El proceso de extradición hacia Estados Unidos del exmagistrado costarricense Celso Gamboa y del sospechoso de narcotráfico Edwin López conocido como “Pecho Rata”, avanzó un paso más luego de que las autoridades estadounidenses enviaran formalmente las garantías exigidas por la justicia costarricense.
El Ministerio Público de Costa Rica confirmó que el gobierno de Estados Unidos remitió las promesas solicitadas por el Tribunal Penal de Apelación de Sentencia de San José, órgano judicial que analiza el proceso de extradición de ambos imputados.
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Entre los compromisos entregados se establece que, en caso de ser condenados en tribunales estadounidenses, la eventual pena no superará los 50 años de prisión, que corresponde al máximo permitido por la legislación penal de Costa Rica.
Además, las autoridades norteamericanas prometieron no solicitar ni aplicar la pena de muerte, una condición indispensable para que el país centroamericano autorice extradiciones hacia naciones donde esa sanción todavía existe.
Otro de los puntos incluidos en las garantías establece que se descontará el tiempo que los imputados han permanecido detenidos en Costa Rica si finalmente son condenados en Estados Unidos.
Detenidos en Costa Rica mientras avanza el proceso
Actualmente, Celso Gamboa permanece detenido en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, conocido popularmente como La Reforma, el principal complejo penitenciario del país.
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Por su parte, el sospechoso conocido como “Pecho Rata”, también permanece bajo custodia de las autoridades costarricenses mientras se resuelve el proceso judicial.
Ambos imputados fueron detenidos en Costa Rica a mediados de 2024, por lo que llevan casi un año en prisión preventiva mientras se tramita la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.
La documentación enviada por el gobierno estadounidense ya fue remitida al tribunal penal de San José, que ahora deberá analizar si las garantías cumplen con los requisitos exigidos por la legislación costarricense para continuar con el procedimiento.
Dos meses para coordinar la extradición
Si los magistrados consideran que las condiciones presentadas cumplen con la normativa del país, el proceso avanzará hacia su etapa final.
En ese escenario, las autoridades estadounidenses tendrán un plazo aproximado de dos meses para coordinar el traslado y entrega de los imputados desde Costa Rica hacia territorio norteamericano.
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La eventual extradición se realizaría bajo coordinación entre autoridades judiciales y policiales de ambos países.
Un caso con impacto histórico en Costa Rica
El caso ha generado enorme atención pública en Costa Rica porque podría convertirse en uno de los primeros procesos de extradición de ciudadanos costarricenses hacia Estados Unidos tras una reciente reforma legal.
Durante décadas, la Constitución del país prohibía la extradición de nacionales. Sin embargo, en 2025 la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó una reforma constitucional que permitió por primera vez la entrega de ciudadanos costarricenses a otros países por delitos graves, principalmente relacionados con narcotráfico y crimen organizado.
La medida surgió en medio del aumento de la violencia vinculada al tráfico internacional de drogas y la presión de autoridades estadounidenses para fortalecer la cooperación judicial.
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Por ello, el eventual traslado de Gamboa y López Vega marcaría un precedente en el nuevo marco legal del país.
El perfil de Celso Gamboa
La figura de Celso Gamboa ha sido especialmente polémica en Costa Rica debido a su pasado dentro del sistema judicial.
Gamboa fue magistrado de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia, además de haber ocupado cargos como viceministro de Seguridad Pública y fiscal adjunto.
En 2018 fue destituido del Poder Judicial tras cuestionamientos por su actuación como magistrado.
Las autoridades estadounidenses lo vinculan ahora con investigaciones por presuntos delitos relacionados con tráfico internacional de drogas, acusaciones que él ha rechazado.
Por su parte, el sospechoso conocido como “Pecho Rata”, es señalado por las autoridades como presunto integrante de estructuras dedicadas al narcotráfico.
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