Fiscalía ordenó hacerle una prueba toxicológica a Angie Rodríguez tras denuncias sobre presunta afectación a su salud por culpa del presidente Petro

La Fiscalía General de la Nación ordenó practicar un examen toxicológico a Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), luego de que ampliara su denuncia por presuntas amenazas de muerte, llamadas extorsivas e intimidaciones.

La exfuncionaria también aseguró que durante su paso por el Gobierno habrían intentado afectar su salud y alterar su comportamiento mediante el suministro de medicamentos o sustancias con el propósito de influir en sus decisiones.

La diligencia se realizó con Rodríguez en calidad de denunciante y contó con la participación de investigadores y una médica de la Fiscalía. Según Blu Radio, durante la jornada se recopilaron nuevos elementos probatorios para fortalecer las líneas de investigación que adelanta el ente acusador.

Según explicó su abogado, Manuel Villanueva, la exfuncionaria amplió sus señalamientos sobre presuntos intentos de vulnerar su salud e integridad mientras se desempeñó como directora del Dapre y posteriormente al frente del Fondo Adaptación.

El defensor aseguró que estos hechos fueron respaldados por siete declaraciones de funcionarios de ambas entidades, además de la entrega de la historia clínica de Rodríguez, registros médicos y otros documentos.

Villanueva sostuvo que, con base en esa información, la Fiscalía consideró necesario ordenar un examen toxicológico para establecer si Rodríguez recibió medicamentos o sustancias que hubieran podido afectar su comportamiento.

Agregó que durante la diligencia también se logró identificar a un presunto responsable, aunque aclaró que la identidad de esa persona y de otros posibles implicados permanece bajo reserva por tratarse de una investigación en curso.

La investigación también abarca las denuncias por amenazas que, según Rodríguez, involucrarían presuntamente a personas identificadas como funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Ante ese escenario, la defensa solicitó reforzar el esquema de seguridad de la exdirectora del Dapre mientras la Fiscalía adelanta nuevas pruebas técnicas para verificar los hechos denunciados.

Las nuevas actuaciones judiciales se conocen en medio de las acusaciones públicas formuladas por Rodríguez contra el presidente Gustavo Petro.

La exfuncionaria aseguró que el mandatario utilizó su diagnóstico de depresión y ansiedad para desacreditarla públicamente y sostuvo que el origen de la ruptura con el Gobierno fue su oposición al nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes.

En entrevistas concedidas a Blu Radio, Rodríguez afirmó que fue diagnosticada en noviembre de 2025, cuando dirigía el Dapre, después de presentar insomnio, pérdida de apetito y pensamientos constantes.

Aseguró que su condición de salud mental nunca afectó su capacidad para ejercer funciones públicas y rechazó las declaraciones del presidente.

“Son desafortunadas, estigmatizantes y repudio fuertemente esas declaraciones del señor presidente, porque eso no me invalida profesionalmente”, manifestó. En la misma entrevista calificó a Petro como “mi mayor victimario”.

La exdirectora también aseguró que el distanciamiento con el mandatario comenzó en agosto del año pasado, cuando expresó su desacuerdo con la designación de Juliana Guerrero al considerar que no cumplía los requisitos para el cargo. Según su relato, el presidente rechazó sus objeciones y desde entonces la relación se deterioró.

Rodríguez afirmó además que entre Petro y Guerrero existía una cercanía que, en su concepto, trascendía el ámbito estrictamente laboral y aseguró que esa situación derivó en presiones para acelerar nombramientos y decisiones administrativas dentro del Gobierno. También habló de una presunta “red de mujeres” que, según dijo, influía en designaciones de altos cargos y la veía como un obstáculo.

La controversia escaló cuando el presidente publicó en su cuenta de X un documento relacionado con la incapacidad médica de la funcionaria y afirmó que ese soporte demostraba una incapacidad por razones psiquiátricas. En el mismo mensaje pidió al Ministerio de Hacienda retirarla del cargo por considerar que era “incompetente”.

Rodríguez respondió que la divulgación de esa información vulneró su derecho a la intimidad y a la reserva de la historia clínica.

Sostuvo que la salud mental no puede utilizarse para desacreditar a una persona ni para cuestionar su capacidad profesional y recordó que, aun después de informar su diagnóstico, el propio presidente le asignó nuevas responsabilidades, entre ellas la gerencia del Fondo Adaptación y la función de superintendente de Salud ad hoc para la Nueva EPS.

En medio de la polémica, la Asociación Colombiana de Psiquiatría emitió un pronunciamiento en el que rechazó el uso de diagnósticos de salud mental para descalificar a una persona y recordó que la historia clínica hace parte de la intimidad del paciente.

El gremio advirtió que divulgar este tipo de información puede vulnerar derechos fundamentales como la privacidad, la no discriminación y el trato digno.