El presidente electo Abelardo De la Espriella pidió la intervención urgente de la Procuraduría General de la Nación sobre varios procesos de la Unidad Nacional de Protección (UNP), advirtiendo que decisiones adoptadas antes del 7 de agosto de 2026 pueden comprometer su seguridad, la conformación de su gabinete y el uso de recursos públicos en contrataciones de alta sensibilidad.
La solicitud se concentra, primero, en la selección abreviada PSA-UNP-054-2026, un contrato por más de $78.000.000.000 para prestar el servicio de escoltas en zonas de protección que incluyen al Presidente de la República y a los miembros del nuevo gabinete ministerial. Según el Gobierno electo, la adjudicación está prevista antes del cambio de mando y eso dejaría a la administración entrante sin posibilidad de revisar perfiles, experiencia, idoneidad y condiciones de quienes quedarán a cargo de esa protección inmediata.
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A la par, De la Espriella ordenó al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, presentar una solicitud formal ante el procurador general Gregorio Eljach Pacheco para que, en ejercicio de la vigilancia preventiva, intervenga en esos trámites. El planteo sostiene que se trata de asuntos que tocan la seguridad del Estado, la protección de derechos fundamentales y la correcta administración de los recursos públicos.
El pedido no se limita al esquema de seguridad presidencial. También incluye un proceso por más de 5.100 cargos de oficiales de protección en provisionalidad, pese a que solo cerca de 900 vacantes fueron convocadas mediante concurso de méritos.
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El Gobierno electo busca frenar una adjudicación antes del cambio de mando
La principal tensión expuesta por la administración entrante es el calendario. La solicitud enviada al Ministerio Público plantea que la adjudicación del contrato de escoltas antes del relevo presidencial impediría al nuevo Gobierno participar en la revisión de las condiciones de quienes custodiarán al presidente y a sus ministros.
Por eso, la petición reclama que el máximo organismo que representa a los ciudadanos ante el Estado asuma vigilancia preventiva, requiera el expediente contractual y evalúe si corresponde recomendar o solicitar la suspensión preventiva del proceso hasta que la nueva administración pueda revisar la necesidad, la oportunidad y la conveniencia de esa contratación.
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Abelardo de la Espriella reveló así que su preocupación central no es solo el monto del contrato, sino quién define, antes de que asuma, la estructura de seguridad más cercana al próximo Gobierno. La consecuencia que plantea es concreta: la administración entrante podría recibir ya cerrado un proceso que compromete la protección del presidente, de su gabinete y de miles de personas amparadas por la UNP.
La revisión se extiende a nombramientos provisionales y compras de la UNP
La solicitud también pide vigilancia preventiva sobre el proceso contractual SC-UNP-050-2026, con el que la UNP busca adquirir 188 botes y 264 motores fuera de borda para 29 municipios de nueve departamentos. El Gobierno electo pidió revisar la planeación, los tiempos de ejecución, las especificaciones técnicas, el cumplimiento de normas de seguridad y la pluralidad de oferentes.
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En ese frente, la administración entrante reclama verificar que la contratación esté ajustada a la normatividad vigente y que la competencia entre proponentes no quede limitada por los requisitos del proceso. La revisión solicitada abarca tanto el diseño técnico como la transparencia de la compra.
A ese paquete se suman seis procesos de contratación iniciados en julio de 2026 para adquirir bienes destinados al cumplimiento de medidas colectivas de protección a favor de resguardos indígenas. La comunicación dirigida al procurador pide establecer si las necesidades que originaron cada trámite están debidamente sustentadas y si existían condiciones para unificarlos en un solo procedimiento.
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El argumento del Gobierno entrante es que una consolidación de esos procesos habría permitido mayor eficiencia administrativa, economías de escala y mejor utilización de los recursos públicos. También solicitó revisar estudios previos, análisis del sector, especificaciones técnicas y requisitos habilitantes para garantizar libre concurrencia, selección objetiva y protección del patrimonio público.
La petición vincula seguridad, legalidad y transición institucional
La instrucción impartida por De la Espriella parte de un criterio político y administrativo: la transición entre gobiernos debe desarrollarse con respeto institucional y bajo estándares de legalidad y responsabilidad. En esa línea, la intervención de la Procuraduría aparece planteada como un mecanismo preventivo para supervisar decisiones que la UNP adopta en la recta final del actual Gobierno.
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El documento sostiene que esa actuación resulta necesaria para fortalecer la confianza institucional, proteger el derecho a la vida de las personas cobijadas por los esquemas de la entidad y asegurar que todas las decisiones relacionadas con esos procesos se adopten con plena observancia de la Constitución, la ley y el interés general.
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