El Gobierno expidió el Decreto 0650 del 26 de junio de 2026 para reparar al movimiento sindical como víctima colectiva y obligar a todas las entidades del Estado a destinar recursos y ejecutar planes de protección, una decisión que busca responder a décadas de violencia antisindical y reforzar las garantías de no repetición para los trabajadores organizados en Colombia.
La medida se apoya en un diagnóstico oficial: entre 1971 y 2024 se documentaron más de 15.300 violaciones a los derechos humanos contra sindicalistas y más de 3.200 asesinatos, de acuerdo con registros de la Unidad para las Víctimas, la Comisión de la Verdad y la Escuela Nacional Sindical citados por el Ministerio de Trabajo. De ese total de homicidios, 955 correspondieron a dirigentes sindicales.
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La cartera laboral señaló además que el 78% de los asesinatos contra sindicalistas sigue sin justicia. Ese nivel de impunidad figura entre las razones que el Gobierno expuso para impulsar una norma orientada a la reparación, la protección y el reconocimiento de las víctimas de la violencia antisindical.
El Ministerio de Trabajo presentó la norma como una respuesta a la “histórica exclusión y violencia que han sufrido los trabajadores organizados”.
El decreto ordena a todas las entidades del Gobierno incorporar recursos específicos y desarrollar acciones concretas para devolver dignidad, proteger derechos y fortalecer la libertad de asociación.
El ministro de Trabajo Antonio Sanguino sostuvo que el movimiento sindical fue reconocido por el Estado como víctima colectiva después de sufrir “una de las persecuciones más crueles en el mundo”.
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En el acto de presentación, dijo: “Hemos querido dejar un mensaje político claro de que hay una ruta de reparación colectiva y que es un acto de justicia reconocer al movimiento sindical como sujeto de reparación. Esto es una condición para garantizar verdad y justicia, pero también para que no se repita esta horrible noche para las y los trabajadores”.
“El proceso de concertación de la Política Pública de reparación al movimiento sindical y la definición del instrumento que la compilará contará con la asistencia y acompañamiento técnico del Departamento Nacional de Planeación”, se lee en el decreto.
El documento también ordena fortalecer de inmediato los esquemas de protección con enfoque especial para mujeres sindicalistas, comunidades étnicas y trabajadores en los territorios más expuestos al riesgo.
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“Estas medidas incluirán la incorporación de esquemas de protección individual y colectiva, así como la protección de sedes sindicales y espacios organizativos amenazados, integrando enfoques diferenciales de género, territorial, sectorial, étnico y de ciclo de vida”, se añade.
El objetivo, según la cartera laboral, es que la protección y los recursos lleguen de forma directa a quienes han defendido los derechos laborales.
El ministerio informó que ya trabaja con las organizaciones sindicales en un plan de acción inmediato para poner en marcha las disposiciones de la norma. Esa implementación buscará traducir el decreto en medidas concretas de seguridad, reparación y acompañamiento institucional.
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Sanguino vinculó la violencia contra los sindicalistas con un conflicto político y económico de larga duración. “El movimiento sindical fue una fuerza que se decidió a construir poder obrero y popular.
Esto chocó de frente con los intereses del poder establecido y del gran capital, dando origen a la violencia antisindical, la cual tiene enormes raíces políticas y se presentó como una acción despiadada, cruel y criminal”.
El ministro añadió que la estigmatización de los dirigentes sindicales como subversivos facilitó la persecución. “En muchas ocasiones las acciones criminales contra ellos fueron orquestadas entre políticos y paramilitares. De esta manera, ha existido una estrategia de impunidad para con los victimarios y de persecución y miedo en la población trabajadora”.
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A través de su cuenta en X, Sanguino reafirmó el alcance político de la medida. Allí escribió: “Reconocer al movimiento sindical como sujeto de reparación colectiva es un acto de justicia. Con el Decreto 650 de 2026 reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, la memoria y las garantías de no repetición, para que no se repitan las horribles noches que vivieron las y los trabajadores de Colombia”.
El funcionario agregó en ese mensaje que el Gobierno seguirá “al lado del movimiento sindical, defendiendo sus derechos en todos los escenarios” y que ese compromiso fue asumido junto con el presidente.
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