
La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, presentó a los líderes de la oposición en el Congreso una agenda de proyectos que incluye el impulso del tren eléctrico interurbano y la reactivación de la minería de oro en Las Crucitas. La reunión tuvo lugar este jueves en San José, donde Fernández propuso avanzar en estas iniciativas durante las semanas restantes del actual periodo legislativo, que concluye el 1 de mayo, según informó EFE.
De acuerdo con EFE, uno de los proyectos prioritarios es la reactivación de la exploración y explotación de oro en la localidad de Las Crucitas, al norte del país. Esta zona, escenario de un fallido proyecto minero, permanece bajo control de mineros ilegales que emplean químicos y procedimientos peligrosos para la salud y el medioambiente. La propuesta legislativa contempla un modelo de concesión para la extracción y operación de la “Planta de Procesamiento Centralizada de Las Crucitas”, con un enfoque en la eliminación del uso de mercurio y el respeto por estándares ambientales. El Estado recibiría el 5 % de las ganancias generadas y el Ministerio de Ambiente y Energía se encargaría de asignar concesionarios a través de subastas, exigiendo el cumplimiento de condiciones ambientales.
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El proyecto ha generado rechazo entre ambientalistas y una parte de la oposición, que cuestionan los riesgos ecológicos asociados a la minería en esa región. Fernández sostuvo que la iniciativa busca resolver un problema público y regular una actividad que actualmente opera sin control estatal. “Vine a presentarme de manera respetuosa a ofrecerme a contribuir en lo que de mí dependa para que esta Asamblea Legislativa, ojalá en estas pocas semanas de trabajo que le quedan, pueda resolver problemas públicos”, afirmó Fernández a los periodistas tras el encuentro, según recogió EFE.
Otra de las prioridades señaladas por la presidenta electa es el tren eléctrico interurbano, un proyecto valorado en 800 millones de dólares que contempla un recorrido de 51 kilómetros, la instalación de 30 estaciones y dos líneas que enlazarán las ciudades de Cartago, San José, Heredia y Alajuela. Esta área metropolitana enfrenta un agravamiento en los problemas de tráfico, motivo por el cual la infraestructura ferroviaria se presenta como una alternativa para mejorar la movilidad. La financiación incluiría un crédito de 250 millones de dólares del Banco Europeo de Inversiones y 550 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Dentro del paquete del BCIE, el Fondo Verde del Clima cofinanciará 178,7 millones y donará 21,3 millones adicionales.
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Junto a estos proyectos, Fernández planteó la ampliación de la carretera interamericana entre San José y San Ramón, en la provincia de Alajuela, una obra de 55,6 kilómetros que demandará un crédito internacional de 770 millones de dólares.
Según informó EFE, el 4 de febrero, apenas tres días después de su triunfo electoral, Fernández recibió el nombramiento del presidente Rodrigo Chaves como ministra de la Presidencia, puesto desde el cual históricamente se gestionan las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Fernández había dejado ese cargo un año antes para postularse como candidata presidencial.
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Las negociaciones y propuestas de la presidenta electa marcan el inicio de una agenda que busca movilizar proyectos de infraestructura y minería en el cierre del actual periodo legislativo, en medio de resistencias políticas y ambientales.
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