La Contraloría remitió a la Procuraduría proceso contra el ministro de Hacienda Germán Ávila por manejo de la deuda pública: estaría en riesgo el presupuesto de la Nación

La Contraloría General de la República confirmó un hallazgo disciplinario contra el ministro de Hacienda Germán Ávila y pidió a la Procuraduría que lo investigue por el manejo de la deuda pública, en una advertencia que enlaza esa decisión con un problema mayor: las presiones fiscales que, según el organismo, comprometen la sostenibilidad del Presupuesto General de la Nación de 2026.

El diagnóstico se apoyó también en las cifras de ejecución presupuestal mencionadas por la contralora delegada para Economía y Finanzas Públicas Jenny Lindo: a junio de 2026, el servicio de la deuda concentraba 47% del total ejecutado, por encima del funcionamiento, con 41,4%, mientras la inversión quedaba en 29,1%.

“Hay que ser claros: es la inversión la que necesitamos aumentar para generar más ingresos y más crecimiento económico en el país”, expresó la funcionaria en declaraciones a El Tiempo.

Según explicó Lindo, la decisión de remitir el caso a la Procuraduría se tomó después de que los descargos presentados por el ministro no lograran desvirtuar las observaciones formuladas por los auditores de deuda pública de la Contraloría.

La funcionaria sostuvo que en mayo se notificó al jefe de la cartera de Hacienda que la observación tenía alcance disciplinario y que, más tarde, un comité aprobó la confirmación de la responsabilidad disciplinaria.

La contralora delegada afirmó que el hallazgo también cobija al director de Crédito Público Javier Cuellar. De acuerdo con su relato, la auditoría identificó tres hechos: una sobreadjudicación de deuda, el aumento de las tasas de colocación y la acumulación de vencimientos en 2026, 2029 y 2030.

Jenny Lindo detalló que, “Si el límite era el 50% de cada TES, o de cada deuda que se emite del Estado colombiano, el Gobierno aumentó ese límite al 100%, es decir, auto-permitiéndose emitir más deuda”. En su interpretación, eso implicó que la administración se autorizó a emitir más deuda.

El segundo punto fue el encarecimiento de esa financiación. La funcionaria indicó que en los últimos meses se registraron tasas de entre 13%, 14% y 15%, que describió como las más altas de la historia reciente, y agregó que el propio Gobierno reconoció fallas en algunos pronósticos, como lo expresó Cuellar en un webinar oficial del Ministerio de Hacienda, citado por la publicación.

Para la delegada, el efecto de esas decisiones es que el Estado trae al presente deuda antigua contratada a largo plazo y a tasas más bajas, pero la reemplaza por obligaciones más costosas. La consecuencia, dijo, es un mayor pago de intereses sobre compromisos que antes tenían un costo financiero inferior.

La funcionaria sostuvo que esos movimientos de deuda pública fueron legales, aunque advirtió que podrían vulnerar el correcto direccionamiento económico del Estado. En esa línea, afirmó que ese manejo está encareciendo la deuda pública.

La alerta de la Contraloría no se limita al caso disciplinario. Según la funcionaria, el Presupuesto General de la Nación asciende a $555,72 billones, pero los ingresos disponibles llegan a $252,88 billones, lo que deja faltante el 54,5% a corte de junio para garantizar el presupuesto de lo que resta de 2026.

Ese desbalance, explicó, debería corregirse con mayor recaudo tributario o con ajustes del gasto. Pero al revisar el marco fiscal de mediano plazo presentado hace pocas semanas por el Gobierno nacional, la entidad no encontró una reducción del presupuesto sino una baja en la meta de recaudo tributario.

“Hace pocas semanas, el Gobierno nacional sacó el marco fiscal de mediano plazo. Pero en ello la Contraloría no encontró reducción de gasto. Lo que encontró fue una reducción en la meta del recaudo tributario”, añadió la contralora.

La lectura del organismo es que, si no se reduce el gasto y al mismo tiempo cae la expectativa de ingresos tributarios, se amplía la brecha financiera.

Según Lindo, eso obligará a buscar nuevos recursos en el segundo semestre para terminar el año y garantizar el pago del presupuesto.

La funcionaria planteó además una consecuencia directa para los ciudadanos: cuanto más dinero se destine al pago de deuda y no a inversión, más se resentirá la economía del país y ese efecto terminará reflejándose en el bolsillo de la población.

En el mismo sentido, advirtió que una mayor proporción del presupuesto dedicada a la deuda reducirá el crecimiento económico.