A menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial en Colombia, el departamento de Caquetá enfrenta una situación de presión armada directa sobre la población civil y líderes religiosos, según denunció el gobernador Luis Francisco Ruiz.
La alerta se centra en la estructura armada Jorge Suárez Briceño, al mando de alias Calarcá, la cual estaría empleando diversos mecanismos de intimidación para condicionar el sentido del voto en municipios como San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, El Doncello, Puerto Rico y San José del Fragua.
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La administración departamental sostiene que estos grupos ilegales intensificaron las amenazas mediante panfletos, mensajes de WhatsApp y convocatorias a reuniones, buscando imponer un candidato presidencial a través de la coacción. Ruiz afirmó que “la situación está desbordada de la manera tan descarada como los actores criminales ejercen presión sobre las comunidades”, según recogió Noticias RCN.
Mecanismos de intimidación y amenazas a líderes religiosos
De acuerdo con las denuncias recogidas por el medio citado, las prácticas de intimidación incluyen la exigencia de tomar fotografías al tarjetón electoral marcado y presentar la imagen a delegados de las disidencias.
El gobernador Ruiz precisó: “Ahora lo que están diciéndole a la gente es que tienen que tomarle la foto al voto y mostrársela a un delegado”. Esta medida busca, según las autoridades departamentales, garantizar la obediencia y facilitar la identificación de quienes no sigan las directrices del grupo armado.
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El temor se extiende a las comunidades religiosas. Ruiz relató que líderes cristianos fueron contactados en horarios nocturnos por temor a represalias y denunció que estos grupos ilegales exigen listados de feligreses, bajo sospecha de desobediencia política. “Anoche, tipo 11:30 de la noche, me llamaron unos líderes religiosos bastante preocupados”, detalló el mandatario en diálogo con Noticias RCN.
Sanciones económicas y amenazas de expulsión
La presión sobre la población escaló en las últimas semanas. Inicialmente, quienes no votaran por el candidato impuesto debían enfrentar multas de hasta de $2 millones, según la Gobernación. No obstante, la amenaza evolucionó: ahora, quienes sean identificados como votantes de otro candidato “tendrán que abandonar la región”.
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Esta información fue confirmada por testimonios recogidos por el noticiero mencionado, en el que habitantes narraron cómo fueron citados a reuniones y, en ciertos casos, sancionados por no cumplir con requisitos adicionales, como asistir vestidos de guardias campesinas.
Las juntas de acción comunal tampoco escaparon a la presión. Presidentes de estas organizaciones estarían siendo obligados a identificar y llevar control de los votantes en sus respectivas comunidades, lo que representa una vulneración directa al principio del voto libre y secreto.
Críticas a la respuesta del Gobierno Nacional
El gobernador Ruiz cuestionó la efectividad de la política de seguridad nacional ante el avance del control territorial de las disidencias armadas. “Aquí lo primero que hay que hacer es que el ministro de Defensa entienda que en el Caquetá el principal actor generador de violencia es la estructura armada de alias Calarcá”, declaró Ruiz.
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El mandatario sostiene que las declaraciones oficiales minimizan la amenaza, al no reconocer explícitamente el rol de este grupo en la alteración del orden público y el proceso electoral.
En respuesta al panorama descrito, la Gobernación de Caquetá convocó un consejo de seguridad con autoridades militares, policiales y organismos de control. Sin embargo, el gobernador consideró insuficientes las medidas adoptadas hasta el momento, debido a la dispersión geográfica de los puestos de votación y las dificultades para garantizar presencia institucional en áreas rurales.
Impacto en la participación democrática
La situación generó preocupación entre los habitantes de Caquetá y diversas organizaciones civiles. Ruiz insistió en que el miedo y el silencio de las comunidades están siendo aprovechados por los grupos ilegales para manipular el proceso democrático. “La realidad es difícil, difícil y estamos en su máxima expresión nunca antes vista de constreñimiento electoral”, enfatizó.
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El mandatario reiteró su llamado al Gobierno nacional para que adopte acciones más contundentes frente a la presencia de grupos armados ilegales en la región y advirtió que la seguridad y la participación democrática de los habitantes dependen de una intervención institucional efectiva.
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