La Defensoría del Pueblo alertó por el aumento del control territorial de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Huila

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta sobre las violaciones a los derechos humanos que están cometiendo las disidencias de “Iván Mordisco” contra locales en los municipios de Aipe, Neiva, Palermo, Santa María y Teruel, en el Huila.

El organismo alertó sobre la imposición de “manuales de convivencia” con los que las disidencias demarcan las zonas del territorio en las que los locales no pueden movilizarse sin aviso.

La Defensoría del Pueblo indicó que el grupo armado ejerce un control total sobre las poblaciones mientras avanza en una expansión territorial del frente Ismael Ruiz, del bloque Isaías Pardo.

“El escenario de riesgo se configura por la expansión y el fortalecimiento territorial del autodenominado EMC, que ejerce un control hegemónico ligado al dominio de corredores viales y naturales sobre la cordillera Central”, afirmó Iris Marín Ortiz, directora de la entidad.

El informe que presentó la Defensoría del Pueblo

En el documento se menciona que la subregión que conecta los departamentos de Huila, Tolima y Cauca se ha convertido en un corredor estratégico para los grupos armados que buscan expandir su influencia en el suroccidente colombiano, facilitando la movilidad de integrantes y recursos, así como el control de actividades económicas y sociales en territorios rurales y urbanos.

Para el organismo de control, la acción de los grupos armados se extiende de manera permanente sobre la franja occidental del Huila, donde mantienen una presencia constante; a la par, la población local, compuesta por agricultores, mineros y comerciantes, se ha visto sometida a una serie de dinámicas impuestas por el grupo armado que opera en la región.

Entre las dinámicas se encuentran la implementación de normas de convivencia, establecidas a través de manuales que regulan la vida cotidiana de los habitantes. Se imponen horarios para la circulación de personas y vehículos, limitando la movilidad y alterando las rutinas de la comunidad.

La Defensoría del Pueblo afirma que el grupo armado recauda fondos mediante el cobro de extorsiones a diferentes sectores, la instalación de retenes y puntos de control en las vías principales y secundarias, en las que incluyen vallas y panfletos que marcan los límites del territorio bajo su influencia.

En el informe se destaca que durante 2025 se documentaron seis asesinatos de civiles que no cumplieron con los lineamientos ordenados por el grupo armado.

“Estos hechos han contribuido al aumento de los índices de homicidio en municipios como Palermo y Neiva, donde la situación de seguridad ha generado preocupación entre los residentes. La ocupación de viviendas y escuelas durante enfrentamientos armados representa otro factor de riesgo para la población civil, que se ve obligada a desplazarse o a convivir con la presencia de actores armados en su entorno inmediato”.

El reclutamiento de menores de edad es otra problemática que persiste en la región. En la mayoría de los casos, los adolescentes son trasladados a otras regiones, como Cauca o la Orinoquía, donde participan en acciones armadas en contra de su voluntad.

Para el organismo de control, este fenómeno afecta especialmente a comunidades indígenas, como el pueblo Nasa, cuyo territorio incluye el resguardo Páez y el cabildo Lame Páez. La presencia de niñas, niños y adolescentes en los escenarios de confrontación incrementa la vulnerabilidad de estos grupos y agrava la crisis humanitaria.

Tras exponer el panorama que se registra actualmente en la región, la entidad emitió 19 recomendaciones dirigidas a distintas entidades nacionales y territoriales, entre ellas el Ministerio del Interior, la Consejería para los Derechos Humanos, el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, con el objetivo de promover acciones coordinadas que reduzcan los riesgos para la población civil y garanticen la protección de los derechos fundamentales en la región.