Asamblea Legislativa aprueba financiamiento para tren rápido y programas de desarrollo en Costa Rica

El proyecto de tren rápido de pasajeros del Gran área Metropolitana de Costa Rica logró la aprobación unánime de los diputados para acceder a un crédito de USD 800 millones. Este respaldo parlamentario permitirá la construcción de dos líneas ferroviarias eléctricas, de cincuenta y dos kilómetros a doble vía, entre Paraíso y Alajuela, y marca un avance estratégico en la modernización del sistema de transporte público del país.

La infraestructura contempla la instalación de veintiséis estaciones, la adquisición de veintiocho trenes nuevos, la reconstrucción de veintinueve puentes ferroviarios y la mejora integral de las estaciones del Atlántico, Pacífico, Heredia y Cartago. El proyecto también prevé la implementación de avanzados sistemas tecnológicos destinados al control de la operación, el acceso en estaciones, la comunicación, la señalización y la información a los usuarios.

Uno de los aspectos destacados del financiamiento es su composición internacional. Los fondos provienen de varias fuentes multilaterales: USD 550 millones serán canalizados por el Banco Centroamericano de Integración Económica; USD 178 millones llegarán a través del Fondo Verde; y USD 250 millones los aportará el Banco Europeo de Inversión. Esta dispersión de apoyos busca diversificar el riesgo financiero y acelerar la ejecución de las obras.

El precio del pasaje y los desafíos de equidad en el transporte

El precio de las tarifas genera debate en la Asamblea Legislativa. El costo estimado del pasaje es de 1.500 colones (USD 3) por viaje, lo que implica un desembolso de 60,000 colones mensuales (USD 110) para quienes requieran el servicio todos los días. Esta cifra, según la diputada Claudia Dobles, resulta inalcanzable para estudiantes, operarios y personas con bajos ingresos, especialmente “miles de mujeres jefas de hogar”.

Varios parlamentarios aseguran que fiscalizarán la correcta contratación de la obra y velarán por que la estructura tarifaria priorice la capacidad de pago de la población. Subrayan que el diseño de tarifas debe “poner a los usuarios en el centro” y anticipan que los ajustes necesarios serán discutidos durante la reglamentación.

Nuevas líneas de financiamiento para gestión de riesgos y desarrollo agrícola

Paralelamente al tren rápido, la Asamblea Legislativa aprobó un financiamiento de USD 350 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. El objetivo es reforzar la capacidad institucional del país para recuperar infraestructura dañada por desastres y fortalecer la gestión del riesgo climático, una necesidad que resaltan representantes de zonas rurales. Ronald Campos, de Liberación Nacional, indicó: “Detrás de cada puente destruido hay familias aisladas, productores perdiendo sus cosechas y niños que no pueden llegar a la escuela”.

También se aprobó un préstamo de 134 millones de euros, destinado a financiar el programa de agricultura sostenible y competitiva. La iniciativa beneficiará a cerca de 10.500 pequeños y medianos productores, mediante asistencia técnica, infraestructura de riego, red de frío para productos perecederos y sistemas de trazabilidad digital. Los fondos se emplearán para modernizar el sector agropecuario, fortalecer los laboratorios del rubro y facilitar prácticas sostenibles, según lo debatido en el Congreso.

Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana, sostuvo que este paquete crediticio permitirá “impulsar una transformación amplia del tan golpeado sector agropecuario productivo y busca integrar a pequeños y medianos productores en el desarrollo del sector”.

La etapa final: promulgación y ejecución de los fondos

Tras la aprobación en el Congreso, el proceso queda a la espera de la firma de la mandataria costarricense para que los créditos se conviertan en ley de la República y pueda iniciarse la ejecución de los recursos.