El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

Las cifras sobre menores de edad fallecidos en operaciones militares volvieron a abrir un debate entre entidades del Estado. Esta vez, la diferencia surgió entre el Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Medicina Legal, luego de que ambas instituciones presentaran datos distintos sobre las víctimas registradas durante el actual Gobierno.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, cuestionó públicamente el balance entregado por el director de Medicina Legal, Ariel Cortés, y aseguró que los datos difundidos no corresponden específicamente a menores que hayan muerto en bombardeos ejecutados por la fuerza pública.

La controversia surgió después de que Medicina Legal informara el 1 de julio que, con base en los análisis forenses realizados durante el actual cuatrienio, se identificó un número significativo de menores de edad fallecidos en operaciones militares contra estructuras armadas ilegales en distintas regiones del país.

Durante una declaración pública, Sánchez afirmó que el dato divulgado requiere una revisión adicional antes de presentarse como una cifra definitiva. “Esa cifra que da Medicina Legal no es precisa, porque Medicina Legal abarca los que caen en los conflictos, en el conflicto, pero, específicamente en bombardeos, ese no es el número”, expresó el ministro.

El pronunciamiento respondió a las declaraciones entregadas esta semana por Ariel Cortés, director de Medicina Legal, quien aseguró que la entidad documentó la muerte de 65 menores de edad durante operaciones militares desarrolladas en el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Según explicó Cortés, esa cifra corresponde a información consolidada a partir de los estudios de necropsia realizados por la entidad en distintos casos registrados en el país.

“Tenemos una estadística de aproximadamente 65 menores de edad que fallecieron en operaciones militares durante este cuatrienio del Gobierno actual. La edad generalmente está entre los 14 y 17 años. Las principales zonas son las periféricas, por ejemplo, Guaviare, Arauca y Putumayo; son los sitios donde más se está dando”, señaló.

Las declaraciones del director de Medicina Legal reactivaron la discusión sobre el impacto que tienen las operaciones contra grupos armados en territorios donde también se denuncia el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Frente a ese panorama, el ministro insistió en que el Gobierno revisará nuevamente la información para establecer cuántos de esos casos corresponden realmente a bombardeos y cuántos ocurrieron en otro tipo de enfrentamientos dentro del conflicto armado. “El reporte lo informaremos oportunamente para corroborar las cifras de Medicina Legal”, indicó Sánchez.

Mientras se realiza esa verificación, el jefe de la cartera de Defensa sostuvo que la responsabilidad por la presencia de menores en escenarios de combate recae sobre las organizaciones armadas ilegales que, según afirmó, continúan vinculando niños y adolescentes a sus estructuras. “Los menores de edad que caen en los bombardeos son una evidencia clara de un crimen cometido por quienes reclutan a nuestros menores, por Mordisco, Calarcá y el Clan del Golfo. La única violación que hay es el crimen cometido por estos grupos ilegales. La inteligencia no ha fallado, pero es un objetivo militar dinámico, no estático”, manifestó.

El ministro agregó que las Fuerzas Militares desarrollan sus operaciones con base en labores de inteligencia orientadas a reducir al máximo las afectaciones sobre la población civil y, particularmente, sobre los menores de edad que son reclutados por grupos armados. “Gracias a la inteligencia, se logró ubicar a los objetivos militares y causar el mínimo daño a los menores víctimas del reclutamiento forzado”, aseguró.

Las diferencias entre ambas entidades no se centran únicamente en el número de víctimas, sino también en la clasificación de los casos. Mientras Medicina Legal habla de menores fallecidos en operaciones militares durante el actual Gobierno, el Ministerio de Defensa sostiene que esa estadística no puede interpretarse automáticamente como un registro exclusivo de muertes ocurridas en bombardeos.

Por ahora, ninguna de las dos instituciones informó si se adelantará un proceso conjunto para unificar la metodología con la que se consolidan estos datos. Sin embargo, el Ministerio anunció que presentará un reporte oficial una vez concluya la revisión de la información disponible.