La austeridad es uno de los pilares del Gobierno entrante, en cabeza del presidente electo Abelardo de la Espriella. Eso es lo que recalcó el abogado durante toda su campaña electoral y ahora que se está preparando para ocupar el cargo más importante del país.
En aras de cumplir con esa promesa de reducir los gastos en el Estado, anunció que eliminará 229 cargos, lo que constituirá un ahorro de $10.000 millones anuales, aproximadamente. Para ello, impedirá que sigan funcionando algunas agencias, estructuras y consejerías que “duplican funciones” y acabará con la figura del alto comisionado para la Paz –que actualmente es Otty Patiño–.
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“Se acaba el comisionado para la Paz porque no habrá más procesos de falsa paz en mi Gobierno. Y a partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se va a acabar desde que asuma el cargo en propiedad”, detalló el mandatario electo en un video publicado en sus redes sociales.
El exembajador de Colombia ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y excandidato presidencial Roy Barreras rechazó el plan de austeridad que tiene Abelardo de la Espriella, sobre todo, por la eliminación de la Consejería Comisionada de Paz, que funciona como una oficina asesora del Gobierno en relación con negociaciones de paz.
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De acuerdo con el exfuncionario, acabar con esa entidad sería una decisión equivocada, toda vez que cualquier administración requiere de un instrumento institucional que sirva para garantizar una paz estable y duradera al país, que es una obligación constitucional del Estado.
“La eliminación de la Consejería Presidencial para la Paz es un error que perjudica al propio nuevo gobierno, no podrán hacerlo por decreto: tiene anclaje en la ley y en la constitución e implica un mensaje de negación de la implementación del Acuerdo de Paz que es una obligación del Estado con rango constitucional”, detalló Barreras.
En ese sentido, aseguró que el proceso para eliminar la figura del consejero comisionado de Paz es muy complejo, tanto así, que requeriría de la implementación de reformas de ley y de la misma Constitución Política de Colombia.
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Asimismo, recordó que varias administraciones de Colombia han contado con un alto comisionado para la Paz:
- Gobierno de Ernesto Samper (1994-1998): Carlos Holmes Trujillo y Daniel García-Peña.
- Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002): Víctor G. Ricardo y Camilo Gómez Alzate.
- Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010): Luis Carlos Restrepo y Frank Pearl.
- Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018): Sergio Jaramillo y Rodrigo Rivera.
- Gobierno de Iván Duque Márquez (2018-2022): Miguel Ceballos y Juan Camilo Restrepo.
- Gobierno de Gustavo Petro Urrego (2022-2026): Danilo Ruefa y Otty Patiño.
Algo parecido sucede con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), cuya eliminación implicaría la presentación de una ley.
Aunque De la Espriella no la mencionó explícitamente en sus declaraciones, sí indicó que todas las “agencias que existen en la Presidencia de la República” dejarán de funcionar durante su Gobierno. La ARN es, precisamente, una entidad adscrita a la Presidencia, por medio de la cual se diseñan e implementan políticas públicas y programas de reinserción de personas que hicieron parte de grupos armados ilegales u organizados.
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En ese sentido, Roy Barreras cuestionó al Gobierno entrante sobre la manera como se garantizará la reincorporación de los desmovilizados a la vida civil.
“¿Quién va a responder por la vida y procesos de reintegración de los miles de excombatientes que dejaron las armas y por la reintegración de todos los que deben dejarlas para que un día tengamos paz y seguridad?”, escribió Barreras en su publicación en X.
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