: alberga 19,453 personas privadas de libertad y hay centros que alcanzan el 134% de su capacidad, un nivel que, según el MNPT, tensiona los estándares internacionales de trato digno.
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Restricciones y riesgos en el sistema penitenciario
En el circuito de alta contención, el MNPT registró un endurecimiento de medidas: eliminación total del acceso a educación y actividades laborales, además de limitaciones a vínculos familiares y a la alimentación.
Para el organismo, esas condiciones convierten a las prisiones en espacios de confinamiento sin iniciativas de reinserción social, con impacto en la reincidencia.
El informe advirtió que, con la prioridad puesta en la contención, las cárceles enfrentan un riesgo de convertirse en entornos torturantes. El MNPT sostuvo que esa orientación compromete derechos básicos de los internos y debilita el objetivo de resocialización.
Migrantes deportados desde Estados Unidos y denuncias por vulneraciones
Sobre el caso del CATEM, el MNPT indicó que el procedimiento prolongó una cadena internacional de vulneraciones y dejó a las personas afectadas en mayor vulnerabilidad.
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Organizaciones de derechos humanos también denunciaron que durante el proceso se afectaron garantías fundamentales, en el marco de traslados y permanencias que no se presentaron como detención formal.
El mecanismo vinculó el deterioro psicosocial reportado con la incertidumbre, el encierro de hecho y la ausencia de condiciones adecuadas para una atención integral, según su evaluación del dispositivo de alojamiento temporal.
Nuevas políticas y megaproyecto penitenciario
Ante la crisis carcelaria y el auge del crimen organizado, la presidenta Laura Fernández anunció una “reforma profunda” del Estado. Entre las medidas, incluyó la construcción del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una cárcel inspirada en el modelo aplicado en El Salvador por Nayib Bukele.
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De acuerdo con lo informado por el Gobierno, la obra registra un avance del 36%, proyecta una capacidad de 5,100 internos y un costo de USD 35 millones. Fernández planteó que el complejo servirá para aplicar “mano dura” frente a la delincuencia.
En ese contexto, la presidenta vinculó la iniciativa con el aumento de los homicidios: alrededor de 900 por año, y un 70% atribuido al narcotráfico. El MNPT, por su parte, advirtió que la orientación punitiva y las restricciones excesivas pueden agravar la vulnerabilidad de personas migrantes y privadas de libertad en lugar de resolver de fondo la dinámica delictiva y migratoria.
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