
El viaje de vacaciones de Gabriel Lépinay, un estudiante francés de Ciencias Políticas de 19 años de la Universidad Laval (Quebec, Canadá), estaba por concluir con normalidad. Tras pasar tres semanas recorriendo Costa Rica, decidió dedicar sus últimos cinco días a conocer Nicaragua.
Sin embargo, lo que prometía ser una breve estancia turística antes de abordar su vuelo de regreso a territorio canadiense se transformó, la tarde del 2 de julio de 2026, en una pesadilla de persecución, interrogatorios y expulsión arbitraria.
Su único “delito” fue registrar con su teléfono celular el entorno urbano de Managua. Sorprendido por el despliegue de decenas de agentes policiales en cada esquina y la saturación de banderas rojinegras del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el joven grabó un video de pocos segundos para sus historias de Instagram. La respuesta del aparato de seguridad del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo fue fulminante y desproporcionada.
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Sin que nadie se lo advirtiera, Lépinay caminaba cerca de El Carmen, el blindado complejo residencial e institucional donde habita la pareja presidencial nicaragüense. Al notar la grabación, un policía lo interceptó de inmediato, le arrebató el dispositivo móvil y lo encañonó contra una pared.
Poco después, un oficial vestido de civil, operador característico de la inteligencia estatal, le exigió las credenciales de acceso al teléfono. Tras revisar minuciosamente sus redes sociales y dar con el video, el estudiante fue esposado y trasladado a un centro de detención.

En una entrevista exclusiva y detallada, el joven ofreció su denuncia y testimonio al medio nicaragüense 100% Noticias, relatando las horas de terror que vivió bajo custodia. Lépinay permaneció incomunicado desde la noche del 2 de julio hasta la tarde del día siguiente, soportando más de once horas de un extenuante interrogatorio ejecutado por múltiples oficiales que se turnaban de manera mecánica.
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El proceso estuvo marcado por la barrera idiomática y la precariedad técnica. Ante la ausencia de un intérprete oficial de francés o inglés, los captores recurrieron a la función de voz de ChatGPT para intentar traducir los cuestionamientos.
Paranoia institucional y desprotección consular
Las autoridades nicaragüenses abordaron el caso bajo la sospecha de estar frente a una amenaza terrorista, un espía internacional o un periodista infiltrado. Las preguntas se repitieron hasta 15 veces de forma automatizada, indagando sobre supuestos vínculos con los Estados Unidos, filiaciones políticas en Francia, opiniones personales sobre Daniel Ortega y nexos con medios de comunicación independientes.
A pesar de las constantes aclaraciones del joven confirmando su estatus de turista, los agentes mantuvieron una postura inflexible. La indefensión del estudiante fue absoluta; el régimen violó los protocolos del derecho internacional al negarle reiteradamente asistencia legal y el contacto directo con la Embajada de Francia en Managua. La respuesta que recibió de los custodios fue lapidaria: “Aquí no hay abogado, ni embajada, aquí así son las cosas”.
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El desenlace de la detención concluyó con la expulsión del ciudadano extranjero. Tras ser fotografiado exhaustivamente, Lépinay fue conducido esposado hacia la frontera con Costa Rica.
Al entregarle su equipaje, constató que había sido despojado de varias de sus pertenencias, sus documentos de visado canadiense fueron dañados y la demora del proceso le hizo perder su vuelo de retorno a Canadá. Ya a salvo fuera del país, el estudiante reconoció que desconocía la magnitud del Estado policial en Nicaragua, una realidad que hoy le toca denunciar activamente tras haberla vivido en carne propia.
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