Una inversión de USD 770 millones destinada a la ampliación del corredor vial San José–San Ramón quedó oficialmente asegurada luego de que el presidente de Costa Rica Rodrigo Chaves firmara el contrato de financiamiento. La obra prevé iniciar su construcción en 2027 y apunta a transformar la calidad de vida y la conectividad de la región occidental, tras más de 16 años de demora y promesas incumplidas.
La aprobación de este desembolso marca un punto de inflexión en la infraestructura costarricense, no solo por el monto involucrado, el mayor préstamo que haya otorgado el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a un proyecto en Costa Rica, sino también por la estructura de financiamiento: USD 600 millones provendrán del BCIE y USD 170 millones del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional. La Asamblea Legislativa aprobó el crédito la semana anterior.
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La ruta San José–San Ramón se ampliará tras 16 años de espera y con recursos históricos
El corredor a intervenir se extiende por 55,6 kilómetros entre La Sabana y San Ramón, atravesando las provincias de San José, Heredia y Alajuela, junto a una radial de 4,45 kilómetros entre Río Segundo (Alajuela) y Belén (Heredia). La inversión contempla la construcción y mejora de 21 intercambios viales, 25 puentes vehiculares, 20 pasos peatonales, la rehabilitación de siete puentes existentes, 18 pasos de fauna, 110 bahías para buses y dos puentes ferroviarios.
El proyecto incluye seis tramos con especificaciones de velocidad y cantidad de carriles diferenciadas. Según lo previsto, la circulación se permitirá entre 60 y 100 km/h, en función de la sección, y la estructura de peajes establecerá una tarifa estimada en USD 3 por recorrido.
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La obra aplicará tecnología avanzada y reglas BCIE para su ejecución y control
El proceso de adjudicación se regirá bajo las reglas de contratación del BCIE, lo que limita la intervención de la Contraloría General de la República (CGR). El Ejecutivo prevé publicar el cartel de licitación a finales de abril de este año y emitir la orden de inicio en enero de 2027. Los trabajos constructivos comenzarán hacia mediados de ese mismo año, de acuerdo con lo detallado por el ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón.
Durante el análisis en la Comisión de Hacendarios, el texto legal incorporó dos disposiciones adicionales: la obligación de que el organismo ejecutor emplee las mejores tecnologías e innovaciones disponibles en la gestión y operación del proyecto, bajo criterios de eficiencia, sostenibilidad y transparencia; y la de presentar informes semestrales de avance y control ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, con plazo máximo de 30 días tras el cierre de cada semestre.
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Asimismo, el pliego autoriza que el organismo evaluador analice opciones constructivas entre asfalto y cemento, seleccionando la alternativa que ofrezca el mejor desempeño económico, social y ambiental durante todo el periodo del empréstito. Los criterios obligatorios incluyen costo inicial, costos proyectados de operación y mantenimiento, y resiliencia de la infraestructura.
El detalle de la financiación y los costos adicionales de expropiaciones
A los USD 770 millones del empréstito principal aprobados por la Asamblea Legislativa, se agregarán USD 113 millones destinados a aproximadamente 500 expropiaciones, como consta en lo expresado por los diputados durante la sesión plenaria.
Continuidad política en la obra
En el acto de firma realizado en San Ramón, participaron, además de Chaves, la presidenta electa y actual ministra de la Presidencia, Laura Fernández, y representantes del MOPT y del BCIE, los principales gestores y financiadores del proyecto.
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Durante el encuentro, Chaves señaló como novedad que, a diferencia de los intentos frustrados durante quince gobiernos anteriores, este proyecto avanzará bajo procedimientos internacionales. Destacó además que Laura Fernández, a quien identificó como su sucesora, tendrá la posibilidad de inaugurar la obra, subrayando que se hará “con reglas BCIE y no pasará por la Contraloría General de la República”.
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