El Gobierno electo del presidente Abelardo De La Espriella informó el 4 de agosto de 2026 que presentó ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación denuncias por presuntas irregularidades y corrupción vinculadas a recursos por más de $370.000 millones, según el consolidado del Empalme Anticorrupción.
Las actuaciones, según el comunicado, fueron radicadas entre el 1 y el 3 de agosto por Germán Calderón España, director del Grupo Élite del Empalme Anticorrupción, que elevó los hallazgos ante los tres organismos de control y de investigación.
Uno de los casos reportados corresponde a un contrato para adquirir 16 sistemas antidrones del Ministerio de Defensa y Codaltec. El análisis técnico citado en el documento advierte posibles sobrecostos de hasta 85% y un presunto detrimento patrimonial superior a $20.700 millones.
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En ese mismo hallazgo, el Gobierno electo señaló que se habrían entregado equipos “sin instalación completa, sin geolocalización operativa y con fallas criticas de inhibición reportadas por el Ejército Nacional”.
Otra de las denuncias pide investigar una contratación directa de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por $24.800 millones. De acuerdo con el comunicado, fue adjudicada pese a una orden judicial de suspensión del proceso de selección del que se originó.
El documento también menciona a Cenit, filial de Ecopetrol, por un contrato jurídico cercano a $23.000 millones. Sobre ese caso, se reportaron “presuntas presiones politicas, sugerencias de perfiles profesionales al contratista y la eliminación de mecanismos de control y seguimiento”.
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A días de la posesión presidencial, el Gobierno electo afirmó que continuará remitiendo a las autoridades los hallazgos técnicos y jurídicos de las auditorías “para proteger los recursos públicos y garantizar que ningún posible acto de corrupción quede sin investigación”.
Consejo de Estado negó demanda que buscaba suspender la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella
El Consejo de Estado resolvió mantener la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, al rechazar una solicitud que pedía suspender el evento previsto para el 7 de agosto de 2026 en la Arena USC de Cali. La decisión marca un precedente, ya que será la primera vez en la era moderna que la investidura presidencial se realice fuera de Bogotá, gracias al aval que previamente otorgó el Congreso de la República.
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La controversia surgió porque un grupo de ciudadanos, encabezados por el abogado Luis Guillermo Pérez, presentó una demanda ante el alto tribunal alegando una presunta incompatibilidad constitucional.
Según el documento, la reciente adquisición de la ciudadanía estadounidense e italiana por parte de De la Espriella, y el juramento de fidelidad requerido por Estados Unidos en 2023, implicarían un potencial conflicto de intereses que pondría en duda la lealtad absoluta que la Carta Magna exige a la persona que ostenta la jefatura del Estado colombiano.
El Consejo de Estado indicó que, tras analizar los argumentos de los demandantes y la intervención de figuras políticas como Iván Cepeda —senador del Pacto Histórico, quien se negó a reconocer al futuro mandatario—, no encontró elementos suficientes para suspender la posesión. El tribunal determinó que la doble nacionalidad de De la Espriella no constituye, por sí sola, una causal que impida asumir el cargo.
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Quienes promovieron la acción judicial solicitaron como medida cautelar la suspensión provisional de la ceremonia. Argumentaron que el juramento de fidelidad a otro país representaba “una fractura insalvable con los deberes constitucionales del cargo”, idea central de su petición formal. Sin embargo, la Sección Quinta del Consejo de Estado desestimó estos fundamentos, permitiendo que la ceremonia siga su curso.
En síntesis, el Consejo de Estado ratificó que Abelardo de la Espriella podrá asumir la Presidencia pese a la polémica por su doble nacionalidad. La decisión desactiva cualquier riesgo legal inmediato sobre el acto de posesión, manteniéndolo programado según lo previsto para el 7 de agosto en Cali.
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