Gobierno Petro culpó al Congreso y a las altas cortes de asfixiarlo y del déficit de más de $60 billones para el presupuesto

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, afirmó que decisiones del Congreso de la República y de las altas cortes impidieron el ingreso de $61,9 billones al Gobierno de Gustavo Petro. La cifra la dio a conocer en el balance de cierre de gestión y en medio del proceso de empalme con el nuevo gobierno. El funcionario calificó esa situación como una “asfixia económica” contra la Administración nacional.

Según él, ese faltante obedeció a decisiones legislativas y judiciales que bloquearon recursos que habrían sido fundamentales para corregir el desbalance fiscal del país. Además, defendió los resultados macroeconómicos y fiscales del periodo 2022-2026 y confirmó que el Gobierno radicará el 20 de julio una nueva ley de financiamiento con una meta de recaudo de $21,8 billones en 2027 y de hasta $37 billones en 2030.

Asimismo, sostuvo que los recursos que no ingresaron afectaron la capacidad del Gobierno para enfrentar el desequilibrio de las finanzas públicas. Ávila dijo que el dinero que no entró habría sido fundamental para corregir el desbalance fiscal del país.

Cómo se compone el faltante de $61,9 billones

El ministro desglosó el hueco fiscal en varios frentes. Mencionó:

• $16,6 billones por la negación de la ley de financiamiento en 2026 y otros $12 billones por el proyecto de ley con el mismo fin en 2025.
• $10 billones por la reducción del Presupuesto General de la Nación de 2026
• $9,6 billones por la caída de los decretos de emergencia económica de 2025.
• $7 billones por la suspensión temporal de un decreto sobre retención en la fuente por el Consejo de Estado.
• $6,7 billones después de que la Corte Constitucional declarara inexequibles algunos puntos de la reforma tributaria de 2022.

Ávila insistió en que ese conjunto de decisiones puso en aprietos la gestión fiscal del actual gobierno. El argumento fue que la ausencia de esos ingresos redujo el margen para enfrentar el desequilibrio de las finanzas públicas.

Defensa sobre la deuda y el déficit

Pese a la denuncia, el ministro defendió el balance macroeconómico y fiscal de la Administración entre 2022 y 2026. Afirmó que “desmintió las versiones de un crecimiento descontrolado” de la deuda pública al comparar ese periodo con el gobierno anterior de Iván Duque.

Según las cifras expuestas por el jefe de la cartera de Hacienda, la deuda pública creció 43,97% entre 2022 y 2026, frente al 76,97% del cuatrienio previo. También aseguró que el indicador quedó estabilizado en 57,9% del producto interno bruto este año. Añadió que el costo de los intereses de la deuda externa bajó de USD47.000 millones en enero de 2025 a USD30.000 millones en abril de 2026. Presentó ese dato como parte de su defensa de la gestión fiscal del gobierno saliente.

Sobre el déficit, recordó que en 2025 se ubicó en 6,4% del producto interno bruto. A la vez, cuestionó los cálculos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) y calificó como “desacertadas” sus cuentas, porque ese organismo había anticipado un desbalance de 7,1% y una deuda neta de 61,4%.

La nueva ley de financiamiento que deja radicada el Gobierno

Germán Ávila reconoció, de todos modos, que el gasto público presenta una fuerte rigidez. Indicó que la inflexibilidad llegó a 93,7% del presupuesto de 2026. Esa presión, explicó, responde sobre todo a obligaciones ya comprometidas. Los intereses de la deuda representan 18,4% del presupuesto y las pensiones, 15,3%.

Con menos de un mes para la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, el gobierno saliente anunció que presentará una nueva ley de financiamiento el 20 de julio. El objetivo, según Ávila, es enfrentar el problema estructural de ingresos que deja este balance de cierre.

La propuesta fija una meta de recaudo de $21,8 billones en 2027 y de hasta $37 billones en 2030. Según explicó el ministro, tendrá carácter progresivo y se enfocará en los mayores patrimonios para proteger a las clases media y baja.