La ONU y la OEA realizarán monitoreo internacional a las sentencias de la JEP: así será el proceso

La última sesión de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (Csivi) de este Gobierno dejó definida la integración de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (Mapp-OEA) al Mecanismo de Monitoreo Internacional de las sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una decisión para la justicia transicional, según El Tiempo.

La decisión establece que ONU Derechos Humanos y la Mapp-OEA asumirán el monitoreo internacional de las sentencias de la JEP, con lo que quedó conformado el mecanismo internacional, según El Tiempo.

La definición se adoptó en la última sesión ampliada de la Csivi de este Gobierno, en la que se revisaron avances, logros y desafíos de la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016.

Durante la reunión también se destacó la expedición de decretos para la implementación del Acuerdo de Paz. Entre ellos estuvieron la renovación de la vigencia de la Csivi y el decreto de condiciones transversales que busca dotar de garantías para el cumplimiento de las sanciones propias que impondrá la JEP.

Esas medidas acompañaron la definición sobre el mecanismo de monitoreo dentro del mismo balance institucional sobre avances y desafíos de la implementación, según El Tiempo.

ONU Derechos Humanos enmarca el mecanismo en una etapa decisiva

Scott Campbell, representante en Colombia de ONU Derechos Humanos, dijo a El Tiempo: “Para ONU Derechos Humanos es un honor contribuir al Mecanismo Conjunto de Monitoreo Internacional de las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz y del capítulo étnico, de manera conjunta con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA)”.

Campbell señaló que el compromiso de las instituciones que integran la Csivi es clave en esta etapa de implementación. También afirmó que el país atraviesa un momento determinante para cumplir lo pactado.

La conformación del mecanismo marca el inicio del acompañamiento internacional a la ejecución de las primeras sanciones propias de la JEP. Ese paso se da luego de que esa jurisdicción dejara en firme las primeras sentencias contra máximos responsables de crímenes cometidos durante el conflicto armado.

El jurista Abelardo de la Espriella promete eliminar la JEP si llega a la Presidencia

Abelardo de la Espriella reafirmó que, si llega a la Presidencia, buscará eliminar la JEP por considerar que su costo no se justifica frente a sus resultados, una propuesta que impactaría a la justicia transicional creada tras el Acuerdo de Paz con las Farc-EP y que, en principio, está prevista para operar hasta 2032, con la posibilidad de extenderse hasta 2037.

La Jurisdicción Especial para la Paz cuenta con un presupuesto anual de 739.000 millones de pesos. En 2025 ejecutó el 99,3% de esos recursos, con cerca del 80% destinado a gastos de funcionamiento y el 20% restante a proyectos de inversión.

La posición del jurista fue ratificada el 9 de junio en una entrevista con Caracol Radio, donde insistió en que no quiere que el país siga destinando dinero a ese tribunal. Antes de la segunda vuelta electoral, el tema ya había aparecido de forma repetida en sus intervenciones públicas.

Según explicó, su objetivo sería desmontar esa jurisdicción dentro del marco constitucional y legal. De la Espriella sostuvo que el dinero usado para mantenerla debería regresar “al bolsillo de los colombianos”.

Consultado sobre por qué rechaza la continuidad de la justicia transicional, el abogado respondió: “La JEP no es un tribunal judicial. Es un directorio político disfrazado de tribunal. No ha producido absolutamente nada. La JEP, además, no ha producido absolutamente nada, porque no ha habido ni justicia, ni verdad, ni reparación”.

En la misma conversación agregó: “Tiene un altísimo costo para Colombia. A mí me parece que no se justifica que un organismo como esos gaste tanto dinero sin producir resultado alguno. Ya yo no le estoy pidiendo justicia a la JEP, es imposible que puedan darle justicia a las víctimas. Lo que me preocupa hoy es la cantidad de plata que cuesta ese bodrio y que le podemos devolver al bolsillo de los colombianos. Haré todo lo que esté en mis manos, en el marco de la Constitución y la ley, para evitar que esa plata del bolsillo de los colombianos se despilfarre de esa manera”.

La JEP fue creada como parte del Acuerdo de Paz firmado por el Estado colombiano con las Farc-EP. Su función es investigar, juzgar y sancionar a los involucrados en crímenes cometidos durante el conflicto armado.

Desde 2016, ese tribunal transicional ha juzgado a excombatientes de las Farc, agentes del Estado, militares y otras personas con participación en crímenes de lesa humanidad y hechos similares. Su esquema contempla beneficios jurídicos para quienes reconozcan responsabilidad y aporten al esclarecimiento de los hechos.

De acuerdo con la Contraloría y el Ministerio de Hacienda, la jurisdicción ha estado entre las entidades del sector justicia con mayor nivel de ejecución dentro del Presupuesto General de la Nación.