Las comunidades indígenas están en alerta por riesgos de fraude y compra de votos en sus territorios antes de la segunda vuelta presidencial

La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) se pronunció de manera enfática sobre la preocupación creciente por la compra de votos y otras prácticas fraudulentas en el marco de las elecciones presidenciales, especialmente al interior de sus comunidades.

Mediante un comunicado firmado por el Consejo Mayor de Gobierno, la Onic recordó a las estructuras de gobierno propio de los pueblos indígenas que ejercer la defensa del voto libre y transparente es un mandato constitucional y un principio fundamental para la vida y la armonía territorial.

Según el pronunciamiento, las autoridades indígenas, amparadas por el artículo 246 de la Constitución Política y el Convenio 169 de la OIT, tienen plena facultad para salvaguardar el orden interno, la protección de sus territorios y la aplicación de medidas de retención transitoria contra quienes incumplan la ley propia o los mandatos nacionales. Ese mecanismo, subrayó la Onic, debe realizarse con respeto por los derechos fundamentales y la proporcionalidad que exige el buen gobierno.

La Onic hizo un llamado especial a todas las estructuras de gobierno indígena para que estén vigilantes ante cualquier intento de coartar la libertad electoral en sus territorios. “Cuando se afecta la libertad del voto, se afecta la existencia digna de los pueblos, se vulneran los mandatos del derecho propio, y se incumplen los artículos 2 y 40 de la Constitución”, advierte el comunicado, recordando que la compra de votos y el constreñimiento al elector no solo son delitos sancionados por la ley, sino prácticas que destruyen el tejido comunitario y traicionan los valores ancestrales.

La organización instó a las comunidades a denunciar toda práctica de compra de votos o presión al elector, tanto ante la justicia propia como ante las autoridades nacionales, subrayando que estos hechos constituyen delitos tipificados en los artículos 390 y 387 del Código Penal colombiano.

Entre las irregularidades electorales que deben ser denunciadas figuran, además de la compra de votos, la perturbación de las elecciones, presión o engaño al votante, trasteo de electores, suplantación, complicidad de funcionarios, alteración de resultados, retención ilícita de cédulas y denegación de inscripción de candidatos.

El gobierno nacional, a través del ministro Pedro Sánchez, informó que se han reforzado las medidas de control y prevención para las elecciones de 2026. En el contexto del Plan Democracia, se han recibido más de 700 denuncias a través de la #LíneaAnticorrupción157 y se han incautado $3.878 millones que, presuntamente, iban a ser destinados para influir en los comicios.

Además, se ofrecen recompensas de hasta $50 millones por información que ayude a combatir delitos electorales, hasta $200 millones para prevenir atentados terroristas y hasta $1.000 millones para proteger a los candidatos.

El ministro Sánchez también anunció el despliegue de más de 408.000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública a lo largo del país, con capacidades terrestres, aéreas, marítimas y fluviales, para garantizar la seguridad y transparencia en la segunda vuelta presidencial.

El dispositivo de vigilancia y control busca prevenir cualquier delito electoral y responder de manera oportuna ante amenazas a la convivencia y la tranquilidad ciudadana. Se priorizarán ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, así como territorios identificados mediante análisis de inteligencia.

En el folleto informativo difundido por la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral, se detallan los once delitos electorales que los ciudadanos deben conocer y denunciar, tales como perturbación de elecciones, presión o engaño al votante, trasteo de votos, compra y venta de votos, suplantación, complicidad de funcionarios, mora en entrega de documentos, alteración de resultados, retención ilícita de cédulas y denegación de inscripción de candidatos. Las penas para estos delitos oscilan entre 1,3 y 9 años de prisión, dependiendo de la gravedad de la conducta.