Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

A casi una década de la firma del Acuerdo Final de Paz (26 de noviembre de 2016), la Defensoría del Pueblo de Colombia instó al Estado a que prevalezca la garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado, además de la no repetición, ocupen el centro de la política pública.

La declaración que se conoció a través de un comunicado la mañana del sábado 11 de julio de 2026 tuvo como destinatario al presidente electo Abelardo de la Espriella y a los congresistas que se ganaron su curul en el Senado y la Cámara de Representantes para el periodo legislativo 2026-2030.

La declaración oficial por parte de la entidad se realizó después de la publicación del VI Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y en el que se resaltó la urgencia de consolidar una paz duradera en el país.

Dentro del documento se destaca que el informe Tejidos para la reparación reconoce avances en la prórroga de la Ley de Víctimas, el aumento de personas indemnizadas por violencia sexual, la restitución de tierras, el reconocimiento de responsabilidades estatales y el fortalecimiento de la búsqueda de personas desaparecidas.

También se puntualizó la expedición del Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) de soluciones duraderas para la población desplazada.

De acuerdo con lo que reseña el comunicado de la Defensoría, el informe identifica desafíos persistentes, como la baja implementación de la reparación colectiva para pueblos étnicos, mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género no hegemónicas (Osignh), y la atención insuficiente a víctimas en el exilio.

“La capacidad institucional diseñada hace quince años ha sido superada por la magnitud del conflicto”, advirtió la Defensoría al señalar las limitaciones presupuestarias de la política pública.

La creación de la Comisión de Financiamiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, establecida por ley, se presenta como herramienta clave para explorar alternativas que permitan fortalecer la respuesta estatal y cumplir los compromisos con las víctimas.

Sumado a todo lo anterior, las recomendaciones de la Comisión de la Verdad ofrecen, según la Defensoría, una hoja de ruta para abordar las raíces de la persistencia de la violencia armada y otras formas conexas.

No obstante, la entidad demandó al próximo gobierno (De la Espriella), al Congreso y a todas las instituciones estatales reforzar la implementación de estas recomendaciones y traducir las conclusiones del VI Informe en acciones concretas.

“Seguiremos acompañando el seguimiento a estas recomendaciones, promoviendo la participación efectiva de las víctimas y vigilando el cumplimiento de las obligaciones estatales en derechos humanos, justicia transicional y construcción de paz”, cierra la Defensoría del Pueblo en su última comunicación.

El llamado de la Defensoría se suma a la alerta emitida en el Cauca

El llamado al gobierno del presidente electo por parte de la Defensoría del Pueblo se sumó a otro anunció que se hizo por parte de la misma entidad el jueves 10 de julio.

El motivo obedeció a la alerta por una crisis humanitaria en el municipio de López de Micay, en el departamento del Cauca, tras una incursión armada atribuida al ELN en la comunidad de San Antonio de Gurumendy que dejó ocho personas secuestradas y obligó a más de 70 familias a abandonar sus hogares.

Dicha provocó el llamado del organismo para atender con medidas urgentes que impidan un agravamiento del panorama en la zona, y que es considerada como de las más críticas en el país debido a la presencia de varios grupos armados ilegales, entre ellos las disidencias de las Farc en cabeza de alias Iván Mordisco, uno de los criminales más buscados en el país.

De acuerdo con la entidad, cerca de 200 personas agrupadas en más de 70 familias se desplazaron hacia la cabecera municipal, y parte de esa población ya comenzó a llegar al distrito de Buenaventura (Nariño) en busca de protección.

La alerta se concentra en el impacto sobre la población civil del Pacífico caucano, donde persisten amenazas, confinamientos y desplazamientos.

Los hechos ocurrieron el 3 de julio, cuando integrantes de esa estructura ilegal habrían ingresado a la comunidad, reunido de forma obligatoria a sus habitantes y hurtado alimentos y otros víveres.

Según la Defensoría del Pueblo, durante esa incursión fueron secuestradas inicialmente 40 personas, presuntamente para forzarlas a transportar los elementos robados.

Horas después, 32 de ellas fueron liberadas, pero ocho siguen retenidas. El organismo exigió su liberación inmediata e incondicional y pidió que se respete su vida e integridad.